La ley de inmigración pone a prueba por primera vez la mayoría de Macron
El presidente combina mano dura con los extranjeros sin papeles y medidas de integración para los refugiados
La nueva ley de inmigración y asilo en Francia, presentada este miércoles en el Consejo de Ministros, ha causado las primeras grietas en la pétrea mayoría parlamentaria de Emmanuel Macron.
Medidas como el endurecimiento de los controles a los sin papeles, el aumento de las expulsiones y la imposición de sanciones penales para quienes entren ilegalmente en el país inquietan a algunos miembros de la mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional y a las asociaciones defensoras de los derechos humanos. El ministro de Interior, el exsocialista Gérard Collomb, que ha dado nombre a la ley, intenta suavizar sus aspectos más severos con medidas destinadas a agilizar los trámites para los demandantes de asilo y ayudar a su integración.
La presidencia del centrista Macron ha sido hasta ahora un camino tranquilo. Sin oposición visible y con una mayoría parlamentaria holgada, el presidente de la República ha logrado imponer sin sobresaltos sus primeras medidas, entre las que destaca la reforma laboral.
La ley migratoria, que sustituirá a la aprobada en 2016 bajo el presidente socialista François Hollande, es el primer caso en el que han surgido discrepancias en el bloque de su partido, La República en marcha. Esta coalición heterogénea congrega desde a socialdemócratas procedentes del Partido Socialista a conservadores que hasta hace unos meses militaban en Los Republicanos, el gran partido de la derecha.
“Hay que acoger", dijo Collomb en una rueda de prensa, "pero hay que acoger bien a aquellos y aquellas que deben forjar su futuro en Francia de manera que, efectivamente, el espejismo que hayan podido entrever no se transforme en una pesadilla, y que para ellos el sueño francés mañana se convierta en realidad”
La ley aumenta de 45 a 90 días, ampliables hasta 135, el plazo de retención para las personas en proceso de expulsión. Se trata de dar más margen a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen de los afectados.
Al mismo tiempo, reduce los plazos para tramitar las solicitudes de asilo, de los once meses de media actual a seis. El tiempo para recurrir el rechazo de la demanda se rebaja de un mes a dos semanas. Este cambio puede agilizar los trámites, pero también reducir el margen de los demandantes para preparar su apelación. Quienes crucen sin autorización las fronteras francesas se exponen a una pena de un año de prisión y 3.750 euros de multa. Los sin papeles que usen un documento de identidad falso para seguir en Francia se exponen a penas de cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.
En Francia, país de 67 millones de habitantes, viven 4,2 millones de extranjeros y unos 300.000 indocumentados, según datos del Ministerio del Interior. Este país recibió en 2017 en torno a 100.000 peticiones de asilo, frente a las 186.000 de Alemania. Sin embargo, mientras que el año pasado las peticiones de asilo bajaron en Europa, en Francia subieron, explicó Collomb. 63% de franceses cree que hay demasiada inmigración, según un sondeo del instituto BVA.
La ley Collomb intenta combinar la mano dura con medidas más benévolas. Facilitará, por ejemplo, la reunificiación de los menores con sus hermanos. Hasta ahora podía traer a sus padres. Una ley paralela, que ha preparado un diputado de La República en marcha, el exsocialista Aurélien Taché, prevé medidas para integrar a los 130.000 extranjeros que anualmente ese instalan en Francia. Taché propone triplicar las horas de aprendizaje del francés, hasta las 600, y multiplicar por cinco, hasta 60 horas, la duración del curso de ciudadanía francesa. También quiere permitir a los demandantes de asilo accedan en plazos más breves a un contrato de trabajo.
Collomb defendió que la ley es equilibrada y alinea el derecho francés con el de socios europeos como Alemania. Collomb, exalcalde de Lyon y uno de los colaboradores más cercanos de Macron desde que este se lanzó a la carrera presidencial, teme que Francia deba absorber a las personas que hayan vista rechazada su demanda de asilo en otros países.
Hay pocas dudas de que la ley Collomb se aprobará en la Asamblea Nacional. La incógnita es hasta qué punto los diputados de la mayoría presidencial se enfrentarán al Gobierno para cambiarla. “Creo que el texto debe seguir siendo reequilibrado”, dijo en declaraciones a la prensa el diputado Matthieu Orphelin.
En el ámbito de las oenegés, la propuesta de ley causa alarma. “El texto, redactado por el Ministerio del Interior sin consulta real con los actores asociativos que trabajan sobre el terreno, representa una caída vertiginosa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en Francia”, dice en un comunicado Jean-Claude Mas, secreretario general de la organización La Cimade. También personalidades como Jean Pisani-Ferry, que fue su asesor económico durante la campaña electoral, o el Defensor del Pueblo, el veterano político conservador Jacques Toubon, e instituciones como el Consejo de Estado, han expuesto sus reservas ante las medidas del presidente en materia de inmigración.
Macron insistió en distinguir, desde la campaña que le llevó a la victoria en mayo de 2017, entre inmigrantes económicos y refugiados que escapaban de la persecuciones o inestabilidad política, y este es el núcleo de la ley. Según el espíritu de la ley, Francia debe ser más efectiva al seleccionar y acoger a los refugiados, pero también controlar mejor la inmigración económica, y expulsar quienes carezcan de permiso para residir y trabajar en este país. Esta es la parte representiva y disuasiva.
El objetivo es mantener la promesa de una política progresista —o humanista, como le gusta decir a Macron— sin ceder espacio al discurso centrado en la seguridad de la derecha. Una de las obsesiones del presidente es fenar el crecimiento electoral del Frente Nacional. Para lograrlo, cree que debe atender a las inquietudes y miedos de los franceses susceptibles de apoyarlo.
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