“El diálogo es la única salida. Hay que lograr la reconciliación”

Ochenta días de máxima tensión, 309 muertos, un demoledor informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tres altos funcionarios sancionados por EE UU y una cuestión clave: elecciones anticipadas sí, o elecciones anticipadas no. Nicaragua está sumida en una profunda crisis social y política en la que la violencia se ha convertido en la protagonista. La ciudadanía lleva meses en las calles pidiendo un adelanto electoral que el presidente, Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se niega a conceder hasta que no se calme la situación. Paul Oquist, secretario de políticas públicas, recibe este viernes a EL PAÍS en la Embajada de Nicaragua en Madrid, en una gira internacional para explicar la visión del Ejecutivo del comandante Ortega, como él lo llama, de los acontecimientos del pequeño país centroamericano que tiene en vilo a la región y muy pendiente al resto de la comunidad internacional.

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Oquist (Chicago, 1944) asegura que “el golpismo ha sido derrotado”. Se refiere a los cientos de miles de manifestantes —muchos de ellos jóvenes estudiantes— que “violentamente”, insiste, piden el “derrocamiento” del Gobierno. Este político, que renunció a su nacionalidad estadounidense al mudarse a Nicaragua en 1961 con solo 17 años, exhorta al diálogo. “La opción del diálogo es la única salida a la situación. Se tiene que lograr una reconciliación nacional” para los seis millones de habitantes del país, dice. “Cese de la violencia, confianza y paz”, repite como un mantra.

A pesar de que Oquist, de 74 años, asegure una y otra vez que las manifestaciones son el reflejo de un golpe de Estado para colocar en el poder un Gobierno provisional auspiciado por los propios golpistas —a los que identifica con los manifestantes más violentos—, no descarta un adelanto electoral siempre y cuando cesen las agresiones. “Todas las opciones están encima de la mesa si cesa la violencia”, concede. Y con “todas”, también se refiere a unas elecciones anticipadas.  

Para Oquist, ese cese de la violencia sólo y exclusivamente se centra en un levantamiento de las barricadas por parte de los grupos y ciudadanos opositores. “Son ilegales y anticonstitucionales”. Explica que el Gobierno de Ortega ya ha hecho algunas cesiones para intentar rebajar la tensión que Nicaragua vive últimamente. Y enumera; retirar la propuesta de rebaja de las pensiones del 5% —la chispa que encendió al país el pasado 18 de abril—, abrir la puerta a la negociación política con la que, “por supuesto”, volverán a aceptar la mediación de la Iglesia, invitar a observadores internacionales electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) en unos comicios potenciales y prometer investigaciones forenses que depuren responsabilidades de las decenas de asesinatos que han quedado impunes, según la CIDH y también el propio Gobierno. “Todo eso son gestos”, exclama dejando entrever que son ahora los manifestantes opositores los que tienen que dar el siguiente paso. 

La CIDH publicó el pasado mayo un informe en el que se documentaban torturas, violaciones de los derechos humanos y presencia de francotiradores en las protestas, que ya han dejado más de 300 muertos. Oquist no lo rechaza. Tampoco lo niega, pero sí matiza que es sólo una versión de los hechos. “No hay duda de que la violencia viene de los dos lados”. Él cree que los autores del informe se nutrieron de fuentes opositoras y que nunca investigaron las “atrocidades” que han sufrido los ciudadanos que apoyan al Gobierno de Ortega. “Los opositores tienen miedo, los sandinistas tienen miedo, el pueblo tiene miedo. ¡Los criminales están haciendo su agosto!”, exclama.