Se busca médico para recepción de hotel

No es fácil encontrar trabajo en un país con un 17% de paro. Pero los estudios, la experiencia y la formación suelen dar un empujón. O por lo menos esto era lo que pensaba Saleh Abou Saleh cuando llegó a Madrid. Médico especializado en urología, con 14 años de carrera a sus espaldas y políglota —habla árabe, inglés, hebreo, español y ruso—, pronto tuvo que rectificar. En los cinco años que lleva en España no ha logrado homologar sus estudios ni ejercer la profesión, al igual que muchos otros refugiados que como él huyeron a Europa recientemente. Ahora se le ha abierto una puerta para ser recepcionista de hotel. Dentro de lo que cabe, hasta le parece bien. “Solo queremos trabajar”, zanja.

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El caso de Saleh no es aislado. El reconocimiento de los títulos académicos y de las competencias profesionales adquiridas en el extranjero es uno de los grandes desafíos en la integración de los refugiados, explica Thomas Liebig, de la división de migraciones internacionales de la OCDE. “Y no ocurre solo en España”, aclara. Tampoco es un problema exclusivo de los refugiados. El organismo reconoce que el proceso puede ser muy largo y carecer de transparencia, además de seguir existiendo barreras tangibles aunque muchos países hayan mejorado sus mecanismos de reconocimiento.

Saleh tiene 52 años. Vive en Sevilla con su esposa y sus dos hijos, el menor nació en España. Menudo, ojos azules y pelo canoso, pidió asilo en 2013 tras llegar a Madrid con un visado de turista. La solicitud se resolvió de manera favorable. Cuenta con voz baja que su otro hijo, el mayor de los tres, se quedó en Siria. Murió por una enfermedad cuyo tratamiento no pudo continuar cuando estalló la guerra, en 2011. Ahí se quedaron también su casa, su coche, su clínica... “Tenía un buen nivel de vida”, asegura. Afirma con resignación que nunca pensó que podría convertirse en un refugiado y que ahora intenta rehacerse una vida. En todo este tiempo, nunca dejó su cruzada para volver a ser médico, pese a lo complicado de su batalla.

Al ejercer una profesión regulada —en general, las vinculadas a la salud pública y la seguridad—, los médicos necesitan una homologación del Ministerio de Educación —un procedimiento más estricto que una equivalencia, que equipara una carrera a un campo genérico de conocimiento—, además de acreditar la competencia lingüística. “El problema principal es que entran en juego muchos actores, como la Administración Pública y las asociaciones profesionales”, recalca Liebig, de la OCDE. Añade que países del norte de Europa, como Suecia, Noruega o Alemania, han abierto canales preferenciales y programas específicos para refugiados y migrantes. El Ministerio de Educación español no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre si está trabajando para implementar procedimientos especiales para estos colectivos.

Según los datos presentados por el Ministerio de Educación, en la primera jornada de Universidad y Refugio, organizada en marzo por la CRUE  —el organismo que aglutina a todas las universidades españolas—, en 2017 la Administración recibió 4.208 solicitudes de homologación y equivalencia de refugiados y solicitantes de asilo, frente a las 3.193 de 2016. La gran mayoría de ellas procedían de ciudadanos venezolanos, el colectivo que más asilo pide en España. También las solicitudes de protección internacional aumentaron, de las 15.755 de 2016 a las más de 31.000 del año pasado, según Eurostat.

Saleh fue precavido y metió sus títulos académicos en la maleta antes de abandonar Damasco. Aquí los tradujo, los apostilló, se acompasó a los tiempos de la burocracia española... Cuando creía tenerlo todo listo, llegó la enésima petición.

— Me pedían el plan de estudios. Pero yo estudié en Bielorrusia, cuando todavía era la URSS.

— ¿Y cómo lo hizo?

No puede contener una sonrisa. A estas alturas, hasta a él le suena a chiste.

— Llamé a la Universidad y… ¡seguía la misma secretaria que entonces!

La mujer se acordaba de él y le ayudó. Pero los papeles tardaron dos años en estar listos. Ahora Saleh tiene dos alternativas: esperar y confiar en que la respuesta del Ministerio sea positiva o recuperar 17 asignaturas —tres años de carrera—, una opción que de momento ha descartado. Un vecino de Sevilla ha abierto una petición en Change.org que ya ha recabado casi 99.000 firmas para que pueda volver a trabajar como médico.

Iniciativa universitaria

Valiéndose de su autonomía, las Universidades españolas están poniendo parches ante la falta de canales preferenciales para los refugiados que necesiten un reconocimiento académico para poder seguir estudiando. Licenciado en arte dramático, el peruano Ronal Cruces no tuvo problemas para hacer un máster e inscribirse a un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Si no hubiese podido seguir formándome, ejercer mi profesión y formar mi compañía de teatro, mi existencia sería penosa”, reflexiona el artista, quien se fue de Lima hace nueve años tras recibir amenazas por sus obras críticas con el poder.

Entonces, la Complutense ni siquiera disponía de las herramientas específicas con las que cuenta ahora. Esteban Sánchez está al frente de la Delegación del Rector para la Diversidad y Medio Ambiente, que desde 2016 se dedica, entre otras cosas, a atender a potenciales estudiantes refugiados y solicitantes de asilo. “Paradójicamente, una persona puede hacer un doctorado sin tener el título homologado. Pedimos la titulación original solo si es estrictamente necesario y adaptamos el proceso de selección a la situación del estudiante”, explica. “Reconocer la licenciatura como vía de acceso es un trámite que se resuelve antes que la homologación”, asegura Sánchez, quien añade que cada vez más centros están poniendo en marcha proyectos similares.

“Cada Universidad ha desarrollado las acciones que ha querido y podido”, resume Sara Moreno, vicerrectora de Alumnado y Ocupabilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su centro ha establecido un programa de acogida para alojar a solicitantes de asilo en su campus aunque no sean estudiantes del centro. “Solo un pequeño porcentaje de los acogidos es también estudiante de la Universidad”, detalla Moreno. “Además de la documentación, hay un problema de financiación: no existe ninguna fuente a nivel nacional para que [estas personas] puedan seguir estudiando”, subraya.

Luis Calleja, director de la ONG La Merced Migraciones, defiende que “el talento no es patrimonio de una sola nación”. La entidad que dirige participa en un proyecto piloto de la Universidad Pontificia Comillas, del que Samuel Maiorana ha sido el “conejillo de Indias”. Venezolano y licenciado en derecho, asegura que sin esta iniciativa nunca hubiese podido pagar el máster que está cursando. Aun así, no todas las historias son exitosas. “Un chico no pudo participar porque no podía probar sus estudios; otra porque necesitaba trabajar... Aunque la Universidad pague los honorarios de enseñanza, si no tienes cubiertas las necesidades básicas no es una verdadera oportunidad”, matiza la docente María José Castaño.

Si no puede ser médico, Saleh estaría dispuesto a ser enfermero o a ejercer otra profesión relacionada con la medicina. No entiende por qué España le ha permitido venir si no puede ayudarle. “Si no fuera por mi familia, me hubiese quedado en Siria, ahora vivimos peor”, lamenta. Pero quiere darles a sus hijos la posibilidad de tener una vida normal. La que él ha perdido. 

El proyecto The New Arrivals está financiado por el European Journalism Centre con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates.