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Guatemala desobedece al Constitucional y anuncia que impedirá el retorno de Iván Velázquez

La contumacia gubernamental coloca a Jimmy Morales y su equipo al borde del escándalo

Jimmy Morales en Guatemala, durante la Cumbre Iberoamericana en noviembre.
Jimmy Morales en Guatemala, durante la Cumbre Iberoamericana en noviembre. Oliver de Ros (AP)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció la noche del jueves que el jefe de la Comisión contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez, podrá volver al país para seguir al frente de la misión de Naciones Unidas en el país centroamericano.

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La Corte dejó ‘sin lugar’ los recursos presentados por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales y varios de sus ministerios que pretendían dejar sin efecto una orden previa de ese tribunal. La decisión supone un nuevo revés para el empeño del presidente Jimmy Morales por expulsar del país al magistrado colombiano. 

El antecedente se remonta al 16 de septiembre, cuando los magistrados del Constitucional ordenaron al Ejecutivo, en votación unánime, “que deberían permitir el ingreso al país” del comisionado Velázquez. En ese momento Iván Velázquez se encontraba en Estados Unidos en gira de trabajo.

El argumento esgrimido por Morales fue rechazado por el máximo tribunal quien impidió la entrada al país del magistrado “en resguardo del orden y la seguridad pública”. Para respaldar al mandatario, los ministerios de Defensa y Gobernación (Interior) elevaron recursos en contra de la decisión del Constitucional que permitía el retorno del Comisionado, los que fueron descartados “porque esas dependencias no tienen facultad para presentar esas acciones legales, pues no son parte del proceso”.

Pese a la contundencia del Constitucional, Morales no ceja en su empeño. La mañana de este viernes, durante un discurso en un acto protocolario del Ministerio de Ambiente, el mandatario ironizó: “aprovecho para saludar a quienes quieren entrar a Guatemala y no van a poder”, recoge el vespertino La Hora.

La postura Morales contrasta con el respaldo popular del que goza la CICIG, látigo de corruptos y del actual gobierno con sus investigaciones. “Don Iván puede volver a Guatemala. No hay ninguna duda, como tampoco la hay en que la decisión del Gobierno de no acatar la orden lo coloca en total contumacia. Es ya un escándalo. Están deslegitimando a todas las instituciones. Morales y su Gobierno están en un proceso de golpe a la institucionalidad”, señala a EL PAÍS el abogado y analista político Edgar Balcells Conde.

En esta misma dirección ex ministro de Exteriores, Edgar Gutiérrez, señaló que si Velázquez decide regresar y las autoridades se lo impiden, "el presidente y su gobierno caen en la ilegalidad. Sería un acto reñido con la Constitución. Algo que nos dejaría en una situación muy peligrosa porque estaríamos frente a un golpe de Estado”.

Según el excanciller, "lo prudente sería ser consecuente con la misma decisión que el mandatario tomó cuando decidió cancelar el mandato de la CICIG: dejarla terminar su mandato y permitirle trabajar. “Pero el Gobierno dice una cosa, y hace otra”, concluye.

Para el analista Héctor Rosada una vuelta al país de Iván Velázquez sería innecesaria y altamente peligrosa. "¿Qué ganan el Comisionado y la CICIG con volver a Guatemala, cuando se ha demostrado que su dirección a distancia ha sido eficaz?", se pregunta 

Nobel Alternativo

La decisión del constitucional coincide con la distinción para el comisionado Iván Velázquez y la ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, quien este viernes recibieron el premio de la Fundación Right Livelihood Award, conocido como el Nobel Alternativo.

El jurado premia “su innovador trabajo al exponer el abuso de poder y el enjuiciar la corrupción, algo que permite reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas”. El fallo subraya que Aldana y Velázquez han estado a la vanguardia de una de las experiencias anticorrupción más exitosas del mundo, lo que convierte a los galardonados en modelo “único y de referencia para países con problemas similares”, y destaca su trabajo en el caso conocido como La Línea, que tiene en la cárcel al ex presidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y la práctica totalidad del gabinete.

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