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El Congreso de Guatemala entona un "perdón" colectivo y vota dar marcha atrás al blindaje legal a Morales

La presión social en la calle fuerza a los diputados a retractarse en una sesión extraordinaria para mantener las penas a los delitos de corrupción

Una manifestación la renuncia de Morales.
Una manifestación la renuncia de Morales. AFP

Con el voto unánime de los 130 diputados que este viernes acudieron a la sesión extraordinaria del Congreso, convocada para dar marcha atrás a la modificación de dos artículos del Código Penal con los que los legisladores pretendían blindar al presidente Jimmy Morales, el Legislativo sepultó una ley que la opositora Nineth Montenegro definió como “atrocidad jurídica”.

No fue una reacción espontánea de los legisladores que se percataron de su error monumental –la norma era, incluso, violatoria de la Constitución–, sino fruto de las protestas de la población que salió a las calles para denunciar esa situación y de las críticas de la comunidad internacional y de la prensa independiente, cuyos titulares subrayaban que el Congreso legislaba a favor de la corrupción y la impunidad.

Nada más trascender las reformas, decenas de guatemaltecos se congregaron frente al Congreso y en la plaza Mayor, frente al antiguo palacio de Gobierno para condenar la acción y exigir, a voz en grito, la depuración del Legislativo y la renuncia del presidente Jimmy Morales. Conforme pasaban las horas, las manifestaciones se tornaron numerosas y se produjeron réplicas en ciudades importantes del interior del país.

La manera en que se aprobaron los artículos, en una sesión ordinaria celebrada la víspera de las fiestas de la Independencia de Guatemala, proclamada el 15 de septiembre de 1821, era ya de por sí, “sospechosa”. Muy raramente en el año el Congreso reúne en el pleno a tantos legisladores. Más difícil de creer, cuando era la víspera del puente más largo del año.

“Es innegable que hay mala intención. Que con estos decretos los legisladores pretenden legalizar la corrupción”, dijo, la noche del jueves, la Fiscal General del Estado, Thelma Aldana, a la cadena de noticias estadounidense CNN en español.

Uno de los ponentes de la ley, Manuel Conde Orellana, es de los pocos que en las condiciones actuales apoya la norma, aunque reconoce que la manera en que fue aprobada fue un error. Insiste, eso sí, en la necesidad de reformar la tipificación del delito de financiamiento ilícito, aspecto que trabajará para que en el futuro se distinga entre tres supuestos: financiamiento ilícito, cuando proviene de organizaciones delictivas; el no registrado, cuando los aportes no se consignan en los libros de contabilidad del partido, y el anónimo, cuando no se logra establecer su origen. “Los tres deben tener una pena diferente”, dijo Conde a EL PAÍS.

Septiembre negro de Jimmy

Para el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, los últimos días han sido un virtual "suicidio político". Si bien logró que el Congreso paralizara parcialmente que fuera despojado de su inmunidad, lo que le hubiera significado ser separado del cargo y responder ante los tribunales por el delito de financiamiento electoral ilícito como ciudadano común, el costo es muy alto. Al no lograr los 105 votos necesarios para que la denuncia fuera archivada en definitiva, queda a merced del chantaje de los diputados que en cualquier momento pueden reactiva la demanda.

Para colmo, durante la semana trascendió que el mandatario cobraba del Ejército un “bono de seguridad” –incomprensible en la medida en que el mandatario no es empleado de la institución armada y, como presidente, tiene un cuerpo de seguridad concebido para su protección y la de su familia– con el escándalo consecuente. En un vídeo pre grabado difundido por el canal televisivo de la Presidencia, el mandatario, que lleva más de un mes sin dar la cara a los medios, anunció que devolvía al Ejército el monto acumulado de las mensualidades recibidas, equivalentes a unos 70.000 dólares. El gesto, sin embargo, fue calificado como “insuficiente” por Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, quien comentó para este periódico que prepara una demanda para que el mandatario responda penalmente por lo que Marroquín considera un delito.

Y la noche del 14 de septiembre, cuando el mandatario y sus ministros acostumbran presidir el inicio de las celebraciones de la Independencia en la Plaza Mayor, una multitud enardecida irrumpió en la tribuna de honor desde donde tradicionalmente se preside el acto y destrozó el escenario, al grado de impedir el acto. Jimmy, que el lunes viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, vive en horas bajas, aún sin llegar al ecuador de su mandato.