Trump usa el terrorismo para atacar a la inmigración y endurecer las leyes de acogida

Es la cifra del miedo. Tres de cada cuatro condenados en EE UU por terrorismo desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 han nacido en el extranjero. El dato, largamente guardado por la Administración estadounidense para evitar la xenofobia, fue liberado por la Casa Blanca en plena negociación migratoria en un intento tan despiadado como poco sólido de vincular la acogida de extranjeros con la devastación terrorista. “Este informe revela de forma indiscutible que nuestro sistema migratorio socava la seguridad nacional”, afirmó el fiscal general, Jeff Sessions.

Donald Trump volvió a jugar en los extremos. Ya en campaña equiparó a migrantes y terroristas. Y en la Casa Blanca su primer gesto fue imponer un severísimo veto, cuya formulación final afecta a Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, y en menor medida, Venezuela. La medida trajo consigo una enorme polémica e incluso motivó la intervención del Tribunal Supremo, pero en modo alguno sació a Trump.

Su meta, aplaudida por sus votantes, es reformular el núcleo de la legislación migratoria. Ya no se trata de recibir sino de seleccionar y expulsar. Este paso implica acabar con el reagrupamiento familiar, imponer un sistema de méritos, facilitar las deportaciones inmediatas, reducir a la mitad la entrada de refugiados y los permisos de residencia, así como liquidar las coberturas temporales para extranjeros, ya sea el programa para dreamers (700.000 personas) o el estatuto que protegía a 200.000 salvadoreños, 59.000 haitianos y 5.300 nicaragüenses.

La radicalidad de este planteamiento ha tensado la negociación legislativa. Los demócratas rechazan el giro y Trump no ha dejado de echar leña al fuego con sus exabruptos (“países de mierda” llamó la semana en una reunión con parlamentarios a El Salvador, Haití y algunos países africanos).

En este escenario y ante la falta de avances, Trump ha recurrido ahora a la baza terrorista. El informe de la Secretaría de Seguridad Nacional hecho público ayer establece que desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2016 han sido condenados en EE UU 549 personas por terrorismo internacional. De ellas, 147 eran estadounidenses de nacimiento, 254 eran extranjeros y 148 procedían de otros países y se habían nacionalizado. Es decir, el 73% había nacido fuera de Estados Unidos.

Aunque son cifras nimias para un país que concede la ciudadanía a un millón de personas al año (los condenados por terrorismo no llegan al 0,000034% de nacionalizados desde 2001), a la Casa Blanca le sirvieron para armar su discurso del miedo.

“Estos datos representan solo la punta del iceberg. Ahora mismo tenemos bajo investigación por terrorismo a miles de personas en EE UU, incluyendo a cientos que vinieron como refugiados. Nuestros agentes hacen un gran trabajo, pero no se les puede pedir que pongan en riesgo sus vidas mientras se sigue admitiendo a miles de personas al año sin conocer sus antecedentes”, dijo Sessions. “Este informe es un claro recordatorio de que no podemos confiar en las políticas migratorias basadas en el pensamiento previo al 11-S y que nos dejan inermes ante terroristas nacidos en el extranjero”, remachó la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.