Holanda desconoce el paradero de 180 menores a los que rechazó asilar y permanecen en el país

El servicio holandés de inmigración desconoce el paradero de 180 menores que han visto rechazada su solicitud de asilo en los seis últimos años. Según sus expedientes, los niños no han salido del país, y no se descarta que la falta de documentos legales les haya abocado a moverse en círculos ilegales dominados por gente que puede aprovecharse de ellos. Su caso es el más delicado del grupo de 1.400 niños que no consiguieron una amnistía gubernamental pensada para casos especiales, y han corrido distinta suerte.

Las cifras han sido publicadas por el Ministerio de Justicia a instancias de la televisión pública holandesa (NOS), que los ha desglosado por categorías. Un total de 2.140 niños pidieron asilo entre 2013 y 2018. Dos tercios (los 1.400 antes mencionados) no lo lograron, y de estos, 740 recibieron una orden de deportación, pero siguen en el país sin documentos en regla. De ellos, las autoridades han perdido la pista de 180. Otros 400 sí han logrado un permiso de residencia por otras vías, ya sea a través de la reunificación familiar, porque precisan tratamiento médico o bien Inmigración falló en su favor.

En conjunto, los portavoces de Justicia reconocen que solo 80 menores rechazados han abandonado Holanda. Son “muy pocos”, según Mark Harbers, secretario de Estado de Inmigración, contrario a que los padres alimenten falsas esperanzas de residencia. Lo hacen a base de acudir a todas las instancias legales [las leyes les amparan para hacerlo] en busca de una sentencia favorable. “Regresar al país de origen a la fuerza es duro. Pueden hacerlo de forma voluntaria, así que es preciso abordar mejor la responsabilidad de los padres en estos retrasos”, ha señalado.

El hecho de que la mayoría de los menores con estos problemas residan en Holanda desde hace cinco o más años, puedan estar escolarizados y tengan amigos, ha llevado a organizaciones como Defense for Children a pedir al Gobierno que evalúe todas las circunstancias antes de dictar una orden de deportación.

Es el caso de la familia armenia Tamrazyan, que permanece encerrada desde hace casi dos meses en la iglesia protestante de Bethel, en La Haya. Los padres y sus tres hijos llegaron hace nueve años, pero Inmigración los considera inmigrantes económicos porque Armenia aparece en su lista de países seguros. Sasun, el padre, de 43 años, asegura que huyó de su tierra por motivos políticos y teme por su vida si retorna. “No les vamos a conceder el asilo”, ha puntualizado Mark Harbers, que se apoya en el rechazo final dictado ya a su petición de asilo.

De momento, a los Tamrazyan les apoyan cientos de predicadores y fieles que se turnan en los oficios religiosos para evitar que entre la policía a detener a la familia. La legislación vigente impide a las fuerzas de orden o cualquier otro funcionario interrumpir una misa o rezo, aunque Inmigración también ha dicho que no piensa esperar sin plazo. Este caso es especialmente delicado para el Gobierno holandés de centro derecha en el poder porque Hayarpi Tamrazyan, de 21 años, la hermana mayor, es miembro de Unión Cristiana. Es uno de los cuatro partidos de la coalición en el poder, y ha hecho campaña para relajar la amnistía para los menores en busca de asilo.