La Constituyente chavista asume las competencias legislativas de la Asamblea Nacional

La Asamblea Constituyente de inspiración chavista despojó este viernes al Parlamento de mayoría opositora, mediante un decreto, de las facultades para legislar en materias de orden interno, seguridad nacional, derechos humanos, sistema socioeconómico y finanzas. La decisión fue comunicada por la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, durante una sesión regular del cuerpo deliberativo. Para la ocasión habían sido invitados los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de quienes se esperaba que, como ya han hecho los representantes de otros poderes públicos controlados por el oficialismo -empezando por el mismísimo presidente, Nicolás Maduro-, acudieran a expresar su subordinación ante el poder “plenipotenciario, supraconstitucional y originario” de la Constituyente.

Sin embargo, y como se preveía, los parlamentarios de oposición anunciaron apenas minutos antes que no asistirían a la sesión. “No compareceremos ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999”, dijeron en una carta abierta “al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y a Nicolás Maduro Moros”, distribuida a media mañana.

Ante la ausencia de los diputados de la Asamblea Nacional, Rodríguez ordenó promulgar un decreto que regularía la convivencia con el poder legislativo constituido pero, “eso sí”, advirtió la exministra de Relaciones Exteriores de Maduro, “no es para hacerle carantoñas a la derecha”.

En efecto, el documento -con el irónico título de decreto para “la convivencia” con los poderes constituidos- reserva para la Constituyente la capacidad de hacer leyes en materias claves que conforman el núcleo de la vida parlamentaria. Aunque no disuelve la Asamblea Nacional, la esteriliza en los hechos y la deja disminuida a un foro de debates, en el mejor de los casos. La moción fue aprobada por unanimidad, como ha ocurrido hasta ahora en la Constituyente en sus casi dos semanas en funciones.

En diversos aspectos el decreto equivale al veredicto que el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del chavismo, emitió a fines de marzo pasado, en el que se confiscaban potestades del parlamento para traspasarlas, en lugar de a una Constituyente que todavía no aparecía en los planes, al presidente Maduro. La decisión, que en su momento la oposición denunció como el camuflaje de un Golpe de Estado, dio inicio a una oleada de protestas callejeras que duró cuatro meses y se saldó con más de 120 muertes y 5.000 arrestos.

Hasta el momento la Constituyente no ha discutido ni una línea de algún artículo de la nueva Constitución que pretende redactar. En cambio, viene actuando como una Junta de Gobierno que parece tener como propósito central ajustar cuentas con la disidencia y aplacar sin miramientos el conflicto institucional desatado desde octubre de 2016, cuando el Tribunal Supremo declaró en desacato a la Asamblea Nacional.

El nudo empezó a hacerse en diciembre de 2015. Entonces la oposición conquistó en las urnas la mayoría absoluta del parlamento, lo que confirió amplias facultades, incluyendo la destitución por voto de censura del vicepresidente, ministros y otras altas autoridades.

De inmediato el Gobierno impugnó los resultados electorales en un circuito, el del estado Amazonas, lo que restó curules a la oposición. La causa fue aceptada por el Tribunal Supremo, de signo chavista, que desde entonces ha retardado cualquier decisión al receso. Impaciente, la bancada opositora forzó la incorporación de sus diputados electos, lo que brindó al Supremo la coartada para declarar al parlamento en desacato y frenar todas sus actuaciones.

Junto a la cuestión del parlamento, la Constituyente chavista también ha resulto de modo expedito el conflicto con la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en el cargo desde 2007 pero que durante el último año había expresado críticas y desavenencias con el oficialismo y, en particular, con el propio proceso constituyente.

En su primera decisión, el 6 de agosto, la Constituyente optó por destituir a Ortega. Desde el jueves circulan profusos rumores según los cuales la fiscal rebelde y su esposo, el diputado Germán Ferrer, sobre quien pesa una orden de detención, habrían abandonado el país para buscar refugio en una nación vecina.