La ONU denuncia el asesinato de más de 100 defensores de los derechos humanos en Colombia en 2017

Colombia firmó hace un año la paz con las FARC. La guerrilla más antigua de América se desmovilizó, entregó las armas con excepción de grupos minoritarios de disidentes, formó un partido político y concurrirá a las elecciones. Pero el país todavía no ha eliminado la violencia de sus zonas rurales. La mayor señal de la enorme brecha entre el campo y las ciudades es la inseguridad. Y los líderes sociales, el eslabón más débil de un ecosistema donde siguen operando mafias y organizaciones criminales, son las principales víctimas. La ONU denuncia, en un balance difundido este miércoles, que en 2017 fueron asesinados al menos 105 defensores de los derechos humanos.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se muestra “muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización” de estos activistas, cuya labor considera “legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de una paz sostenible”. El organismo, que ha acompañado y verificado el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por la insurgencia con el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha comprobado hasta el 20 de diciembre 73 asesinatos de líderes locales, 18 de miembros de movimientos sociales y políticos y 14 muertes durante movilizaciones. El 59% fueron cometidos por sicarios. La oficina, además, está analizado otros 11 casos.

Las agresiones demuestran que la transición de las FARC a la vida civil ha dejado un “vacío de poder” en las zonas tradicionalmente ocupadas por la guerrilla. El Estado no ha logrado aún hacerse con el pleno control de muchos territorios, lo que en un país eminentemente rural supone una oportunidad por los cárteles de narcotraficantes y otros grupos armados. La ONU señala “contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada”. El blanco de estas organizaciones son, principalmente, los miembros de las comunidades que tratan de “denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas”, “reivindicar derechos propios o colectivos” y “apoyar políticas derivadas del acuerdo de paz”.

Naciones Unidas, que califica de “muy grave” esta tendencia, lamenta también el comportamiento de las autoridades. “Las consecuencias del asesinato de un defensor o defensora de derechos humanos son más complejas de lo que parecen interpretar algunos funcionarios del Gobierno”, afirma el comunicado. “La prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios”, continúa la organización.

Críticas a las autoridades

La ONU exige que los representantes públicos cumplan una directiva de la Procuraduría aprobada el pasado mes de junio, que insta a proteger los derechos humanos, investigar las denuncias y abstenerse de conductas que descalifiquen a los activistas. La oficina manifiesta abiertamente, en referencia a algunos políticos, su rechazo a “la estigmatización que algunos funcionarios públicos hacen de su labor, tanto en pronunciamientos públicos, como en acciones que obstaculizan su trabajo”.

El Ejecutivo ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la violencia contra los líderes sociales, pero hasta ahora ha rechazado tratar este problema como un fenómeno sistemático. No obstante, esta semana el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, admitió “cierto grado de sistematicidad” en estas agresiones y las vinculó a una “eventual presencia de reductos de autodefensas”, es decir, paramilitares.

En las últimas semanas se dieron algunas muestras de los recelos y de la desconfianza de parte de la clase política hacia los defensores de los derechos humanos. Lo recuerda Naciones Unidas: “Miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos […], lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de derecho”.

No es el único ejemplo. “Otros altos funcionarios públicos”, prosigue la ONU en referencia a unas palabras del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas”. “Esto”, advierte, “es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”.