Una generación de perseguidos y exiliados
La toma del poder judicial en Venezuela, iniciada por Hugo Chávez, ha sido clave para sostener la llamada revolución, que cumple 20 años y arrastra un pesado fardo de centenares de presos políticos y torturas
Cada seis horas un funcionario del servicio de inteligencia venezolano toca la puerta de la casa de Iván Simonovis, le hace una foto junto con un diario del día del periódico oficialista Últimas Noticias y la envía a sus jefes. De noche, el grillete electrónico que lleva vibra para que no olvide, ni siquiera mientras duerme, que está preso en su casa desde hace cinco años, después de pasar nueve en prisión, apenas la mitad de los 30 años a lo que lo condenaron. Con su libertad Simonovis perdió la patria potestad de sus hijos, se perdió sus graduaciones y la primera comunión del más pequeño. No tiene cédula ni ningún documento de identidad. “Lo anularon como persona”, dice su esposa y defensora, Bony Pertinez.
El comisario Simonovis es uno de los primeros presos políticos del chavismo. Fue condenado por dos de las 19 muertes que ocurrieron durante los disturbios del 11 de abril de 2002, cuando le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez. Es un caso emblemático de cómo la toma del poder judicial ha sido clave para sostener el modelo político que nació hace 20 años con la llegada —por la vía electoral con 3,7 millones de votos y más de cuatro millones de abstenciones— del exmilitar golpista.
La orden de captura de Simonovis la firmó tres días después de su captura en 2004 —dos años después de los hechos— el entonces juez Maickel Moreno, hoy presidente del Supremo de Venezuela. Lo acusó la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio. Simonovis era el encargado de diseñar las políticas públicas de seguridad de la Alcaldía Metropolitana, que en ese momento estaba al frente Alfredo Peña, uno de los primeros aliados de Chávez que se cambió de acera política y lo pagó con el exilio y parte de su equipo con cárcel.
En cadena nacional, el comandante eterno de la revolución lo llamó asesino y ordenó capturarlo. Una violación primigenia en el debido proceso que se ha hecho práctica en una Venezuela, donde abogados, activistas y defensores de los derechos humanos aseguran que no hay Estado de Derecho. La escena de la acusación hecha desde el Ejecutivo en televisión se ha repetido en el caso de la jueza Lourdes Afiuni, del líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, y más recientemente del diputado Juan Requesens, entre otros.
“La justicia no existe, porque hay un solo poder que da órdenes. La justicia se ha usado para perseguir e intimidar a la disidencia y castigarla no por lo que haya hecho sino por lo que representa en la sociedad, por eso se llevan presos a médicos, jueces, tuiteros, sindicalistas, policías, militares, políticos, diputados”, dice Pertinez después de 14 años de trajinar en los tribunales venezolanos por su esposo.
Metodología represiva
De los primeros 13 prisioneros políticos que encarceló Chávez, el chavismo pasó a mantener hasta 620 personas en prisión por razones políticas, un pico que alcanzó en 2017. A la fecha quedan 288 tras las rejas. Solo en el Gobierno de Maduro, ungido por Chávez para continuar la revolución bolivariana, casi 13.000 personas han pasado por una celda por protestar o por motivos políticos, de las cuales 7.512 siguen sometidas a medidas cautelares, según cifras del Foro Penal Venezolano. Al grueso expediente represivo, la Organización de Estados Americanos ha sumado 576 denuncias de tortura consignadas ante la Corte Penal Internacional, 200 muertes y más de 16.000 heridos durante la represión policial de las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
La ruta hacia la Venezuela de 2018 se trazó en los primeros días de la presidencia de Chávez. Es lo que Laura Louza, abogada y directora de la ONG Acceso a la Justicia, llama “el camino a la dictadura”, en el que la toma del poder judicial fue un vehículo. “Lo primero que hizo Chávez, antes de la aprobación de la Constitución, fue decretar la emergencia judicial, en la que todos los jueces fueron sometidos a una cacería de brujas y desde entonces se convirtieron provisionales, sin estabilidad, sujetos a manipulación. Más del 70% está en esa condición. Luego, vino la reorganización de los poderes públicos, que fue otro golpe de Estado. Después, en 2005, Chávez decretó de aumento del número de magistrados de 15 a 32 para, muy al estilo Fujimori, crecer el número de jueces aliados y en 2013 se terminó de aniquilar la separación de poderes con la sentencia del Supremo que dice que los jueces y el derecho están sujetos al sistema político imperante”, recuenta.
