Todas las opciones legales de Trump son malas después de la confesión de Cohen

El pasado martes, 21 de agosto, Donald Trump fue acusado bajo juramento de haber cometido un delito federal. Hasta ahora, los problemas legales de Trump se limitaban a una serie de relaciones circunstanciales con una posible connivencia de su campaña con los intentos del Gobierno ruso de influir en las elecciones. Pero ahora un hombre que se ha declarado culpable del delito de financiación ilegal de campaña ha dicho, delante del juez, que Trump fue su cómplice e instigador. El presidente no puede ser imputado por un juez mientras está en el cargo. Pero sí puede ser investigado e interrogado.

¿Qué debe ahora hacer la fiscalía con esa información? “La respuesta corta es que no están obligados a hacer nada”, responde Sam Erman, historiador de la Constitución y profesor de derecho constitucional en la Universidad del Sur de California (USC). “La realidad es que tienen un margen muy amplio para decidir qué quieren investigar. Pero en este caso está claro que van a seguir investigando”, opina Erman, por la trascendencia política del caso y porque ya ha quedado claro que la fiscalía de Manhattan le da importancia y está investigando más.

Las horas posteriores a la confesión de Cohen refuerzan la idea de que la fiscalía no considera acabado el caso. Siempre citando fuentes anónimas, los medios norteamericanos aseguran que al menos dos personas muy relevantes en la historia están cooperando a cambio de inmunidad. Uno es David Pecker, el presidente de American Media, la editora del National Enquirer, el periódico que supuestamente ayudó a Trump comprando en exclusiva la historia de Karen McDougal, la modelo de Playboy que asegura haber tenido una relación sexual con Trump. El periódico no la publicó nunca después de pagarle 150.000 dólares. Supuestamente, no era la primera vez que ayudaba a Trump a enterrar una historia negativa. Pecker y Trump son muy amigos.

El otro es Allen Weisselberg, el director financiero de Trump Organization, el conglomerado de empresas del presidente. Weisselberg trabaja para la empresa desde antes que Trump. Empezó a trabajar para su padre en 1970. Lo sabe todo. Hay pocas dudas de ya que el presidente es ya parte de la investigación. “Una vez que estás en una investigación federal, ya tienes problemas”, dice Erman. “Está claro que miran hacia más gente y uno de ellos es el presidente”.

Las duda es si, dentro de esa investigación, Trump es un ciudadano más. “Para la investigación en sí da igual que sea presidente”, aclara Erman. El presidente puede ser investigado por cualquier juzgado. Pero no está claro si puede utilizar contra él todas las armas de la fiscalía. “Los precedentes son escasos porque no pasa a menudo”.

La primera pregunta es si el juzgado puede obligar a Trump a entregar documentación. Ahí, “sabemos que los presidentes están obligados a entregar los documentos que les pida la justicia, por el precedente de Richard Nixon en el Watergate”, cuando el Tribunal Supremo le obligó a entregar las grabaciones del Despacho Oval.

En segundo lugar, hay que saber si le pueden llamar a declarar. En casos civiles, “los tribunales tienden a proteger el tiempo del presidente”, explica Erman, y el proceso se aplaza hasta que deje el cargo. Pero existe el precedente de Bill Clinton, que fue obligado a declarar en la demanda civil de Paula Jones por acoso sexual en 1998. Intentó oponerse, pero el Tribunal Supremo decidió que el presidente no está exento de declarar en los casos civiles que le afectan.

Pero en una cuestión penal, el asunto está sin resolver. El Tribunal Supremo nunca ha dicho claramente si se puede obligar a declarar como imputado a un presidente, ya que un presidente no puede ser imputado. Esto último tampoco está resuelto, ya que Nixon dimitió antes de que se planteara el conflicto y, al ser perdonado por su sucesor, nuca enfrentó la cuestión. Este es el tema está sobre la mesa en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones. Mueller puede llamar a declarar al presidente, según la mayoría de los expertos, pero está intentando que lo haga voluntariamente para no desatar una batalla legal en el Supremo.

Mientras, en un juzgado de Los Ángeles existe un tercer frente judicial. Es la denuncia original de la actriz porno Stormy Daniels, que lo único que pide es que un juez la libere del contrato de confidencialidad que le impide contar su supuesta relación sexual con Trump, que él niega. Trump y su equipo de abogados han dado tantas versiones distintas de cómo se hizo el pago a Daniels por su silencio, que el abogado de la actriz, Michael Avenatti, también quiere interrogar al presidente. La confesión de Cohen refuerza su posición. Si trata de oponerse, de nuevo el precedente de Clinton no favorece a Trump.

Y una vez que testifique, voluntario u obligado, en uno de estos tres casos, todo puede pasar. “Hay dos grandes peligros para Trump”, opina Erman. “Uno, que mienta. Y el otro, que diga la verdad y se incrimine, o revele algo políticamente muy dañino”, aunque al final no sea delito. Para que un fiscal considere que está mintiendo, basta con comparar lo que diga bajo juramento con sus tuits. “Los tuits son evidencias, son cosas que ha dicho. Se puede utilizar como referencia de lo que él cree y por tanto pueden dañar su credibilidad”. De nuevo, los precedentes no están de su parte. La mentira de Clinton al declarar en el caso de Paula Jones dio origen a la acusación de perjurio que le llevó al impeachment.