El Defensor del Pueblo reclama un protocolo para dignificar la asistencia de inmigrantes

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado este jueves un protocolo de intervención para mejorar la primera acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas en situación irregular. En su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo Congreso y Senado ha asegurado, asimismo, que la institución hará un seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia Machista.

Más información

La UE deporta al 36% de migrantes con orden de expulsión

La segunda travesía de los niños valientes de las pateras

Fernández Marugán ha considerado que la respuesta que está dando España ante los inmigrantes "es insuficiente", a pesar de los más de 30 años de experiencia acumulada desde la primera llegada de una patera. “España debe estar preparada para poder realizar en condiciones dignas y con garantías el rescate, acogida y cuando resulte posible, devolución de estas personas”, ha reclamado. El Defensor del Pueblo ha negado que exista el efecto llamada, como defendió el Gobierno para justificar la apertura de la prisión de Archidona (Málaga) para acoger inmigrantes.

En una serie de visitas realizadas ha constatado que las dependencias de Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Cartagena y Murcia son inadecuadas para la asistencia y primera acogida de inmigrantes. Según ha constatado en estos centros hay madres con bebés en calabozos, menores no acompañados, hombres durmiendo en el suelo.

El Defensor del Pueblo ha propuesto en la comisión que se establezca un protocolo de intervención que contemple infraestructuras idóneas, medios humanos especializados y criterios de colaboración y coordinación entre administraciones, organizaciones internacionales y sociedad civil.

También juzga imprescindible que se cuente con un catálogo de infraestructuras próximas que puedan activarse de forma inmediata independientemente del punto por el que se produzca la entrada de personas en situación irregular, en vez de instalaciones fijas en cada lugar. Para lograr la máxima operatividad en una realidad cambiante, apuesta por contar con unos equipos multidisciplinares móviles con capacidad de despliegue, en lugar de grupos permanentes sobre el terreno para realizar la identificación de personas en situación de especial vulnerabilidad.

En un tono muy crítico con el Ministerio del Interior, Fernández Marugán también se ha referido a la muerte del interno Mohamed Bouderbala en las instalacionesde Archidona, cuestionando la forma en la se realizó su aislamiento. Ha criticado que el inmigrante, que se suicidó en diciembre, no fuera reconocido previamente por personal sanitario ni se efectuara una vigilancia periódica en su celda. Sobre el caso, ha asegurado que un  Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) no puede ser un lugar donde los internos autogestionen la ocupación y distribución de las celdas, sin que los efectivos policiales accedan a las galerías por las noches, como allí ocurría.

Según ha anunciado, ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras los resultados de la investigación administrativa relativa al fallecimiento del interno.

Respecto a los presos españoles en el extranjero, Fernández Marugán ha explicado que la institución trabaja para que reciban la atención consular adecuada y sean repatriados a España para cumplir condenas cercanas a su entorno familiar y en centros penitenciarios con mejores condiciones.

El Defensor se ha referido en su comparecencia al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha recordado que en él se señala específicamente la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación escrita y se aboga por su prohibición. La prohibición de estos anuncios, ha considerado, es una medida necesaria que contribuirá a la lucha contra la explotación de la mujer.

Fernández Marugán también es partidario de perseguir la publicidad de prostitución en redes sociales y los panfletos anónimos que se distribuyen en las calles de muchas ciudades. En su opinión, hay que intensificar la vigilancia de contenidos sexistas, denigrantes o discriminatorios. El Defensor ha mostrado su compromiso en la lucha contra todas las formas de violencia hacia la mujer y ha asegurado que hará un seguimiento del pacto de Estado.