Hace ya 17 años que Helene Faasen y Anne Marie Thus hicieron historia. Vestidas de blanco y con un ramillete de rosas amarillas se casaron en Ámsterdam. Holanda acababa de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo y Faasen y Thus—que todavía siguen juntas y tienendos hijos— fueron una de las tres primeras parejas en hacer efectivo ese derecho. A Holanda le siguieron otros y desde entonces, son 25 los países que han legalizado el matrimonio igualitario. El último, Alemania, el pasado octubre. Pero mientras, poco a poco —y cada vez más lentamente—, se engrosa el listado de países que han legalizado las bodas homosexuales, las organizaciones de derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI+) alertan de que las resistencias al avance social se han hecho fuertes en otros.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los movimientos ultraconservadores han logrado revertir algunos de los logros conseguidos en Estados Unidos, por ejemplo. Como la presencia de las personas trans en el Ejército o las directrices que avalaban que las personas menores trans usaran las instalaciones correspondientes a su identidad de género; como los baños, explica Daniela Damiano, de Amnistía Internacional. Y algunos Estados, como Alabama o Texas, han aprobado el uso de material escolar que hace hincapié en que la “homosexualidad no es un estilo de vida aceptable”. Todo un panorama que da alas además, alertan las organizaciones de derechos civiles, a los ataques a las minorías sexuales y a los crímenes de odio. Un grave problema, por ejemplo, en América Latina, donde el avance de los derechos LGTBI está siendo duramente contestado.

En Europa, las organizaciones anti-derechos se están movilizando para tratar de evitar el avance del matrimonio igualitario, un derecho que los países de Europa central y del Este tienen aún pendiente. Y otro síntoma de esa polarización que se vive es que mientras que el Gobierno checo acaba de presentar una propuesta para legalizarlo, Rumania celebrará en los próximos meses un referéndum —fruto de una iniciativa ciudadana impulsada por los grupos ultraconservadores— para que la Constitución incluya explícitamente que el matrimonio es solo la institución formada por “un hombre y una mujer”.

“Los objetivos conseguidos en la última década están en riesgo. Y no solo eso, incluso en los países líderes en derechos LGTBI estamos viendo que el avance se ha estancado”, alerta Katrin Hugendubel, directora de Incidencia Política de la rama europea de ILGA, una organización paraguas de asociaciones LGTBI de todo el mundo.

Hugendubel sostiene que el avance de los populismos y de ciertos nacionalismos están perpetuando o incluso promoviendo la discriminación de las personas gais, lesbianas, bisexuales o transexuales. Como en el caso de Hungría o Polonia, donde sus Gobiernos ultraconservadores han adoptado discursos en apoyo de la llamada familia tradicional y contrarios a cualquier otro tipo de realidad.

El director ejecutivo de ILGA internacional, André du Plessis, sin embargo tiene una lectura positiva de los avances y sostiene que aunque la situación en muchos ámbitos y regiones es preocupante, se están produciendo algunos avances. Y pone el acento, sobre todo, en los movimientos de lucha por los derechos civiles, que también se están movilizando para luchar por la igualdad. Como Hugendubel alerta de los ataques a las personas LGTBI. "Nuestras comunidades todavía se utilizan todos los días como chivos expiatorios por parte de líderes que apelan a los 'valores tradicionales' y buscan el apoyo de los sectores más conservadores de su sociedad", dice. "Las leyes que criminalizan y fomentan la discriminación contra nuestras comunidades inevitablemente afectan también las actitudes públicas hacia nosotros", apunta Du Plessis.

Al menos 19 países —entre ellos Rusia, Lituania, Libia o Indonesia— disponen de las llamadas leyes de moralidad o propaganda, con las que los Gobiernos tratan de frenar la difusión de contenidos relacionados con los derechos LGTBI o incluso con las propias personas homosexuales, lesbianas, bixexuales o transexuales directamente. En Indonesia, por ejemplo, la radiotelevisión pública tiene directrices de no emitir contenido o imágenes que muestren la diversidad sexual y de género en varones.

La homofobia y las leyes que la perpetúan siguen siendo una constante en gran parte del mundo, según la última radiografía mundial de ILGA. En pleno siglo XXI, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales en al menos 72 países —la mayoría, de hombres; en 45 de ellos, también entre mujeres—. Son el 37% de los Estados miembros de Naciones Unidas. En 12 de ellos (o partes de su territorio) pueden llegar a pagarse incluso con la muerte; en ocho de ellos, como Sudán o Yemen, se han registrado casos de aplicación de la pena capital en los últimos tres años, según el análisis de ILGA.

Las detenciones por mantener relaciones homosexuales no son extrañas en países como Nigeria o Egipto. Sarah Hegazy, de 28 años, y Ahmed Alaa, de 21, cumplieron cinco meses de cárcel en una cárcel egipcia después de haber sido detenidos en un concierto por supuestamente agitar en un concierto una bandera del arco iris, símbolo de los derechos LGTBI. En febrero fueron puestos en libertad bajo fianza, según afirmó su abogado, Amr Mohamed a Reuters.

Y como esta, alertan las organizaciones, se producen cada día otras gravísimas violaciones de los derechos humanos que empañan cualquier otro avance, como que la adopción conjunta en las parejas LGTBI o por parte de la segunda persona progenitora se reconozca ya en 28 países.