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Un informe acusa al régimen chavista de torturar sistemáticamente a presos en Venezuela

Desde abril más de 5.000 personas han sido detenidas aleatoriamente en el país bolivariano. Hay 380 presos políticos

Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas agreden a un manifestante.
Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas agreden a un manifestante. AP

El Gobierno de Nicolás Maduro tortura de manera sistemática a los detenidos aleatoriamente por sus fuerzas de seguridad. Así lo establece el último informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que ha documentado el caso de 314 personas a quienes el régimen chavista ha abusado con brutales palizas y técnicas como la asfixia, las descargas eléctricas o los ataques con gas lacrimógeno.

"No son casos aislados o abusos ocasionales por los agentes corruptos, sino una práctica sistemática por las fuerzas de seguridad de Venezuela. La frecuencia de los abusos contra los oponentes al Gobierno y la impunidad de sus agresores sugieren una responsabilidad directa de los rangos más altos del régimen", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, este miércoles en Washington durante la presentación del informe.

Roberto Picón, 17 días preso en un baño sin ventanas

Roberto Picón, de 55 años, fue arrestado en junio por su trabajo como Coordinador Electoral de la coalición opositora MUD. Sin orden de detención o pruebas de delito, más de 20 agentes le detuvieron junto con otros de sus compañeros después de una reunión en una residencia privada en Caracas. A los cuatro días, un fiscal militar le imputó por traición y rebelión —delitos que sólo pueden cometer militares, según la Constitución— sin presentar pruebas sustanciales y violando su derecho al debido proceso en un juicio civil. En un anuncio televisivo, a los pocos días de las detenciones, Maduro acusó a Picón de “hackear, intervenir y sabotear el proceso electoral” de cara a las elecciones a la Constituyente el 30 de julio.

Picón, preso desde entonces en el Helicoide, una de las peores cárceles del país, es una víctima más de los abusos legales y las torturas del régimen. Privado de ver a su abogado hasta dos meses después de su arresto, Picón fue aislado durante 17 días en un baño sucio, sin ventana ni ventilación, iluminado por una pequeña bombilla. El día 87 de su detención tuvo acceso a luz solar por primera vez.

Desde el 1 de abril, el régimen ha realizado más de 5.000 detenciones aleatorias. Según la organización Foro Penal, coautora del documento, en Venezuela hay 380 presos políticos.

En las calles, los agentes de la Guardia Nacional ejercen un excesivo uso de la fuerza para reprimir a quienes protestan ante la grave crisis que atraviesa el país, marcada por el desabastecimiento de comida y medicinas, y una hiperinflación de casi el 800%. En las cárceles, la policía tortura física y psicológicamente a los presos, la mayoría de ellos detenidos de manera arbitraria por sus ideas opuestas al Gobierno. Celdas sin luz, violaciones sexuales, o colgarles desnudos en posiciones de estrés, son algunos de los métodos que emplean contra los detenidos, según el análisis. En los juzgados, los procesamientos penales también se realizan sin garantías. 757 civiles fueron llevados ante tribunales militares para ser condenados por crímenes de traición y rebelión, otra manipulación del régimen que supone la violación del derecho internacional al debido proceso.

"Los líderes de la comunidad internacional deben exigir responsabilidades ante las violaciones que están ocurriendo bajo su mira", insistió Vivanco. En los últimos meses, la Unión Europea y EE UU han aprobado sanciones nominales contra la cúpula del chavismo. Washington también ha atacado a la industria petrolera y al Gobierno al prohibir la compra de deuda de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, así como deuda pública. La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha presionado a Maduro mediante numerosas reuniones de alto nivel. Pero hasta ahora ninguna de estas medidas ha acabado con el Gobierno de Venezuela, cuya débil economía se sostiene gracias al financiamiento de países como Rusia y China.

Las divisiones entre los partidos que forman la coalición opositora MUD complican aún más las posibilidades de un cambio en Venezuela. En las últimas semanas, algunos miembros como Luis Florido o Julio Borges, han participado en un diálogo con miembros del Gobierno en la República Dominicana. Otros, como el recién fugado opositor Antonio Ledezma, han calificado esas negociaciones como una "parodia" que solo sirve a Maduro para ganar tiempo. En paralelo, el Gobierno se ha embarcado en una deriva autoritaria al desmantelar el Parlamento, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, e instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, y afianzar su control regional tras las elecciones, consideradas fraudulentas e ilegímitas por la comunidad internacional, del pasado 15 de octubre.

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