La UE impulsa un sistema de control de la calidad democrática de sus socios

La Unión Europea ha dado este martes un impulso político a la creación de un mecanismo de vigilancia que frene el deterioro de las libertades y del Estado de derecho detectado en algunos países miembros. Alemania y Bélgica han lanzado un plan para un Pacto de Calidad Democrática que aspirará a imponer una disciplina similar a la que ha logrado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el terreno presupuestario. Los dos Gobiernos sostienen contar con un amplio respaldo de los socios para desarrollar la iniciativa y precisar su funcionamiento.

El plan llega tras la deriva autoritaria de países como Hungría o Polonia. Pero pretende ir mucho más lejos y redoblar la presión sobre todos los socios tras un período aciago que ha visto el aumento del antisemitismo y antiislamismo en países como Francia o Alemania, el asesinato impune de periodistas en Malta o Eslovaquia o el dudoso trato de refugiados y emigrantes en Italia o Croacia. Este mismo miércoles, el Partido Popular Europeo estudia la suspensión o expulsión del partido Fidesz, del primer ministro húngaro Viktor Orbán, por su presunta violación de derechos fundamentales y sus campañas antieuropeas.

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El nuevo instrumento, basado en la revisión periódica de parámetros como la independencia judicial o la seguridad jurídica, parte de una iniciativa impulsada por Alemania y Bélgica. “Pero ya cuenta con el respaldo de 20 países”, aseguró este martes el ministro belga de Exteriores, Didier Reynders, durante la presentación del proyecto en Bruselas. En paralelo, la Comisión Europea también trabaja ya sobre su propia propuesta para endurecer la vigilancia de los valores fundamentales. Y tras un período de consulta, espera aprobarla en junio o julio.

“El Estado de derecho es crucial para la libertad y el bienestar de los ciudadanos europeos y para el buen funcionamiento del ordenamiento legal europeo”, asegura la propuesta conjunta de Bélgica y Alemania. Ambos países anuncian el establecimiento de “una periódica revisión de unos países a otros (peer review) sobre el Estado de derecho en la UE”.

El sistema arrancará con la participación voluntaria de los países que lo deseen, aunque aspira a integrar a los 27 socios de la UE. Expertos de los países involucrados desarrollarán la metodología en los próximos meses. El proyecto pasa por utilizar las fuentes de información ya disponible tanto a nivel nacional como internacional (a través de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, por ejemplo). Y aglutinarla en un “informe factual” que serviría para iniciar un proceso de diálogo político —en el marco intergubernamental— con los países donde se detectasen carencias o lagunas en el respeto a los valores fundamentales de la UE.

Reynders ha añadido que Finlandia, como próxima presidencia semestral de la UE, también se ha comprometido a desarrollar la propuesta durante su mandato. Alemania, que tomará el relevo de Helsinki, continuará los trabajos, según ha asegurado el ministro alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth, en una rueda de prensa conjunta con Reynders.

A diferencia del Pacto de Estabilidad presupuestaria, el nuevo marco no incluye sanciones económicas. Pero la negativa de un país a enmendar las deficiencias o a seguir las recomendaciones que emanen del diálogo político podría llevar a la apertura de procedimientos disciplinarios, a denuncias ante el Tribunal de Justicia europeo o, en casos extremos, a la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE, que permite privar a un socio de su derecho de voto en el Consejo Europeo.

Reynders, que como antiguo ministro de Finanzas asistió en primera persona al progresivo endurecimiento del Pacto de estabilidad, cree que en este caso se seguirá la misma evolución. “Cuando se estrenó el Pacto de Estabilidad en 1998, los primeros informes eran todo felicitaciones. Después llegó el choque con Francia y Alemania en 2003 [cuando se congeló el Pacto para no sancionar a París y Berlín] y por último se endureció tras la crisis financiera”, recuerda el ministro belga.

En el nuevo pacto, el castigo económico a los infractores también podría introducirse más temprano que tarde. La presidencia alemana (primer semestre de 2020) tiene previsto rematar el nuevo marco presupuestario de la UE (2021-2027), lo que ayudaría a Berlín a aunar sus dos objetivos: endurecer la vigilancia del Estado de derecho y recortar fondos estructurales a los países que violen los valores fundamentales de la UE. "Ese vínculo sigue siendo uno de nuestros mayores objetivos de cara a la negociación del marco presupuestario", ha advertido Roth este martes.

En la actualidad, la Comisión Europea apenas dispone de instrumentos para velar por la calidad democrática. Solo en el caso de Rumanía y Bulgaria, que ingresaron en el club en 2007, se estableció un mecanismo de verificación que cada año comprueba la evolución de esos dos países en áreas como la lucha contra la corrupción o la independencia del sistema judicial. Para el resto de socios, Bruselas tiene que recurrir a la llamada "arma nuclear" del artículo 7 cuyos efectos políticamente devastadores hacen casi imposible su utilización hasta las últimas consecuencias. La Comisión Europea activó el artículo contra Polonia y el Parlamento Europeo contra Hungría. Pero el expediente no ha avanzado en ninguno de los dos casos, porque la mayoría de las capitales, sobre todo las de Europa Central y del Este, se resisten a respaldar el castigo.

"Se nos ha criticado por recurrir al artículo 7 porque dicen que es un instrumento de los países del oeste para extorsionar a los del oeste, lo cual no es cierto. Con el nuevo mecanismo de revisión demostraremos que todos estamos sometidos a vigilancia, incluida Alemania", señaló Roth.