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La fiscalía rusa redobla su acción para probar supuestos pagos ilegales a los demócratas en EE UU

El órgano judicial ha divulgado una lista de rivales políticos de Trump a los que quiere interrogar

El presidente de EE UU, Donald Trump, junto al Secretario de Estado Mike Pompeo este miércoles en Washington.
El presidente de EE UU, Donald Trump, junto al Secretario de Estado Mike Pompeo este miércoles en Washington. AP

La primera iniciativa de Moscú con relación a Washington tras la cumbre en Helsinki entre el presidente de EE UU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, cuestiona la honestidad del sistema político estadounidense y del Partido Demócrata. La “ayuda” procede de la Fiscalía General del Estado de Rusia, que este miércoles ha divulgado una larga lista de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que desearía interrogar en EE UU, y supone un apoyo a la causa del presidente republicano frente a sus rivales políticos. Este movimiento echa un capote al líder republicano, que trata de capear el rechazo que ha provocado en parte de la clase política de su país por su comprensión y complacencia con Putin en la capital finlandesa.

La lista de divulgada por la fiscalía general incluye Mikel McFaul, el exembajador estadounidense en Rusia en tiempos de Barack Obama, excargos de responsabilidad en Departamento de Estado, así como funcionarios de diferentes servicios de seguridad y del Congreso. El jefe del departamento de relaciones con los medios de la fiscalía rusa, Aleksandr Kurennói, mencionó con su nombre a un mínimo de 11 personas procedentes del área de la política, la seguridad y el empresariado de EE UU durante una sesión informativa celebrada en la capital rusa, según informó la agencia oficial Tass.

Kurennói relacionó a todos los mencionados con el ejecutivo William Browder, un ciudadano británico de origen estadounidense, que fue fundador de la consultoría financiera Hermitage Group Capital. Rusia persigue internacionalmente a Browder por irregularidades financieras y en ausencia le ha condenado a nueve años de prisión. El pasado mes de mayo Browder estuvo varias horas detenido en Madrid hasta que la policía española determinó que una orden de la Interpol expedida a solicitud del Gobierno ruso carecía de validez.

En Helsinki, el presidente Putin había acusado al financiero de haber defraudado al fisco y de evadir capitales, de los cuales, según dijo, “400 millones de dólares” (343,5 millones de euros) habían ido a parar a la cuenta del Partido Demócrata de EE UU. En la transcripción de la rueda de prensa en la página de web del Kremlin, la cifra que Putin mencionó ha sido corregida y rebajada a 400.000 dólares.

“La Fiscalía General de la Federación Rusa está dispuesta a presentar a EE UU documentos que confirman la culpabilidad del fundador del fondo Hermitage Capital, William Browder”, dijo Kurennói, quien explicó que a este ejecutivo se le acusa de comprar ilegalmente acciones de las empresas petroleras rusas, incluida Gazprom, en interés de inversores extranjeros y de haber evadido de Rusia un capital de 1.500 millones de dólares. De esta suma, afirmó, “un mínimo de 400.000 dólares” fue transferido a la cuenta del Partido Demócrata.

Uno de los más beneficiados de las operaciones de Browder fue el fondo de los hermanos Ziff, dijo el portavoz de la fiscalía, según el cual estos hermanos habían entregado “1,2 millones de dólares al fondo de los demócratas”. Incluidos en la lista de la fiscalía rusa están tres funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional, funcionarios de la CIA, un antiguo responsable de política interior rusa en el Departamento de Estado, ayudantes de senadores demócratas y “el de todos conocidos Mikel McFaul, “bajo cuya dirección en Rusia en los años 2009 y 2010 se recopilaron informes al Departamento de Estado estadounidense acerca de la marcha de la investigación sobre el caso Magnitski”.

El abogado Serguéi Magnitski, colaborador y amigo de Browder, que investigaba un caso de corrupción en el que estaban implicados funcionarios rusos, fue él mismo acusado y encarcelado y murió en prisión, aparentemente privado de atenciones médicas y golpeado en 2009. Su caso, que causó gran indignación en occidente, está en el origen de una ley firmada por Barack Obama en diciembre de 2012 en la que se establecían sanciones contra los funcionarios rusos considerados responsables de la muerte del abogado. Posteriormente, en diciembre de 2016, la llamada ley Magniski adquirió carácter global en EE UU, que puede aplicarla para sancionar a funcionarios a los que considera corruptos y responsables de abusos en cualquier parte del mundo. Rusia respondió a la ley Magnitski con otra que prohibía a los ciudadanos estadounidenses adoptar a niños rusos.

Según Kurennói, la lista no es exhaustiva y hay un número bastante importante de personas “que deben ser interrogadas con la participación de los fiscales de instrucción rusos”. “Esta gente es de los funcionarios de los servicios especiales, congresistas, senadores de EE UU y sus ayudantes, diferentes funcionarios del Estado”, dijo.

“La fiscalía general de la Federación Rusa está dispuesta a entregar a EE UU documentos que confirman la culpabilidad del fundador del fondo Hermitage Capital William Browder”, afirmó el portavoz, según el cual en la lista se puede incluir también a Christopher Steele, “un agente del servicio secreto británico MI6, que durante largo periodo de tiempo tuvo contacto con el grupo de lobbistas del acta Magnistki”. “Precisamente a través de esta persona” [Steele] se iniciaron las investigaciones del fiscal especial Mueller, conocido con el nombre del 'dossier Trump'”, señala la agencia Tass.

McFaul, un especialista académico en Rusia con muy buenas relaciones en la clase política rusa de los años noventa, está en la lista de políticos norteamericanos a los que Rusia ha prohibido la entrada en el país. El Kremlin le hizo el vacío durante la época en que representó a la administración Obama en Moscú.

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