China detiene a otro canadiense tras el ‘caso Huawei’ por “actividades que amenazan la seguridad nacional”

La tensión en las relaciones diplomáticas entre China y Canadá ha registrado una drástica escalada. Son dos los canadienses que Pekín retiene en aparente represalia por el arresto en Canadá, el 1 de diciembre, de la directora financiera del gigante de las comunicaciones Huawei, Meng Wanzhou. Al diplomático en excedencia Michael Kovrig se le suma el empresario Michael Spavor, propietario de una agencia de intercambios culturales con Corea del Norte. Los dos fueron detenidos el lunes no por la Policía china, sino por el Ministerio de Seguridad del Estado —responsable de los servicios de espionaje— y se les investiga por supuestas “actividades que perjudican la seguridad nacional”.

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En la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores chino, el portavoz de este departamento, Lu Kang, confirmó que desde el lunes se han tomado “medidas coercitivas” contra Kovrig y Spavor “de acuerdo con la ley”. Según Lu, los “derechos e intereses legítimos” de los dos ciudadanos están garantizados y se ha avisado al Gobierno canadiense.

Los dos canadienses comparten un interés profesional por Corea del Norte. Kovrig, como analista para Asia Nororiental del centro de estudios sin ánimo de lucro International Crisis Group (ICG), con sede en Bruselas y especializado en la prevención de conflictos. Spavor, por su parte, ha mantenido relaciones al más alto nivel en Corea del Norte. Fue uno de los mediadores y guías en la visita del baloncestista Dennis Rodman a Pyongyang en 2013 y es uno de los poquísimos extranjeros que ha logrado reunirse con el líder supremo del régimen, Kim Jong-un.

Spavor fue detenido en su domicilio de Dandong, en la frontera entre China y Corea del Norte. Inicialmente consiguió ponerse en contacto con las autoridades canadienses para notificar que agentes de la seguridad china habían venido a buscarle. Después se perdió el contacto con él. El empresario tenía planeado desplazarse a Seúl este lunes, pero nunca llegó. Su compañía, Paektu Cultural Exchange, organiza intercambios culturales y deportivos y visitas turísticas, y se autodescribe como una ONG.

La ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, que el miércoles por la noche reveló la segunda detención, ha subrayado que, en los contactos entre ambos Gobiernos en torno a los casos, Pekín ha desligado esas detenciones del arresto de Meng. Canadá detuvo a la ejecutiva a petición de Estados Unidos, donde se le acusa de fraude por violar las sanciones estadounidenses al régimen iraní.

Pero es difícil creer que no haya relación. Los dos canadienses quedaron en poder de las fuerzas de seguridad chinas el lunes, después de que el fin de semana Pekín convocara al embajador canadiense, John McCallum, y advirtiera al Gobierno de Justin Trudeau de “graves consecuencias” si no se ponía en libertad de inmediato a la ejecutiva.

Para Pekín, que un país extranjero se haya atrevido a detener a Meng es casi un delito de lesa majestad (delito político). Huawei es una de las compañías que el Gobierno chino considera de importancia estratégica y, con su fuerte presencia exterior, uno de los símbolos del auge nacional. Y Meng es, además de la directora financiera, hija del fundador de la empresa —el antiguo militar Ren Zhengfei— y la posible heredera del imperio.

Meng se encuentra en libertad condicional después de que un tribunal canadiense le hiciera pagar una fianza de siete millones de euros y le impusiera obligaciones como la de pernoctar siempre entre once de la noche y seis de la mañana en su domicilio de Vancouver (oeste de Canadá) y llevar siempre una tobillera que transmita su localización.

Además de su interés común por Corea del Norte, los dos canadienses detenidos también comparten el que trabajan para ONG. El miércoles, Lu había apuntado que Crisis Group, el centro de estudios para el que trabaja Kovrig, no está registrado en China como ONG, tal y como obliga la ley. Si Kovrig estaba llevando a cabo “trabajo relevante” para ICG en suelo de este país, estaría “violando la ley”, apuntó Lu.

El matiz es importante. La ley de ONG extranjeras, aprobada en 2016 en medio de fuertes quejas de las organizaciones foráneas, impone complicados requisitos para operar en suelo chino: desde contar con una institución local que acceda a avalarla hasta aceptar duras restricciones en su financiación. Como resultado, desde su aprobación, muchas ONG han optado por cancelar sus operaciones en China.

Pero la ley sobre ONG extranjeras forma parte del Derecho Administrativo chino, y es la Policía —el Ministerio de Seguridad Pública— la encargada de hacerla cumplir. Un sospechoso puede quedar detenido durante un máximo de 15 días.

Pero la acusación de actuar contra la seguridad del Estado es algo mucho más serio. Los detenidos bajo esta sospecha pueden quedar incomunicados durante un máximo de seis meses sin acceso a sus abogados o a su familia, y una sentencia de culpabilidad puede conllevar años de cárcel.

Canadá ya cuenta con un precedente. Tras la detención en su suelo de un ciudadano chino requerido por Estados Unidos en 2014, Pekín arrestó a un matrimonio de misioneros cristianos residentes, como Spavor, en Dandong. Ella, Julia Garrett, quedó en libertad a los seis meses, pero su marido, Kevin Garrett, no pudo regresar a Canadá hasta 2016.