La justicia francesa estrecha el cerco al gigante del cemento por pagos al ISIS

Todo comenzó con la adquisición, en 2007, de una cementera siria en Jalabiya, a 150 kilómetros de Alepo. Lafarge, en aquel entonces todavía íntegramente francesa —se fusionó con la suiza Holcim en 2015—, se gastó 600 millones de euros en modernizarla. Empezó a funcionar en 2010, solo un año antes del estallido de la revolución antigubernamental y posterior guerra civil siria. A partir de ese momento, las empresas francesas establecidas en Siria, como Total o la quesera Bel, cesaron progresivamente sus actividades en el país árabe. No así Lafarge, que siguió funcionando a pleno rendimiento —aunque repatrió al personal francés ya en 2012— hasta que en septiembre de 2014 el ISIS asaltó la planta, tres meses después de haber proclamado su califato en territorio sirio e iraquí e instalar su capital en Raqa, a 90 kilómetros de la cementera. ¿Cómo pudo seguir durante tantos años trabajando pese a la intensificación de la guerra siria y la implantación del Estado Islámico? Pagando a unos y otros, según reveló la prensa francesa en paralelo a la denuncia de un grupo de exempleados de la fábrica que acusan a la compañía de "complicidad" con crímenes de guerra en Siria y "financiación de terrorismo".

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Lo que no se ha sabido hasta más recientemente es el ingente volumen de esos pagos y la implicación de las más altas esferas de la compañía en ellos, pese a que ahora lo nieguen ante los jueces.

La cifra que maneja la justicia francesa es de casi 13 millones de euros, según Sherpa, una ONG especializada en defender a víctimas de delitos económicos que forma parte de la acusación civil.  Ese es el dinero que Lafarge supuestamente pagó, a través de intermediarios, al ISIS y otros grupos extremistas y facciones en Siria entre 2011 y 2015 para que la planta pudiera seguir operando “a toda costa” pese a la guerra, según reveló Le Monde. Más de medio millón fue directamente a las arcas del Estado Islámico, lo que constituyen “actos delictivos”, según se desprende del informe de la consultora estadounidense Baker McKenzie, a la que Lafarge encargó una revisión interna del escándalo después de que el año pasado se abriera una investigación judicial preliminar, y al que han tenido acceso algunos medios franceses como Libération. La cementera acabó reconociendo, en abril de este año, “prácticas inaceptables”. En junio, se abrió una investigación judicial en Francia.

El pasado 2 de diciembre, los jueces de instrucción a cargo del caso imputaron a tres directivos del grupo por “financiación de organización terrorista”, “violación del reglamento europeo” —la UE había impuesto sanciones al régimen de Bachar el Asad y también emitió un embargo contra el petróleo sirio en manos del ISIS— y por “poner en peligro la vida de terceros”. Algunos de los empleados fueron secuestrados por el grupo yihadista y los que quedaron hasta la toma de las instalaciones tuvieron que huir in extremis y sin un plan de evacuación muy claro. Los procesados son Frédéric Jolibois, director de la planta de Jalabiya desde el verano de 2014, su predecesor, Bruno Pescheux, y el director de la seguridad del grupo, Jean-Claude Veillard.

Sin embargo, una semana más tarde, el proceso judicial llegó a la cúpula de Lafarge: los magistrados también imputaron al exdirector general de la empresa Bruno Lafont, a su exdirector general adjunto Christian Herrault, y a Eric Olsen, director de recursos humanos en el periodo investigado, y, tras la fusión con la suiza Holcim, consejero delegado de la firma. Los tres están acusados de “financiación de una organización terrorista” y de “poner en peligro la vida de terceros”.

Las primeras contradicciones no han tardado en surgir. Según la agencia France Presse, en su comparecencia ante los jueces, el exdirector general Lafont aseguró que su entonces adjunto Herrault solo le informó de “un acuerdo con el ISIS” en agosto de 2014 y que, en ese momento, comentó que “no era una buena idea”. Sin embargo, su antigua mano derecha, que ya a comienzos de año admitió que la cementera se sometió a una “economía de extorsión” con pagos mensuales a los extremistas, afirma que mantuvo informado a Lafont de forma regular desde el verano de 2012 y que entre septiembre y octubre de 2013 le dijo explícitamente que Lafarge estaba financiando a grupos yihadistas, incluido el Estado Islámico. Lafont ya había negado ante la consultora estadounidense que realizó la investigación interna conocer los hechos, al igual que el entonces director de recursos humanos.

Pero el informe de Baker McKenzie también echa por tierra esas afirmaciones y asegura que la situación en Siria era una “preocupación constante” con “conversaciones telefónicas diarias” entre la filial siria y la central francesa sobre el asunto, así como con una reunión del comité de seguridad mensual en presencia de Olsen, según la periodista Dorothée Myriam Kellou, una de las primeras en destapar el escándalo. Al anunciar su partida en abril, poco después de que la consultora acabara su informe, Olsen insistió en que “jamás” estuvo implicado y manifestó su esperanza de que su marcha, materializada en julio, “contribuya a recuperar la serenidad” en la empresa.

De poco ha servido, como demuestra la investigación judicial, que en sus próximos pasos busca la implicación de la empresa misma como “persona moral”. No obstante, los jueces han lamentado explícitamente que en los registros efectuados en noviembre en París y Bruselas faltaban actas y cuentas relativas a Siria, lo que para la ONG Sherpa constituye un auténtico “lavado con lejía” para “obstaculizar la justicia”. Tampoco debe reinar una calma absoluta en el Ministerio de Exteriores. Exdirectivos como el antiguo director adjunto Herrault han afirmado que la decisión de permanecer en Siria contó con el aval de este Ministerio, en aquellos momentos en manos del Laurent Fabius, al que la ONG Sherpa pide se interrogue para aclarar su papel.