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Motín en la cárcel de Caracas que encierra a los presos políticos más emblemáticos

Tras más de 24 horas de revuelta, el Gobierno trasladó a un grupo de detenidos por delitos comunes a otra prisión, mientras los presos políticos continúan su protesta

Familiares de algunos de los presos protestas a las afueras del penal, este miércoles en Caracas. En vídeo, declaraciones de la esposa del opositor Daniel Ceballos.Vídeo: CARLOS GARCIA RAWLINS (REUTERS) / REUTERS-QUALITY

Los presos políticos de El Helicoide, cárcel ubicada en el centro de Caracas, iniciaron este miércoles una revuelta en protesta por las condiciones en las que se encuentran y los retrasos en sus procesos judiciales y en la ejecución de las excarcelaciones. Un grupo de ellos con sentencias de puesta en libertad sigue entre rejas.

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El motín se ha dado a conocer a través de vídeos difundidos en redes sociales en los que se muestra una revuelta de los reclusos por los pasillos del penal. En esa escaramuza fue golpeado fuertemente en la cara uno de ellos, Gregory Sanabria, un dirigente estudiantil. Los reclusos dijeron que tenían bajo control una de las áreas de la cárcel. También denunciaron que estaban intentando ser disuadidos por las fuerzas militares con gases lacrimógenos, lanzados dentro del recinto cerrado.

“Ya habían denunciado que no podían estar juntos los presos políticos y los comunes y eso terminó siendo el detonante de la situación en la que Gregory Sanabria terminó golpeado. Por lo que sabemos tienen tomados varios pisos y lo primero que hicieron fue liberar al [exalcalde del Táchira] Daniel Ceballos que estaba aislado en una celda. Denuncian que les han lanzado bombas lacrimógenas. El gobierno es responsable de la integridad y la vida de todos presos”, informó la diputada Delsa Solórzono, presidenta de la Comisión de Política interior de la Asamblea Nacional, que acompañó a los familiares en los alrededores de la cárcel.

Ceballos, militante del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, fue detenido en 2014, cuando comenzó la cacería judicial de alcaldes de oposición a quienes el Tribunal Supremo responsabilizó de las protestas que se realizaron en todo el país ese año, una práctica persecutoria que se repitió en 2017 y llevó a varios otros al exilio.

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El exalcalde de Táchira usó las redes y las cámaras de los celulares para denunciar la situación. “Que la comunidad internacional venga y vea lo que pasa en la mazmorra de la dictadura donde se violan los derechos humanos de la gente, donde se nos niegan los juicios y los traslados a tribunales y la atención médica. Estamos dispuestos a resistir así sea con nuestras vidas para que se vea lo que ocurre en esta mazmorra. Estamos cansados de que sigan maltratando gente, torturando gente, extorsionando a nuestras familias. Aquí hay menores de edad, aquí hay personas con boletas de excarcelación que no han salido”, se oye en la grabación en la que aparece con un grupo de reclusos.

En El Helicoide, la prisión política en la que Hugo Chávez convirtió un fallido centro comercial que se comenzó a construir durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, parte de los iconos de la arquitectura moderna caraqueña, están algunos de los más emblemáticos presos políticos de Maduro, que hasta el momento mantiene encarceladas a 338 personas por razones políticas en todo el país.

Lorent Saleh, un dirigente estudiantil detenido por ser parte de una supuesta conspiración contra Maduro; Vilcar Fernández, otro integrante del movimiento estudiantil y que desde hace dos meses requiere atención médica por un problema de hipertensión, y el general retirado Ángel Vivas, un sexagenario detenido en 2017, tres años después de que se atrincherara en su casa con un fusil y llamara a una rebelión contra el Gobierno. Esos son algunos de los 54 presos políticos que permanecen en El Helicoide bajo la custodia el servicio de inteligencia venezolano (Sebin), de los cuales 20 tienen medidas cautelares y no han sido liberados y de estos 4 son menores de edad, denunció Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal.

Romero explicó algunos de los casos y las irregularidades que están denunciando los presos. Betsaida Martínez es una adolescente de 17 años que fue detenida en enero y desde entonces sus padres no han podido verla. Juan Lares lleva ya preso nueve meses sin que ni siquiera se haya abierto el expediente. “Esa es una persona que podría considerarse un secuestrado. Hoy en día ni siquiera se sabe cuántos presos hay en El Helicoide”, dijo el abogado.

La situación de tensión en la cárcel se mantuvo 24 horas después de iniciada la toma por parte de los reclusos, en pleno cierre de la campaña por las cuestionadas elecciones presidenciales del domingo. Los familiares exigían a las autoridades información sobre el estado de los detenidos, así como la liberación de aquellos con sentencias de excarcelación. El lugar permanece fuertemente custodiado por policías y militares, quienes al final de la tarde del jueves ingresaron para realizar el traslado de 72 de los recluidos por delitos comunes a otros recintos.

“Acá hay una toma pacífica, nosotros no tenemos armas. Es una protesta en la que nos hemos unido más de 300 detenidos para pedir la libertad de presos políticos y el debido proceso para quienes están procesados por delitos comunes. Acá lo que queremos es justicia”, dijo en uno de los últimos vídeos difundidos el general Vivas.

Otro de los detenidos en el Helicoide es el estadounidense Joshua Holt, quien también difundió un vídeo en el que pedía auxilio al Gobierno de Estados Unidos, lo que movilizó al encargado de negocios en Caracas, Todd Robinson, a acudir a la Cancillería venezolana a exigir explicaciones sin obtener respuestas. En la cuenta de Twitter de la Embajada en Venezuela dijeron: “Estamos muy preocupados por el motín en El Helicoide. Joshua Holt y otros ciudadanos estadounidenses están en peligro. El Gobierno de Venezuela es directamente responsable por su seguridad y le haremos responsables si algo les sucede”.

Holt está detenido desde 2016 y es acusado de terrorismo y espionaje. Tiene 20 meses a la espera de un juicio. "Ayúdenme, por favor, ¿cuánto tiempo debo sufrir injustamente en este lugar? Quieren matarme y pintar las paredes con mi sangre. Soy un prisionero político”, dijo el estadounidense.

Tarek William Saab, el fiscal paralelo designado por la Asamblea Constituyente de Maduro, envió una comisión de fiscales del Ministerio Público a conversar con los presos y aseguró que atenderían sus peticiones y coordinarían con los órganos de justicia las diligencias para los procesos. Sacerdotes de la Conferencia Episcopal Venezolana se acercaron al sitio para intentar mediar con las autoridades para ingresar y conocer el estado en el que se encuentran los detenidos. La ONG de defensa de los derechos humanos exigió al Gobierno que permitiera que una delegación de la Cruz Roja Internacional ingresara al lugar.

La oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el presidente del Parlamente Europeo, Antonio Tajani, expresaron su preocupación por la situación en esta cárcel.

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