La lucha contra el olvido de las purgas estalinistas

Poco a poco, Shajet despliega sobre la mesa de un nebuloso café de Moscú lo que le queda de su abuelo Pavel. Un par de retratos fotográficos de época que le muestran como un hombre serio, de rostro redondeado y bigote. La instantánea de una reunión familiar. Una tarjeta de visita. Es todo. Tras hallar el nombre del ingeniero represaliado en los densos archivos de Memorial, una organización de derechos humanos que trata de mantener la memoria histórica de los crímenes del estalinismo, Shajet reclamó información a todas las instituciones oficiales. Sin éxito. Ahora, sus esperanzas se van apagando. Hace solo un par de semanas, varios tribunales rusos ampararon el derecho al Servicio Especial de Seguridad (FSB) --que custodia los documentos del NKVD--, a negar el acceso a los archivos. Y determinaron sellarlos.

En esos documentos están los nombres de los verdugos de Pavel Zabotin. Y de quienes condenaron a un gulag al abuelo de Serguéi Prudovski, cuya petición al FSB ha desencadenado uno de los varapalos judiciales. El acceso a esos documentos, “podría perjudicar tanto a los familiares vivos de los funcionarios que firmaron los protocolos como a la evaluación objetiva del periodo histórico 1937-1938”, según la asesora legal principal del FSB, Yelena Zimatkina. Es decir, los años de la Gran Purga, conocidos en la Rusia moderna como el Gran Terror (o el 37); cuando las oleadas represivas del estalinismo alcanzaron su apogeo.

Más de un millón de personas fueron fusiladas. Cuatro millones, enviados a campos de trabajo. Cerca de 6,5 millones, deportados durante las purgas de la dictadura de Josef Stalin (1878-1953). Socialistas, anarquistas, miembros del Partido Comunista Soviético, opositores, cualquiera que diera muestras de ser “enemigo del pueblo”.

“En total son cerca de 12 millones de personas que deberían ser rehabilitados”, señala Yan Rachinski, director de Memorial. En su despacho se acumulan varias cajas, que son solo una pequeña parte de la enorme base documental que la organización ha ido recopilando a lo largo de los años. Para muchos, la única posibilidad de conocer el pasado. La ley obliga a desclasificar los documentos que tienen más de 75 años. Pero en la práctica, los archivos de la NKVD y sus troikas –las comisiones extrajudiciales tenían tres miembros que, tras una investigación simplificada y sin juicio, emitían sentencias y condenas-- son casi inaccesibles. “Y la situación es cada vez más difícil”, apunta el reputado historiador.

A mediados de marzo, un tribunal de Novosibirsk (Siberia) negó al investigador Denis Karagodin la lectura de los documentos del caso de su bisabuelo, Stepán Karagodin, y de otros represaliados. Una medida grave. Hasta entonces, habían estado abiertos los archivos estatales --que almacenaban los dossieres del Partido Comunista, los únicos desclasificados--, como el de Novosibirsk, que prepara ahora la instalación de una estatua de Stalin, financiada y reclamada por el Partido comunista local. Una bofetada en la tercera ciudad más grande de Rusia, que el dictador visitó solo una vez y que acoge uno de los monumentos a los represaliados políticos erigidos en Rusia.

“[El FSB] no quiere que se demuestre que, con acusaciones inventadas y juicios sin garantías, se ejecutó y condenó duramente a millones de personas”, se indigna el historiador y empresario Sergei Prudovski. Su abuelo, Stepán Kuznetsov, fue uno de los llamados ‘rusos de Harbin’, ciudadanos enviados a construir el Ferrocaril del Este de China. A su vuelta, en 1935, se les recibió como héroes. Dos años después, empezó su represión. Se les consideró espías o agentes extranjeros de Japón o Alemania, miles de ellos fueron ejecutados.

Kuznetsov fue a parar a campos de trabajo. Pasó allí casi 20 años. A su vuelta a Moscú, relató la penosa vida en aquellos gulags en dos cuadernos de memorias. Prudovski, los encontró. Y desde entonces se ha dedicado a investigar lo ocurrido con los ‘rusos de Harbin’. Su abuelo, cuenta en su despacho, en un barrio a las afueras de Moscú, había recopilado una lista de 20 nombres de otros represaliados. Y de ahí fue tirando del hilo. Y no se cansará de hacerlo. “Voy a recurrir a todas las instancias para acceder a los casos”, señala.

La recuperación de la memoria histórica es un tema enormemente espinoso en Rusia, que todavía vive al borde de una amnesia histórica. El cuerpo de Stalin fue sacado del mausoleo de Lenin en 1961. Sin embargo, aún está enterrado en la Plaza Roja, bajo la muralla del Kremlin. Y cada año, en el aniversario de su muerte, decenas de personas se acercan a dejarle flores.

En el país euroasiático, el 19% de los jóvenes dice no saber nada sobre la represión de Stalin; el 26% apunta que le es difícil caracterizarla, según una encuesta de 2016 del Centro Levada (independiente). Y aunque en los últimos años se han erigido monumentos en memoria de las víctimas —el presidente Vladímir Putin inauguró uno en 2017— y colocado algunas placas en las casas donde vivieron los represaliados las autoridades eluden el debate. “Putin condena honestamente las represiones, pero reconocer que el Estado era criminal —y en la época soviética lo era— es, para él, una forma de cuestionar el estado de hoy”, opina el presidente de la ONG Memorial, que reclama el acceso total a los documentos del NKVD.

No lo tiene tan claro Ekaterina Vinokurova, del Consejo de Derechos Humanos de Rusia. “Se puede difundir el nombre de las víctimas y sus casos, pero me surgen dudas sobre los miembros de las troikas y los ejecutores. Puede dejar una sociedad fragmentada y crear un clima de odio”, considera la activista, que desde hace unos días colabora también con la cadena estatal RT.

Memorial –que fue definida por las autoridades como ‘agente extranjero’, lo que ha dificultado su trabajo-- no tiene constancia de que algo así haya ocurrido nunca. De hecho, hay casos de familiares de ejecutores que han contactado a los allegados de represaliados para pedirles perdón. Como en el caso de la familia Karagodin, que recibió una carta de disculpas de una de las nietas de su verdugo.

“Están enterrando la memoria histórica”, dice abrumado el actor Shajet. Con los pocos datos que ha conseguido y algunos fragmentos de conversaciones familiares que escuchó en su infancia, ha dibujado la figura de Pavel Zabotin. El hombre, que había sido ingeniero militar y luego de obra civil, fue detenido por robar supuestamente material en una de las obras en las que trabajaba y venderlo, cuenta Shajet al borde del llanto: “Pero las troikas de la NKVD no se ocupaban de esos delitos. Si se descubre que es verdad me dolerá, pero quiero saberlo. Es la historia de mi familia, de mi patria; porque mi familia es mi patria”.