“Creo que Bukele puede garantizar derechos a las mujeres, pero hay que estar vigilantes”
Agrupaciones feministas de El Salvador presionarán para que el nuevo Gobierno despenalice el aborto en un país donde las mujeres son criminalizadas
Al menos 18 mujeres siguen apresadas en El Salvador tras ser condenadas por crímenes relacionadas al aborto: por sufrir complicaciones obstétricas o abortos espontáneos, en un país donde desde 1998 la interrupción del embarazo está penalizada en todos los casos. Morena Herrera (San Salvador, 1960) ha trabajado de forma intensa para liberar a las mujeres que han sido criminalizadas y presionar a las autoridades para que haya un cambio en la legislación. Tras una década de Gobierno del izquierdista FMLN con pocos avances en los derechos de las mujeres, Herrera espera que el nuevo presidente del país, el joven y carismático Nayib Bukele, se comprometa con las demandas de las mujeres, aunque él mismo se ha pronunciado públicamente contra el aborto.
“Él (Bukele) planteó en un foro que era “provida”, pero que solo estaba de acuerdo con el aborto en los casos de riesgo de vida de mujeres, y que en su Gobierno no iban a asumir la presunción de culpabilidad de mujeres pobres que tuvieran abortos espontáneos, que es la mayoría de los casos de mujeres por las que estamos abogando libertad”, explica Herrera en una entrevista telefónica desde San Salvador. “Creo que ningún Gobierno va a hacer nada por las mujeres si las mujeres no lo exigimos. Nuestra expectativa con Bukele no es negativa, creo que él puede hacer un Gobierno que garantice algunos derechos de las mujeres, pero hay que exigirlo y estar constantemente vigilante en ese cumplimiento”.
El beneficio de la duda para el nuevo Gobierno viene de una mujer que en su juventud se involucró en la lucha guerrillera dirigida por el FMLN, partido del que se distanció tras los acuerdos de paz. Ese ímpetu puesto en la lucha armada lo volcó con el paso de los años en la defensa de los derechos de las mujeres, sometidas en Centroamérica a condiciones de pobreza, azotadas por la violencia [el año pasado murieron de forma violenta 273 mujeres en El Salvador] y con la constante sentencia de muerte no solo por esa violencia, sino por el hecho de que no puedan tomar decisiones tan importantes como decidir si continuar con un embarazo, aunque sea producto de una violación o su vida esté en peligro.
Aunque Nicaragua y Honduras tienen legislaciones similares a las de El Salvador en relación con la penalización del aborto, es en este pequeño país de 21 000 kilómetros cuadrados donde se trata con más saña a las mujeres que abortan: la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto registra que entre 2000 y 2014 al menos 49 mujeres han sido condenadas por delitos relacionados a la penalización del aborto y las autoridades han denunciado a 250 mujeres. Las denuncias contra las mujeres llegan desde los funcionarios de los hospitales públicos, temerosos de ser acusados por atenderlas cuando llegan con complicaciones obstétricas. Un sistema que Herrera cataloga de “fundamentalista”.
“Hay sectores con razones fundamentalistas que tienen mucho poder económico y mucho poder con los medios de comunicación y han influido para institucionalizar un estigma contra las mujeres, para fomentar el odio también. No comprenden que las mujeres muchas veces sufrimos emergencias obstétricas, pero su única respuesta es la criminalización de las mujeres”, afirma. Herrera dice que ese estigma y la criminalización se ensañan principalmente con las mujeres más vulnerables. “Es una medida hipócrita. Este castigo tan fuerte y estos niveles de ensañamiento judicial van contra las mujeres pobres, jóvenes, que tienen vulnerabilidades familiares y sociales”.
Una situación que no cambió durante las dos administraciones del FMLN, el partido que llegó al poder cargando las esperanzas de cambio de los salvadoreños. Aunque Herrera asegura que la agrupación izquierdista apoyó “algunos cambios en materia de legislación”, no fue suficiente para mejorar las condiciones de las mujeres. “No aprovechó las posibilidades de estar frente al Gobierno para impulsar cambios sustantivos que disminuyeran las desigualdades entre hombres y mujeres y otro tipo de desigualdades socioeconómicas. Los gobiernos del FMLN no pudieron poner alertas que significaran la movilización de recursos, de instancias públicas, para detener, por ejemplo, la epidemia de embarazos en niñas y adolescentes”, ejemplifica.
Aunque el partido llegó al poder con una bandera progresista, no puso atención real a los problemas que sufren las mujeres y mucho menos se decidió a discutir un cambio en la legislación sobre el aborto, aunque era una de las demandas de sectores que apoyaron electoralmente al FMLN. “Uno de los factores por lo que no lo hicieron es posiblemente el miedo a perder votantes frente a la posible respuesta de sectores eclesiales, tanto católicos como evangélicos, que se oponen a este tipo de medidas. También se debe a la falta de voluntad política y a compromisos con los derechos de las mujeres. No fueron consecuentes con los cambios que la sociedad salvadoreña necesitaba. Hicieron una lectura que no conectaba con las aspiraciones sociales, lo que luego se reflejó en las urnas”, explica Herrera en relación con los resultados de las elecciones presidenciales que rompieron con el bipartidismo entre el FMLN y Arena y llevaron al poder al joven Bukele.
“Nosotras le hemos planteado al Gobierno del FMLN que deje libres a todas las mujeres. Sabemos que no es fácil todo el proceso que se tiene que hacer, pero también depende de la voluntad política. Estamos esperando que el Gobierno agilice las presiones hacia la Corte Suprema de Justicia y que antes del cambio del Gobierno puedan salir la mayor cantidad de mujeres”, afirma Herrera. El problema principal es la voluntad política. Los ojos están puestos en la Asamblea Legislativa, donde duermen dos iniciativas de reforma al Código Penal. Ninguna de las dos reclama la despenalización total del aborto: una fue presentada por una diputada del FMLN —con poco poyo de su partido— y establece circunstancias relacionadas a violación, riesgo de la vida de la madre o malformaciones del feto. La otra la presentó un diputado disidente de Arena y hace referencia a la despenalización en caso de riesgo de muerte de madre o por violación. “Lo que estamos planteando es que en este periodo de transición se abra una discusión legislativa en materia de aborto. Pero para eso el FMLN tiene que movilizarse, el presidente electo le tendría que pedir a GANA —la plataforma que lo llevó al poder— que apoye una moción del FMLN. Creo que es posible, no es fácil, pero se puede construir ese escenario con voluntad política. Si todos los grupos parlamentarios reconocen que es un problema en el país, pueden lograr justicia para las mujeres”.
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