Los países de la UE expresan dudas sobre las plataformas de desembarco para migrantes propuestas por Bruselas

Los países de la Unión Europea acogen con tibieza las dos grandes iniciativas comunitarias para serenar el debate migratorio. Se trata de los llamados centros controlados —dentro de Europa— para evaluar si los migrantes recién llegados tienen o no derecho al asilo y de las plataformas exteriores para desembarcar a los náufragos rescatados en aguas ajenas a la UE. Lejos de celebrar la inmediatez que proponía la Comisión Europea el martes, con un proyecto piloto para gestionar los desembarcos en territorio europeo ya este verano, los representantes de los Estados miembros casi ignoraron este miércoles esa iniciativa interna y se centraron en debatir la dimensión exterior. El resultado fue poco concluyente, con una apelación general a precisar más los conceptos, según las fuentes consultadas.

Los jefes de Estado y de Gobierno dieron el mandato a la Comisión para explorar estas dos ideas con rapidez. Pero la primera discusión formal sobre esas líneas maestras ha arrojado más dudas que certezas. Por iniciativa de la presidencia austriaca, al mando de la UE este semestre, el debate se centró en esas instalaciones que la UE pretende promover en terceros países (previsiblemente del norte de África) para evitar que quienes salen irregularmente de las costas africanas lleguen a Europa. Austria, partidaria de mayor dureza frente a la migración, está decidida a implicar más a los países africanos en la lucha contra las salidas irregulares. Otros Estados (entre ellos España y Francia) recelan de una aproximación estricta hacia los socios africanos porque consideran que puede provocar más perjuicios que beneficios.

Más allá del obstáculo que supone la negativa —al menos inicial— de todos estos países a albergar las llamadas plataformas de desembarco, muchos Estados miembros admiten las lagunas jurídicas que presenta este modelo. Algunos hasta temen que provoquen un efecto llamada en los flujos migratorios. Los representantes ante Bruselas instan a esperar a la reunión que se celebrará el próximo lunes con las dos agencias de la ONU que deberían gestionar estas plataformas (la de refugiados, Acnur, y la de migraciones, OIM) para perfilar el esquema.

Más sorprendente resulta que la reunión apenas abordase el plan provisional de la Comisión para desvincular dos obligaciones: la de desembarcar en los puertos europeos y la de acoger a los rescatados, con una oferta de 6.000 euros por migrante acogido para los países que aceptasen voluntariamente asumir la gestión de los recién llegados.

La falta de discusión revela también que Italia, el país que más ha tensado la cuerda al negarse a abrir sus puertos a algunos barcos (el más emblemático, el Aquarius, que acabó en España) ha relajado el discurso en los últimos días. Tras amagar con no permitir ni siquiera que atracaran en sus puertos los barcos de la operación militar Sophia, que Italia promovió en 2015 para desmantelar las mafias que trafican con migrantes y que lidera desde entonces, el Gobierno de Roma ha dado una tregua.

A finales de agosto se volverá a discutir el mandato de esta operación y las autoridades italianas aprovecharán para pedir que los barcos de esta misión que rescaten migrantes no tengan por qué ser acogidos en las costas italianas, según fuentes diplomáticas.