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Un inversor español en Rusia denuncia amenazas y la expropiación ilegal de una mina

Daniel Rodríguez reclama al Kremlin 500 millones de dólares como indemnización por la intervención de las autoridades de Kémerovo en una mina de carbón

UN minero en la región de Kémerovo.
UN minero en la región de Kémerovo.

Un empresario español asegura haber recibido decenas de amenazas procedentes de Rusia para que abandone su pretensión sobre una mina de carbón en Siberia por valor de 500 millones de dólares.

El empresario, Daniel Rodríguez, libra una batalla legal para recuperar su inversión en la mina que asegura fue expropiada indebidamente en 2013 por un aliado del presidente ruso Vladimir Putin, el ex gobernador de Kémerovo Aman Tuleyev.

“Me amenazaron en decenas de llamadas en las que me advirtieron que dejara de buscar justicia o de lo contrario me tendría que esconder en la Antártida para estar a salvo”, le dijo Rodríguez a EL PAÍS.

Rodríguez compró la mina Gramoteinskaya en octubre de 2013 como accionista mayoritario de la compañía británica de inversión Lehram Capital Investments. Dos meses más tarde, la mina fue intervenida por las autoridades de la región de Kémerovo (suroeste de Siberia) que arrestaron al director de Lehram, Igor Rudyk, y le obligaron a firmar la venta al magnate ruso Alexander Shchukin, según Rodríguez.

La firma de abogados londinense que representa a Lehram anunció a este diario que se dispone a iniciar un proceso de arbitraje internacional en La Haya contra Rusia por violación del Convenio ruso-británico que protege las inversiones extranjeras entre ambos países. Lehram reclama a Moscú una indemnización por el valor de la mina en el momento de su pérdida más daños y perjuicios. Este diario contactó al ministerio de Exteriores y del Interior rusos pero no obtuvo respuesta. 

Rodríguez se quejó de que no ha recibido apoyo por parte de las autoridades españolas a las que les comunicó en noviembre que ha sufrido amenazas. El empresario, que anteriormente invirtió en minas de Sudamérica y África, dice que siempre ha mantenido un perfil bajo, sin embargo su temor ha crecido tras el envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal el mes pasado en Inglaterra. En Rusia son frecuentes las amenazas contra quienes se interponen en el camino de los poderosos, según los críticos del Kremlin. En el caso de Rodríguez, sus interlocutores han tratado de recalcar que no pronuncian palabras vacías.

“En sus amenazas dejaron claro que sabían mi paradero. Sabían con quién me había reunido, dónde y cuándo, incluso la marca, modelo y color del coche que usé”, añadió.

“Mis representantes hablaron en noviembre con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a quienes les presentaron el caso y les solicitaron una reunión con el ministro (Alfonso) Dastis, pero aún no se han comunicado con nosotros”, lamentó el empresario español.

El ministerio de Asuntos Exteriores no respondió a una solicitud de comentario por parte de este diario al tiempo de publicación de esta información. 

"Forma muy descarada de expropiación"

Rodríguez dice que vio una buena oportunidad de negocio en la mina Gramoteinskaya, que compró al magnate ruso Roman Abramovich. Rodríguez esperaba que la mina de más de 300 millones de toneladas de carbón le reportaría una media de 44 millones de dólares al año en ganancias antes de impuestos.

La legislación doméstica rusa y los convenios firmados por Rusia con países de Occidente protegen las inversiones extranjeras de la expropiación. Algunas regiones como la minera Kemorovo son vistas por los inversores extranjeros como especialmente arriesgadas por la interferencia del gobierno local.

Las autoridades locales ordenaron el arresto del director de Lehram Rudyk en diciembre de 2013 por tener el pasaporte caducado. Le forzaron bajo amenaza de condena a cinco años de cárcel a firmar la venta de la mina, a pesar de que no tenía poder para ello, según los abogados de Lehram.

En rueda de prensa, el gobernador Tuleyev anunció que la mina fue traspasada al multimillonario ruso Alexander Shchukin. Tuleyev justificó la adquisición porque Lehram se había demorado en pagar salarios a los mineros, a pesar de que las autoridades de la región y la empresa habían previsto un retraso temporal por motivos de liquidez. Lehram alega que un retraso en los pagos a trabajadores nunca sería suficiente justificación de acuerdo a la ley rusa o a la ley internacional para expropiar a una compañía extranjera.

“Hay muchas formas de expropiación, pero sería muy difícil negar que este caso supone una forma muy descarada de expropiación directa”, le dijo a este diario Shai Wade, abogado de la firma que representa a Lehram, Stephenson Harwood.

Tuleyev gobernó la región de Kémerovo (de 2.7 millones de habitantes) durante 21 años hasta su dimisión el 1 de abril después del incendio en un centro comercial que causó la muerte a más de 60 personas. Los críticos de Tuleyev lo veían como un símbolo de los excesos del autoritarismo en una región donde las huelgas y accidentes mineros son frecuentes. Presentó su dimisión tras una reunión con Putin en medio de protestas por la catástrofe. Putin nombró como gobernador interino al segundo de Tuleyev, Sergei Tsivilev.

Shchukin se encuentra en prisión acusado de extorsión a otro empresario minero de la región, según la prensa rusa. El conglomerado del que es copropietario Shchukin, Sibuglemet, no respondió a una solicitud de comentario.

Los inversores extranjeros deberían evitar Rusia, le dice a El País Bill Browder, un inversor estadounidense que fue víctima de expropiación en la década pasada: "Por lo general es de esperar que si tienes una inversión rentable en Rusia, las autoridades corruptas y los oligarcas intentarán robártela".

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