Trump añade Corea del Norte, Chad y dirigentes chavistas al nuevo veto migratorio

La nueva orden se hará efectiva el próximo 18 de octubre. A diferencia de la anterior, que solo tenía una duración de tres meses, esta carece de plazo. La lista, de la que ha quedado fuera Sudán, será revisada cada 100 días y la salida de ella dependerá, según la Administración Trump, de la mejora en los “problemas detectados”.

En la selección de los ocho países, la Casa Blanca asegura que ha empleado un triple criterio: el riesgo que entrañan para la seguridad nacional estadounidense, la fiabilidad de los pasaportes y documentos de identidad, y la fluidez en el intercambio de información sobre sospechas terroristas y antecedentes criminales.

Un cambio básico respecto a la primera orden radica en que cada nación es tratada de forma diferenciada. Venezuela lo ilustra. La prohibición de entrada se basa en los fallos en el flujo de información antiterrorista y la falta de cooperación de Caracas a la hora de comprobar riesgos para la seguridad nacional. “Esto no impide, sin embargo, que se pueda verificar por fuentes alternativas la ciudadanía e identidad de los venezolanos. Por tanto, las restricciones impuestas en esta proclamación se centran en los cargos del Gobierno de Venezuela responsables de los fallos detectados”, indica la orden. Pese a esta reducción del perímetro de la restricción, el texto advierte que los poseedores de visados serán sometidos a medidas adicionales.

Distinto y más radical es el trato a Corea del Norte. Washington considera que no cumple ninguno de los criterios y, por tanto, prohíbe el paso a sus ciudadanos, ya sean inmigrantes o no. Irán también sufre un veto casi absoluto, aunque se permite que prosigan los programas de intercambio de estudios. Y en el caso de los somalíes se les impide emigrar, pero se les autoriza la visita bajo fuerte controles.

El alcance completo de las restricciones se irá conociendo conforme pasen los días. El primer veto, emitido el pasado 27 de enero, cuando aún se oían los tambores de campaña, desató una gigantesca ola de protestas. La amplitud de las restricciones, su sesgo islamófobo y el propio vitriolo de Trump mostraron al mundo el rostro más feroz y xenófobo de la nueva Administración.

El rechazo fue recogido por los jueces de primera instancia y dio pie a una casi inmediata paralización del veto. La Casa Blanca respondió con una versión más moderada. Pero nuevamente fue frenada en apelación. Solo la entrada en juego del Tribunal Supremo, después de la designación del conservador Neil Gorsuch, desbloqueó la orden.

La corte, aunque impuso limitaciones para evitar los casos más sangrantes, admitió como argumento la amenaza para la seguridad y concedió que el interés nacional debía prevalecer sobre el posible daño que pudiese causar el veto a viajeros y refugiados. No fue una decisión final, sino preliminar a la vista que se debe celebrar en las próximas semanas, pero permitió que la segunda orden entrase en vigor a finales de junio. Su vigencia era de 90 días.

Ahora, la Casa Blanca ha presentado el recambio. El último texto ha pasado más filtros internos y su lectura revela una mayor elaboración. Aunque sigue siendo implacable con los emigrantes de los países vetados, se advierte un lenguaje alejado de la retórica presidencial y, sobre todo, el intento de superar algunos escollos judiciales.

Los propios funcionarios que han participado en su desarrollo consideran, por ejemplo, que con la entrada de Venezuela y Corea del Norte pierde fuerza la acusación de islamofobia. Son argumentos que seguramente deberán dirimirse en los juzgados y que abrirán un agrio debate en los próximos días. Pero más allá de los cambios y mejoras técnicas, pocos dudan de que el efecto esencial del veto, impedir la entrada de ciudadanos inocentes de países azotados por la violencia y las persecuciones, permanece. Millones de afectados lo saben.