Un proceso de aprobación caótico y polarizado

La tradición en Washington manda que el presidente presente su primer borrador de presupuesto el primer lunes de febrero, para así tener tiempo suficiente para negociarlo con los legisladores antes de que el ejercicio fiscal entre en vigor el 1 de octubre. Pero el procedimiento que se sigue para adoptar el plan de gasto no funciona y en lugar de poner orden en las cuentas públicas genera caos y alimenta la división.

La adopción del presupuesto de 2018 es el último ejemplo de lo complicado que es pactar el plan de gasto. En lugar de aprobar una legislación que cubra todo, se recurre a la vía de resoluciones que permiten ir financiando las operaciones del gobierno a base de prorrogar los niveles ya pactados. Esta especie de estrategia para preservar el statu quo resta flexibilidad a las agencias para financiarse.

El presidente plantea en este primer borrador cuánto dinero necesita el Gobierno federal. Indica también cuánto se va a recaudar y cuánto deberá pedir prestado para cubrir la diferencia. Estas líneas generales se desglosan a su vez en propuestas más específicas en las que se detallan las prioridades para los diferentes programas federales en el ámbito de la defensa, la agricultura, la educación o la salud.

El paquete se entrega al Congreso, donde cada cámara elabora su propia propuesta presupuestaria. Los textos deben consensuarse antes del 15 de abril. La vía de la resolución presupuestaria permite su adopción por mayoría simple y no requiere de la firma del presidente. Pero la profunda polarización política provoca que el proceso se prolongue y el ejercicio arranque sin un presupuesto cerrado.

La inacción de los legisladores vuelve a meter en el juego al presidente, que sí tiene que firmar las resoluciones que permiten seguir dotando de fondos al Gobierno mientras se trata de forjar un acuerdo. Pero si el Congreso y la Casa Blanca no son capaces resolver sus diferencias, la dispuesta política provoca que las agencias tengan que dejar de operar, como sucedió dos veces durante el último mes.

El proceso presupuestario se utiliza, además, como una vía para adoptar con mayoría simple en el Senado cambios en la legislación fiscal. Es lo que se hizo con la última rebaja de impuestos. El sistema se utiliza incluso para introducir enmiendas que no tienen nada que ver con el presupuesto, que se alejan del propósito de garantizar que el gobierno se financia de una manera adecuada.