Ortega desata la violencia en Nicaragua tras el fracaso de las negociaciones
Los obispos dan por suspendido indefinidamente el diálogo para encontrar una solución a la crisis. El Gobierno afirma que se trata de la ruta para fraguar un “golpe de Estado”
Un disparo en la cabeza segó la vida de Manuel de Jesús Chávez Ramírez, de 31 años, y estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de León, turística ciudad colonial localizada en el oeste de Nicaragua. Chávez había levantado junto con decenas de vecinos de esta ciudad una barricada en la vía que la conecta con Managua, la capital. El cerco fue violentamente reprimido por huestes del Frente Sandinista y en los enfrentamientos resultaron heridos, además, un centenar de personas, según información de la Cruz Roja local.
Así responde el Gobierno de Daniel Ortega a la presión popular que le exigía encontrar una salida pacífica a la difícil crisis que atraviesa Nicaragua mediante un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia. El mandatario se negó a aceptar las condiciones del diálogo, que pasan por aprobar profundas reformas para democratizar el país, y afirmó a través de su canciller, Denis Moncada, que lo que ahí se discutía era una "ruta para un golpe de Estado". Al no haber consenso, los obispos decidieron dar por suspendidas indefinidamente las negociaciones.
La respuesta popular fue inmediata. Se reforzaron los bloqueos en todo el país, principalmente en las zonas productivas del norte y el sur, de donde Managua, la capital, se abastece de alimentos. Las barricadas también se levantaron en varios puntos de la ciudad y los estudiantes reforzaron su atrincheramiento en las universidades públicas.
La noche del miércoles fue caótica en Nicaragua. Las huestes de Ortega sembraron el terror en varias partes del país. El presidente intenta mantenerse en el poder enviando un mensaje de fuerza para acallar la presión popular. De esta manera viola la primera recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigió al Gobierno cesar inmediatamente la represión en Nicaragua, después de que el lunes una misión de ese organismo presentara en Managua los hallazgos de su visita para comprobar la situación de los derechos humanos en el país.
El informe recoge denuncias del empleo de francotiradores para reprimir las protestas, lo que abría la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, advirtieron los comisionados. La violencia desatada por el Estado, según las conclusiones de la CIDH, dejó 76 muertos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones contra una reforma a la Seguridad Social impuesta sin consenso por Ortega.
Los obispos —que denunciaron amenazas de muerte e intimidación— intentaron el miércoles salvar las negociaciones para encontrar una salida a la crisis. En una sesión de seis horas el Gobierno mantuvo su posición intransigente. Los delegados de Ortega en la mesa de negociación dijeron que no podía haber discusiones si antes no se levantaban las barricadas que obstaculizan el tránsito en puntos clave del país y en la capital. El presidente del Banco Central calculó en 260 millones de dólares las pérdidas por los llamados "tranques" y dijo que la crisis podría aumentar la tasa de desempleo, hasta dejar a 58 mil nicaragüenses sin trabajo.
Los empresarios que forman parte de las negociaciones, sin embargo, no hicieron caso de las cifras oficiales. Afirmaron que apoyaban la agenda presentada por los obispos, que establece una reforma parcial a la Constitución para adelantar de forma inmediata las elecciones y destituir a todos los magistrados del Poder Electoral —acusados de fraguar fraudes electorales a favor de Ortega—, así como crear una Ley Marco que permita una transición pacífica y democrática. Las cúpulas empresariales, una de las bases de Ortega para mantener su pudor autoritario, se distanciaron del mandatario y exigieron su salida inmediata del poder. El Gobierno afirmó, por su parte, que en el llamado diálogo nacional se fraguaba un golpe de Estado.
"La agenda que se presentó hoy tiene visos de desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, ese es el objetivo de esa agenda. Es una ruta para un golpe de Estado, para derrocar al Gobierno", dijo el canciller Denis Moncada al ser consultado al final de la sesión. "Es muy grave esa acusación contra la Comisión Mediadora", dijo por su parte Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua. Aquí hay una crisis política en Nicaragua y como Comisión Mediadora hemos elegido la vía pacífica para resolverla", agregó.
El obispo recordó que cuando la Iglesia aceptó la mediación en el diálogo puso como condición que el objetivo de las negociaciones era "ir a la raíz del problema del país para allanar caminos para su democratización", lo que pasa por profundas reformas que inevitablemente terminarían en una salida de Ortega. Al final de la sesión del miércoles los obispos recomendaron a los delegados del Gobierno y a la llamada Alianza Cívica —conformada por universitarios, representantes de la sociedad civil, empresarios, académicos y productores— que formaran una comisión y encontraran un consenso para continuar el diálogo, única vía, dijeron, para solucionar la crisis.
Los nicaragüenses dieron por fracasado el proceso y la tarde del miércoles salieron a las calles de todo el país para exigir la salida de Ortega. Las barricadas se reforzaron en todo el país. "Seguimos invitando al pueblo de Nicaragua a manifestarse", dijo Medardo Mairena, coordinador del movimiento campesino que se opone a la concesión para construir un Canal Interoceánico, entregada por Ortega a un empresario chino.
"Es el pueblo el que se ha manifestado y hay muchos tranques que son auto convocados, la gente tiene su autonomía. Todos sabemos que el único responsable, el único culpable de daños a la economía, de la sangre y de los muertos, es el Gobierno, que no ha querido escucharlos ni ceder, ni siquiera ha mostrado la mínima intención de buscar una salida sin derramamiento de sangre", afirmó Mairena.
La madrugada de este jueves en León, los estudiantes de Medicina de la pública Universidad Nacional Autónoma —alzada contra el Gobierno— improvisaron puestos médicos para atender a los heridos. Denunciaron a través de las redes sociales —la principal forma de comunicación de estos jóvenes indignados— que huestes del Frente Sandinista atacaron varios de estos puestos e incluso intentaron incendiar uno.
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