Costa Rica pospone la legalización del matrimonio igualitario

El matrimonio entre personas del mismo sexo se encamina a ser una realidad en Costa Rica. La Sala Constitucional del país ha emitido este jueves un fallo que declara inconstitucionales los artículos que impiden el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. La decisión ha dejado sin embargo insatisfechas las expectativas del movimiento pro derechos LGBTI, al mantener vigentes las normas que solo permiten el matrimonio entre mujeres y hombres durante los próximos 18 meses, el tiempo que el alto tribunal ha concedido a la Asamblea Legislativa para regular esta nueva figura legal. Si el Congreso no aprueba ninguna ley, las normas declaradas inconstitucionales quedarán automáticamente derogadas en 2020.

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"Es un adefesio jurídico que no tiene pies ni cabeza. Una violación total a los derechos humanos de los ciudadanos de la población sexualmente diversa. Los magistrados se están lavando las manos", ha dicho a EFE el vicepresidente del Movimiento Diversidad, Víctor Hugo Monge, quien criticó la "cobardía" de los magistrados, que "no quisieron asumir su responsabilidad legal" y la trasladaron al Congreso, donde no cree que avance proyecto alguno debido a la cantidad de diputados conservadores. "No estamos contentos pero creemos que es un paso más. No es un gane pero tampoco una derrota", ha añadido Monge.

Tras la sesión más larga de su historia de casi tres décadas, la Sala Constitucional publicó casi a la medianoche del miércoles el resultado de una votación dividida que apagó los planes de festejo de decenas de manifestantes pro derechos LGTBI que aguardaban junto al edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José. El fallo declara inconstitucionales el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, el cual establece que "es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo", así como el artículo 242 que indica que las uniones de hecho son entre hombre y mujer, pero de momento las mantiene vigentes, a pesar de la opinión consultiva emitida en sentido contrario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 9 de enero.

Contrario a la expectativa que había de zanjar una discusión legal de más de una década, el debate pasa ahora a un recinto más combustible: la Asamblea Legislativa donde hay mayoría de conservadores y donde es segunda fuerza política el Partido Restauración Nacional (PRN), la agrupación cristiana evangélica que tras las recientes elecciones del país se convirtió en la segunda fracción parlamentaria más numerosa.

El diputado oficialista Enrique Sánchez, primer homosexual en ocupar una curul luego de hacer pública su orientación sexual, no ocultó su decepción. “Los magistrados tomaron una decisión jurídicamente inexplicable y con una creatividad nunca antes vista. No se entiende por qué posponer una decisión que podían responder hoy mismo con suficiente potestad y jurisprudencia [la tradición de apegarse a los pronunciamientos de la CIDH]”. Por eso Sánchez anunció que acompañará la decisión de un grupo de familias homoparentales de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la intención de que el caso llegue al tribunal continental y se condene al Estado costarricense a habilitar el matrimonio igualitario.

El encargado de revelar el resultado de la votación en la noche de este miércoles fue el magistrado Fernando Castillo, un evangélico practicante que se opone a la legalización del matrimonio igualitario. Argumentó que quisieron delegar la decisión en la Asamblea Legislativa con el objetivo de evitar una “dislocación social”, considerando la controversia que genera este tema. Sin embargo, podría ocurrir algo muy diferente, a juzgar por las posiciones enardecidas que ya han expresado algunos legisladores con apoyo de algunos sectores populares. El debate se podría mezclar o condicionar con negociaciones de asuntos urgentes en la agenda del Gobierno, como los proyectos contra la crisis fiscal del país. 

Cuatro jueces del tribunal constitucional votaron parcialmente a favor de los recursos presentados en 2013 y 2015 que impugnaban reglas distintas, pero que perseguían el mismo objetivo: dar reconocimiento estatal a más de 1.000 uniones de personas no heterosexuales ya existentes o permitir el acceso al matrimonio a miles de personas que así lo deseen. 

Costa Rica evita así convertirse en el país 27 en el mundo en poner en vigencia la legalidad del matrimonio igualitario. Se asemeja más bien a Taiwán, donde el 24 de mayo el Tribunal Constitucional dio dos años al parlamento para reformar las leyes y, si eso no ocurre, las parejas del mismo sexo podrían entonces acudir en 2020 a los ayuntamientos para casarse.