Mohamed vino a vivir y no a morir en la celda 41

La reclusión de inmigrantes en la cárcel no inaugurada de Archidona es en sí misma una bochornosa irregularidad, ya que la ley española prohíbe el uso de espacios penitenciarios para estos fines. Pero además se está convirtiendo en un cúmulo de ilegalidades y disfunciones con graves consecuencias que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, debería explicar a los españoles con absoluta exactitud. Y que los partidos de la oposición, sin excepción, deberían exigir.

Mohamed Bouderbala, argelino de 36 años, se animó en otoño a saltar a una patera e intentar llegar a España en busca de trabajo. Consiguió llegar a la costa pero fue capturado y el 20 de noviembre, junto a varios centenares de inmigrantes, fue encerrado en Archidona. El 29 de diciembre, el hombre que en teoría no era un preso se suicidó en la celda 41 de lo que en teoría no era un penal. Su cuerpo fue descubierto al día siguiente, colgado de una sábana, después de 15 horas sin ninguna revisión. Su familia le ha definido como alegre, enamorado de la vida y en ningún caso deseoso de morir.

El Gobierno, a pesar de las advertencias de ilegalidad y carencias que han hecho el Defensor del Pueblo, numerosas ONG y algunos jueces, ha encerrado a cientos de inmigrantes llegados en patera en esta futura cárcel antes de proceder a su devolución. Sin funcionarios policiales, sino con antidisturbios. Sin agua corriente (esa es la razón por la que la cárcel aún no se ha inaugurado) y sin condiciones mínimas para que puedan vivir con dignidad. Indiferente a las críticas, el Ejecutivo llegó a tener a siete menores, con edades de entre 14 y 17 años, y ha mantenido esta situación, que se ha deteriorado además con noticias de protestas en su interior hasta culminar con la muerte de Bouderbala.

Sin los protocolos penitenciarios adecuados que habrían evitado su aislamiento durante tantas horas, por ejemplo, y al mismo tiempo sin los medios con los que cuentan los CIES, Bouderbala murió antes de que le tocara morir. En el limbo de Zoido, en el que la no cárcel tampoco es un CIE pero, morir, te puedes morir. Su familia abrió una causa al no creerse el suicidio, el juez la archivó fulminantemente al confirmar que esa fue la causa de la muerte, la familia ha recurrido el archivo y algunas ONG denuncian que el Estado ha fallado en su deber de custodia de una persona a su cargo. Argelia reclama el cadáver y también ha abierto una investigación.

Más allá de las acciones judiciales, de si hay una responsabilidad penal en su muerte, hay una enorme responsabilidad moral en que un joven que ha atravesado el Estrecho para emprender otra vida arriesgándolo todo termine muerto bajo la custodia de los antidisturbios de Interior. ¿Cómo le trataron? ¿Cómo le alimentaron? ¿Le permitieron moverse, comunicarse, defenderse o, como han denunciado ellos y el propio Defensor del pueblo, que les visitó hace un mes, estaban en condiciones infames? Y no es que cárcel o CIE sean objetivos deseables, claro, pero peor es el limbo. En el de Zoido será difícil investigar.