La fórmula Almagro para cuidar a los venezolanos e investigar a Maduro
La propuesta del secretario general de la OEA armoniza la actividad diplomática y política con la judicial
Muchos venezolanos denuncian que su propio Gobierno los ataca. ¿Pueden las instituciones internacionales defenderlos? El dividido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ocupa de Venezuela. La OEA no logró los votos requeridos pues Bolivia, Nicaragua y los países caribeños se opusieron. Hasta el momento la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha abierto una investigación, ni siquiera tomado el paso previo, un “examen preliminar” de Venezuela, y no tiene facultades para obtener evidencias en forma directa, depende de la información que le aportan los terceros.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, creó una nueva fórmula: cooperar con la Fiscalía de la CPI reuniendo información. La juez Ralenis Tovar que en febrero del 2014 ordenó la detención de Leopoldo López declaró el 17 de octubre del 2017 en la sede de la OEA que si no ordenaba el arresto de López el personal de seguridad la iba a torturar y violar a ella como ya le había ocurrido a su colega la juez Lourdes Afiuni. Asustada la juez Tovar ordenó encarcelar a López y pocas semanas después se exilió en Canadá.
El dividido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ocupa de Venezuela
En esa misma sala de la OEA, el 15 de septiembre del 2017, el general Hebert García Plaza, exministro del Gobierno de Maduro, había explicado que el control de los jueces es una política: “es el Ejecutivo nacional quien ordena abrir y cerrar juicios” y es la esposa del presidente Maduro, “Cilia Flores, quien maneja personalmente al Tribunal Superior de Justicia”. Ese tribunal condenó a López a casi 14 años de prisión por “incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales”.
El general García Plaza explicó también lo que podría constituir el delito de persecución: que los miembros de los partidos políticos opositores son considerados “enemigos internos” y se convirtieron en un objetivo de los planes militares aprobados por el presidente Maduro.
De acuerdo con la “formula Almagro” la OEA va a preparar un informe con las declaraciones prestadas en su sede y los reportes del Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 50 ONG dedicadas al tema. Tres expertos independientes: Irwin Cotler, exministro de Justicia de Canadá, Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Santiago Cantón, secretario de Estado de la Provincia de Buenos Aires y exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos van a realizar un análisis de la prueba reunida. Su informe, a presentarse a principios de enero del 2018, va a determinar si los hechos denunciados tienen el carácter masivo o sistemático requerido para que se constituya un crimen de lesa humanidad. En caso afirmativo Almagro va a entregar el informe a la fiscal de la CPI.
Ese será el primer gran aporte de la “fórmula Almagro”: la copiosa información rigurosamente analizada permitiría a la fiscal analizar si abre un “examen preliminar” sobre Venezuela.
Otra novedad de la “fórmula Almagro” es que armoniza la actividad diplomática y política con la judicial. En primer lugar, evita que el tema se polarice políticamente. Estados Unidos no son parte de la CPI y no habría ninguna intromisión en la soberanía de Venezuela pues fue el propio presidente Chávez quien ratificó el Estatuto de Roma que autoriza a la CPI a intervenir en forma independiente en Venezuela.
En segundo lugar, transforma el modelo de decisiones. No hacen falta mayoría de votos, si el informe de los expertos lo recomienda uno solo de los 123 estados miembros de la CPI puede producir cambios drásticos. Países de la región como Canadá, Argentina o Perú, pero también España o Francia podrían remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI. Eso abriría un “examen preliminar” y si la fiscal lo decidiera podría pasar a una segunda etapa, abrir una investigación, sin necesidad que los jueces lo autoricen.
En tercer lugar, la “fórmula Almagro” puede vigorizar las negociaciones lideradas por Rodríguez Zapatero, incluyendo la justicia en la agenda. Maduro tendría un incentivo para llegar a un acuerdo: evitar que los casos lleguen a los jueces de La Haya. Para eso debería organizar investigaciones genuinas contra los responsables de crímenes en Venezuela. El mismo Maduro para evitar su responsabilidad debería destituir y encarcelar a quienes persiguieron y encarcelaron.
Una solución institucional para cuidar a los venezolanos es el ejemplo de orden que el mundo necesita. La OEA está haciendo su parte y en enero los líderes nacionales tendrán la oportunidad de proteger a los venezolanos.
Luis Moreno Ocampo es exfiscal de la Corte Penal Internacional y asesor del secretario general de la OEA.
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