Trump vuelve a denunciar a California

El Gobierno de Donald Trump ha pasado a la ofensiva contra California. El mes pasado, llevó a los tribunales tres leyes estatales diseñadas para proteger en la medida de lo posible a los inmigrantes irregulares de la cacería indiscriminada que ha puesto en marcha Trump. Sessions ha pedido en un juzgado federal de California que deje sin efecto las tres leyes, bajo el principio de supremacía de la ley federal sobre la estatal.

Ese mismo principio es el que invoca ahora para pedir la suspensión de la ley SB 50 de California, aprobada en 2017. La ley en cuestión otorga al Estado de California el derecho de retracto en cualquier venta de terrenos públicos federales a manos privadas. Es decir, el Gobierno federal no puede privatizar tierras sin dar antes a California la oportunidad de comprarlas. Alrededor del 50% del Estado, un poco más pequeño que España, es terreno público (18,5 millones de hectáreas).

El fiscal general, Jeff Sessions, afirmó que la ley californiana es deliberadamente anticonstitucional y tiene como único objetivo entorpecer la labor del Gobierno federal. La denuncia especifica tres proyectos concretos, uno de la Armada, otro de la Marina y otro del Departamento de Veteranos, que deberían pasar por las normas de la SB 50 según California.

Los demandantes no ocultaron la motivación política. “Lamento tener que presentar hoy otra denuncia contra el Estado de California”, dijo Sessions en un comunicado. Sessions acusó a California de obligarle a desviar recursos públicos que podría estar utilizando en “combatir la epidemia de opiáceos y asegurar nuestras fronteras”.

“Estados como California se creen que están por encima de la ley y aprueban leyes claramente inconstitucionales con el objetivo específico de entorpecer la capacidad del Gobierno de ejecutar las leyes”, continúa. Después, critica la decisión de California (a la que han seguido otros 12 estados) de presentar una denuncia contra la nueva propuesta del censo. El Gobierno de Trump se propone preguntar en el censo por la nacionalidad de los encuestados. California, Nueva York y otros creen que eso puede provocar que miles de inmigrantes irregulares no contesten, lo que daría lugar a que se cuente menos población y a la pérdida de fondos federales y hasta de escaños en el Congreso.

“Gobernar a través de denuncias no es lo que votó la gente e intentar entorpecer la agenda de un Gobierno elegido a través de infinitas denuncias sin base es un precedente peligroso”, dice Sessions. Durante la presidencia de Barack Obama, el Estado de Texas demandó sistemáticamente al Gobierno federal hasta el punto de que consiguió frenar el programa para proteger de la deportación a los padres indocumentados de hijos ciudadanos, y algunas provisiones de la reforma sanitaria.