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Jimmy Morales llega al ecuador de su presidencia con Guatemala polarizada

El mandatario presenta su informe de Gobierno en el que enumera un largo listado de supuestos logros, entre ellos la lucha contra la impunidad

Jimmy Morales durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.
Jimmy Morales durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno. EFE

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó este domingo ante el Congreso de los Diputados su informe sobre el Estado de la Nación correspondiente a su segundo año de Gobierno. Fiel a la tradición, el informe de 250 páginas, es un largo listado de supuestos logros que no siempre están respaldados por la realidad, y de omisiones sobre algunos de los problemas más acuciantes que no han sido atendidos.

El mensaje del mandatario empezó, no podía ser de otra manera, con una cita bíblica y prometió que él no se lavará las manos, como Poncio Pilato, a la hora de enfrentar los problemas de Guatemala, pero recordó que es a los funcionarios elegidos por el pueblo a quienes corresponde enfrentar la problemática, en alusión a las llamadas de atención que le han hecho tanto la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), como la comunidad internacional.

Morales presentó, entre los grandes logros de su gestión, la lucha contra la impunidad y subrayó que su Gobierno ha logrado implementar “el mejor modelo de transparencia en la historia de Guatemala”. También destacó el trabajo realizado en campos como la educación, la salud y la seguridad pública. Esto último apenas una semana después de que Estados Unidos lanzara una advertencia a sus ciudadanos para que se abstengan de venir al país, por el alto grado de inseguridad y violencia que hay en las calles guatemaltecas.

Año clave

2018 se adivina como un año que puede ser el parteaguas en la historia del país. Jimmy Morales llega al ecuador de su mandato con un país dividido en dos bloques: quienes esperan que Guatemala siga por la senda de las transformaciones profundas que necesita para convertirse en una auténtica democracia, y aquellos que están dispuestos a hacer lo que estimen necesario para perpetuar la impunidad que les ha permitido saquear al país y manejarlo a su conveniencia.

La lucha contra la impunidad que permite tener en la cárcel –jaula de oro, pero al fin y al cabo prisión– a un expresidente, Otto Pérez, una ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, así como a altos mandos militares y empresarios de postín, históricamente intocables, ha sido liderada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICG), al mando del magistrado colombiano Iván Velázquez, conjuntamente con la fiscal General del Estado, Thelma Aldana, a quienes se suma el defensor del pueblo, Jordán Rodas.

En el otro lado están las estructuras mafiosas, firmes en su propósito de preservar el actual estado de cosas. Políticos, empresarios, abogados, narcotraficantes y un largo etcétera, entre quienes se encuentran los asesores del presidente Morales. Tienen dinero, poder político y medios radiales y televisados a su disposición.

Entre los frentes claves en los que a lo largo de 2018 se disputará esta lucha, destacan la elección de una nueva Junta Directiva del Legislativo –clave para entorpecer cualquier proceso que pretenda despojar de la inmunidad a los funcionarios corruptos, o aprobar leyes que compliquen la aplicación de la justicia– que se libró la tarde de este sábado con la elección como presidente de Álvaro Arzú Escobar, hijo del poderoso expresidente y actual alcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen, el más conspicuo representante del Estado patrimonialista.

Fue una elección cantada. Arzú está encasillado en el llamado "Pacto de corruptos", como se conoce a los 107 diputados que el 13 de septiembre aprobaron un artículo que pretendía exonerar a los secretarios generales de los partidos que incurrieron en financiamiento electoral ilícito, y que tiene tanto al presidente Morales, como al alcalde Arzú, en la mira de la justicia. En estas condiciones, la candidatura del hijo de Arzú recibió críticas por parte de la comunidad internacional. La misma tarde del sábado, al conocerse la elección, la embajada estadounidense publicó un comunicado en las redes sociales en el que advierte que “Estados Unidos ha tomado nota de que el Congreso de Guatemala ha seleccionado una nueva Junta Directiva. Las acciones del Congreso, y no sus palabras, demostrarán el compromiso de aprobar leyes que beneficien al pueblo de Guatemala, tanto como su compromiso de luchar contra la corrupción y la impunidad”, se lee en el comunicado de la Embajada estadounidense.

El otro frente clave es la elección, en mayo, del fiscal General de la Nación. En declaraciones a EL PAÍS en diciembre pasado, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, calibraba este tema como “definitorio” para el futuro de Guatemala. “Su elección es un tema casi que definitorio (…) porque un fiscal que no esté comprometido en la lucha contra la corrupción y la impunidad, o que sea un obstáculo para las acciones en ese sentido implicaría, si no el retroceso, sí una parálisis para el avance de las actividades realizadas”.

2017 fue un año negro para Morales. Empezó con su decisión de declarar non grato e intentar expulsar del país a Iván Velázquez, algo que no logró por el Constitucional; siguió con su choque frontal con la fiscal general, Thelma Aldana, y con el defensor del pueblo, Jordán Rodas; y cerró con su decisión, por motivos estrictamente religiosos –pertenece a una iglesia neopentecostal que no distingue el Jerusalén bíblico del actual estatus de esa ciudad–, de trasladar la Embajada de Guatemala a Jerusalén, lo que provocó reacciones adversas tanto a nivel nacional, como en las relaciones de Guatemala con la comunidad internacional.

En cuanto a los asuntos internos, el desencanto es mayúsculo. Prometió una "nueva política", para caer rehén de las mafias que han cooptado el Estado. A esto se suma la pésima gestión de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 56 adolescentes murieron calcinadas, el 8 de marzo. Semanas después, su hermano Samuel y uno de sus hijos, José Manuel, fueron encarcelados por fraude a Hacienda. Posteriormente, la Fiscalía y la CICIG pidieron que el mandatario fuera despojado de su inmunidad, para responder al delito de financiamiento electoral ilícito, del que lo salvó el Congreso con una votación que no fue suficiente para clausurar el proceso, que puede ser reabierto en cualquier momento.

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