Trump cambia de estrategia en la batalla judicial contra Stormy Daniels para evitar declarar ante el juez

La batalla de Donald Trump por hundir judicialmente a la actriz Stormy Daniels se ha convertido ahora en un intento por salir del enredo como sea. Los abogados de Donald Trump y su excolaborador Michael Cohen comunicaron durante este fin de semana al juzgado de Los Ángeles que se encarga del caso que no merece la pena seguir litigando con la actriz porno. Con este movimiento, intentan evitar que el juez les llame a declarar para dar su versión. El abogado de la actriz, Michael Avenatti, respondió el lunes con un escrito argumentando que el caso debe seguir adelante.

El origen de esta disputa judicial está en la demanda que interpuso en marzo Stephanie Clifford, verdadero nombre de Daniels, para anular el contrato de confidencialidad que firmó poco antes de las elecciones de 2016 con Michael Cohen, entonces abogado personal de Trump, para no hablar de su supuesta relación con el magnate inmobiliario. A cambio de su silencio, Daniels cobró 130.000 dólares. En la demanda, Daniels afirma que el contrato era nulo, entre otras cosas, porque Trump nunca lo firmó y porque su objetivo era ilícito (financiar la campaña electoral). El pasado 21 de agosto, Cohen admitió su culpabilidad en este delito ante un juez de Manhattan y acusó a Trump de cómplice, una declaración que en principio beneficia a Daniels.

Ahora, la estrategia de Trump y Cohen parece ser evitar por todos los medios que tengan que declarar en el caso. El pasado sábado, el abogado del presidente envió un escrito al juez en el que se muestra dispuesto a aceptar que el acuerdo en cuestión no es válido y renuncia a demandar a la actriz por romperlo, pese a que en el pasado ha dicho que lo haría en más de una ocasión. Horas antes, la empresa a través de la cual Cohen realizó el pago ofreció rescindir ese contrato de confidencialidad, si la actriz porno devuelve el dinero.

El lunes, Avenatti respondió en el juzgado con un escrito durísimo en el que se niega a dar por terminado el caso. “El deseo repentino de los acusados de escaparse de este caso sin consecuencias reales refleja una realidad profundamente perturbadora: que los acusados han estado engañando sin vergüenza a este juzgado y al público americano durante más de seis meses”, escribe. El abogado recuerda que la otra parte no solo negó los hechos, sino que amenazó con arruinar a la actriz. El propio Trump tuiteó que el acuerdo de confidencialidad “está vigente y con toda su fuerza”. Ahora dice que nunca fue válido y no tiene sentido defenderlo.

“La corte no puede permitir a los acusados salir de este caso sin enfrentarse a consecuencias reales o una investigación seria sobre la verdad”, dice el escrito. Avenatti argumenta que Cohen y Trump podrían seguir difamando a Daniels y diciendo en público lo que quieran sobre este asunto sin que haya sido establecida cuál es su versión bajo juramento. Además, los acusados no se han ofrecido a pagar los costes judiciales de Daniels.

El próximo 24 de septiembre se celebrará una vistilla para decidir si el caso sigue adelante.

La estrategia de Trump y Cohen se había centrado hasta ahora en negar los hechos y desacreditar a la actriz porno. Pero, según avanzaba la investigación del FBI e iban apareciendo informaciones en la prensa, poco a poco han ido reconociendo partes del relato. En este tiempo, la actriz ha ampliado la denuncia por difamación contra ambos por las cosas que han dicho sobre ella.

En el plano judicial, Trump activó el arbitraje que prevé el contrato de confidencialidad y, por medio de una decisión de un árbitro independiente (un proceso en el que la parte de Daniels ni siquiera fue escuchada), logró en marzo una orden que obligaba a la actriz a guardar silencio. Días después, la actriz y su abogado desafiaron de nuevo el contrato con una entrevista en televisión. Los abogados de Trump amenazaron en el juzgado con pedir un millón de dólares a Daniels por cada violación del contrato, hasta 20 millones de dólares.

El abogado de la actriz, Michael Avenatti, se ha hecho un nombre propio en el universo de la resistencia contra Trump con la agresividad judicial y mediática con la que respondió a las amenazas de los abogados del presidente. Su principal objetivo en el proceso, aparte de lograr una indemnización para Daniels, es interrogar al presidente y a Michael Cohen bajo juramento y hacer públicos esos testimonios.

Trump y sus abogados se han contradicho tantas veces en público sobre el caso en los medios que sería muy raro que el juzgado de Los Ángeles no los llamara a declarar para saber cuál es su versión bajo juramento. Avenatti ha dicho en los medios que sus argumentos para lograrlo se han visto aún más reforzados con la reciente declaración de culpabilidad de Cohen sobre el pago. Hace menos de un año negaba su existencia.

Si fuera llamado a declarar, Trump podría intentar evitarlo recurriendo al Tribunal Supremo, pero los precedentes no están de su parte. Según la doctrina actual, el presidente no puede ser imputado mientras está en el cargo, pero sí debe acudir a declarar en los litigios civiles que se le presenten, como cualquier ciudadano. El precedente más claro es el de Bill Clinton, que tuvo que declarar en la demanda por acoso sexual de una antigua empleada a la que conoció siendo gobernador de Arkansas, Paula Jones. De aquel testimonio salió la base para acusar después a Clinton de perjurio, un enredo que le llevó a ser el segundo presidente de la historia que se enfrenta a la destitución (impeachment) en el Congreso.