El Supremo ha dictado 160 sentencias que violan los derechos humanos y 83 contra la Asamblea Nacional, un poder que terminó disuelto en 2017, solo cuando el partido de gobierno perdió el control frente a la mayor victoria de la oposición en 20 años. “La manipulación del sistema de justicia ha sido parte de la metodología para hacer dictaduras en el mundo moderno. Se empezó a cambiar el Estado de Derecho y la Constitución y luego a dictar leyes anticonstitucionales usando una neolengua para hacer ver que se sigue inserto en el mundo de los derechos humanos. Esto nunca fue un proyecto de pobres, de derechos y de izquierda, sino uno autocrático”.
Desde el discurso, agrega Louza, el chavismo ya traía signos preocupantes de lo que ha sido un gobierno represivo, que van desde la amenaza de freír las cabezas de sus adversarios de otros partidos hecha en plena campaña de 1998 hasta el despido masivo en cadena nacional de 18.000 trabajadores que se sumaron a la huelga petrolera de 2003 y de aquellos que firmaron para solicitar un referéndum revocatorio en 2004.
Exilio y cárcel
David Smolansky tenía 13 años cuando Chávez llegó al poder. Hoy, con 33, vive en el exilio desde hace un año, cuando siendo alcalde de un municipio de Caracas el Supremo ordenó encarcelarlo haciéndolo responsable de los daños causados por las protestas que ocurrieron en su jurisdicción. “Los de mi generación nacimos o crecimos en una dictadura, no conocimos esa Venezuela abundante en oportunidades de la que hablan algunos, hemos arriesgado nuestra vida por algo que ni siquiera conocemos”, dice por teléfono desde un café en Washington donde elaboraba un informe sobre la situación de la crisis migratoria para la OEA. Smolansky pasó unos días en clandestinidad y luego le tocó huir disfrazado por la frontera con Brasil, que hoy han cruzado miles de venezolanos huyendo de la crisis.
“Chávez llegó a la Presidencia con medios, con separación y autonomía de poderes, pero se aprovechó de las vías e instituciones democráticas para conquistar el poder, luego pulverizarlas y hacerse un Estado a la medida. Un tipo que eligieron por cinco años, en sus primeros 18 meses logró estar por seis años con posibilidad de reelección y en 2009 lo hizo indefinido ignorando lo que la gente había rechazado en 2007 durante el referéndum de la reforma constitucional”.
Dentro de la masa que huye de Venezuela por la crisis económica y social, Smolansky se ha encontrado con concejales, funcionarios y dirigentes de todas las jerarquías, exiliados por amenazas políticas directas. Hay caras visibles como las del diputado Julio Borges o el alcalde Antonio Ledezma, pero el exilio venezolano, el de los perseguidos políticos, se calcula en centenares, asegura. Un éxodo que ha quebrado al liderazgo opositor.
Dos años, seis meses y ocho días pasó el diputado y activista LGBTI Rosmit Mantilla en prisión. Fue arrestado durante las protestas de 2014 y recluido en el Sebin, entonces con apenas 20 celdas, que luego fueron aumentando. Fue declarado prisionero de consciencia por Amnistía Internacional que presionó para que en 2016 recibiera una libertad condicional que vino acompañada de hostigamientos y amenazas en cada visita al tribunal.
A los nueve meses de salir de la cárcel se fue al exilio. Pasó los controles del aeropuerto de Maiquetía diciendo ser estilista, no diputado. “Cuando salí del Sebin había presos en todas partes, esposados a rejas, en los baños, vi a compañeros colgados en las celdas, a otros nos los llevaban ensangrentados para intimidar, viví la tortura psicológica, que te leyeran el Apocalipsis de la Biblia y te dijeran cosas de tu familia. Ahora por lo menos puedo dormir tranquilo y seguro con la certeza de que no voy a volver a la cárcel”, dice el político de 36 años asilado en Francia.
Impunidad y ejecuciones extrajudiciales
La ONG Cofavic ha documentado en los últimos cinco años un incremento alarmante de los casos de ejecuciones extrajudiciales. El número es abrumador: 6.385 casos, el 75% son de menores de 25 años de edad, el 95% hombres de zonas urbanas. La activista Liliana Ortega, directora de Cofavic, señala que en “el marco de una impunidad institucionalizada, en la que el 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no pasan a juicio, en un país violento”, este terrible récord se multiplica.
Las denuncias se corresponden a muertes ocurridas durante operativos policiales de seguridad ciudadana en los que en la mayoría de los casos están involucrados agentes del organismo de investigación de crímenes (Cicpc).
“Desde el 2015 estamos en estado en excepción, lo que ha debilitando la garantía de los derechos humanos y aumentado la impunidad en casos que son demostraciones del desamparo de las víctimas, como las detenciones arbitrarias, encarcelamiento de figuras públicas y las desapariciones forzosas”.
