Amnistía alerta de la impunidad tras las protestas de 2014 en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) ha presentado este martes un informe en el que documenta las violaciones de derechos humanos registradas entre febrero y julio de 2014 en Venezuela en las protestas que recorrieron el país en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, durante las cuales murieron 43 personas y 878 resultaron heridas. Las autoridades no han investigado eficazmente ni han juzgado a los responsables, y cientos de víctimas no han tenido acceso a justicia o reparación, según el estudio de la organización, titulado Venezuela: los rostros de la impunidad. "Este clima de violencia ha dado lugar a más abusos", ha dicho este martes en Madrid Esteban Beltrán, director de la entidad en España.

De los 3.351 detenidos en las protestas, 1.402 se enfrentan a acusaciones por delitos cometidos durante las mismas. De ellos, 25 continúan encarcelados a la espera de juicio. Amnistía Internacional ha documentado cinco arrestos "arbitrarios". Tres de estos cinco detenidos —el líder opositor Leopoldo López; el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y la activista LGTB, Rosmit Mantilla— siguen en prisión, a pesar de que las acusaciones “carecen de fundamento”, ha explicado la investigadora Nuria García, por lo que la organización solicita su liberación. El informe no recoge el arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pero, "teniendo en cuenta los antecedentes, preocupa su detención, que puede deberse a motivos políticos", ha indicado García.

Los representantes de AI no han querido pronunciarse acerca de la decisión del expresidente del Gobierno español Felipe González de defender a López y a Ledezma. "No tenemos nada que decir. Tanto las víctimas como sus familiares han aceptado la defensa y respetamos esa decisión. Lo importante es que la comunidad internacional haga que los derechos humanos estén en el centro del debate", ha señalado Beltrán.

El documento de AI, elaborado a partir de más de cien entrevistas realizadas a víctimas, familiares, testigos, personal médico, abogados y activistas de derechos humanos, se hace eco de casos de detenidos que fueron sometidos a tortura y malos tratos mientras estaban bajo custodia. La ONG denuncia la impunidad entre las fuerzas de seguridad y de grupos armados pro Gobierno. Únicamente dos de las 238 denuncias de violaciones de derechos humanos que ha investigado el Ministerio Público han sido por tortura. "Ninguna de ellas fue iniciada de oficio", ha apuntado García. "Solo en cuatro de las 43 muertes se ha acusado a funcionarios públicos", ha continuado. 

"Las autoridades venezolanas no han lanzado un mensaje inequívoco de condena a la violencia. En vez de asegurarse de que no se produzca un uso excesivo de la fuerza, permiten que las fuerzas armadas controlen el orden público, cuando no están entrenadas para ello", ha criticado el presidente de la ONG en España. "El Gobierno venezolano debe transmitir un mensaje al más alto nivel señalando que en ningún caso se tolerarán torturas, para lo cual es fundamental que se produzca una investigación y un intento real de juicio y de resarcir a las víctimas. Debe asegurarse a quienes hayan sufrido violaciones de derechos humanos y no hayan recibido justicia en las cortes nacionales la posibilidad de acceder a instancias internacionales [como la Corte Interamericana de derechos humanos o las instancias de Naciones Unidas encargadas de la protección de derechos humanos] sin sufrir represalias", ha añadido.