Juicio a Ford Argentina por convertirse en centro de detención de la dictadura

El 24 de marzo de 1976, Jorge Constanzo fue a trabajar a la fábrica de Ford en General Pacheco, al norte de Buenos Aires. No era un día más. Esa madrugada, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla había dado un golpe de Estado en Argentina. Constanzo tenía 25 años, trabajaba en el comedor y era delegado sindical desde hacía seis meses. Sabía que había militares en la fábrica, pero en ningún momento imaginó que en esas primeras horas de la dictadura lo iban a secuestrar en su lugar de trabajo, golpearlo y torturarlo. Ahora, casi 42 años después, Constanzo llora y se abraza a su mujer al ver sentados en el banquillo de los acusados a dos de los exdirectivos de la automotriz estadounidense en Argentina, Pedro Müller y Francisco Sibilla.

"Siento que vuelvo a vivir, hemos esperado mucho tiempo para esto", dice a EL PAÍS Constanzo este martes, al terminar la primera audiencia. Es un caso histórico porque por primera vez se juzga en Argentina a exdirectivos de una compañía multinacional por presuntos crímenes de lesa humanidad y busca confirmar la participación de civiles en la brutal dictadura que sufrió el país entre 1976 y 1983. Un portavoz de la Ford Motor Argentina consultado por este diario dijo que no habrá comunicado oficial de la empresa sobre este tema.

La querella acusa a los exdirectivos de Ford en Buenos Aires por la detención ilegal y las torturas infligidas a 24 empleados de la compañía. "La mayoría fueron secuestrados mientras estaban en la línea de producción. Eran encarados a punta de fusil por militares y paseados por delante de los demás operarios que podían observar qué les ocurría a quienes los representaban gremialmente. Eso generó un terror en el ámbito laboral que impide cualquier reclamo, ni salarial, ni mejores condiciones de trabajo, ni de nada", subraya el abogado querellante Tomás Ojea Quintana.

El letrado considera que los operativos se organizaban con "la intención de amedrentar" a los obreros automotrices, que un año antes habían organizado una dura huelga con ocupación de fábricas para exigir mejores sueldos y lograron acordar un importante aumento salarial.

Los secuestraban y a las pocas horas la empresa mandaba un telegrama para anunciar que, de no concurrir a sus puestos de trabajo, quedarían despedidos, recuerda Carlos Propato. La notificación llegaba cuando, en muchos casos, eran sometidos a torturas dentro del recinto fabril. Propato, quien se desempeñaba como primer oficial de pintura y era activista sindical, fue secuestrado el 13 de abril de 1976. A patadas y golpes lo tiraron por la escalera, lo maniataron con un alambre y lo arrojaron en el baúl de una camioneta, en la que había otros cuatro compañeros. Los cinco fueron trasladados hasta el salón de deportes de la empresa. "Nos torturaron más de 11 horas. Entramos allí las 11 y media de la mañana y salimos a las 11 de la noche. Estuvimos continuamente bajo tortura", dice Propato. Desde allí, los detenidos fueron enviados a distintas comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde permanecieron entre varios meses y dos años.

Pedro Müller, nacido en Checoslovaquia hace 85 años, era el gerente de manufacturas de la planta de Ford en General Pacheco en 1976. Francisco Sibilla, cinco años mayor, se desempeñaba como jefe de seguridad. A partir de los testimonios de supervivientes, la fiscalía los acusa de haber facilitado al Ejército listas de los trabajadores que querían que fueran secuestrados, de haberles proporcionado también sus carnets con fotos para facilitar su identificación y de haber autorizado la existencia de un centro clandestino de detención en sus instalaciones.

En el caso de Sibilla, se le acusa también de haber participado en uno de los interrogatorios realizados bajo tortura al sugerir preguntas que debían hacerse, todas relacionadas con conflictos sindicales registrados en los últimos meses en la fábrica. "La empresa actuó de forma coordinada con militares", escribió la querella particular en el auto de elevación a juicio. Según el documento, la dirigencia de Ford puso en práctica "un terrorismo de empresa" con el objetivo de quebrar la resistencia de los obreros y obtener aún mayores beneficios económicos.

Silencio de los procesados

Los abogados de los acusados se negaron hoy a hablar con la prensa. En 2011, cuando fueron citados a declarar por la jueza de instrucción, Müller rehusó dar testimonio y Sibilla negó conocer la existencia de detenciones dentro de la fábrica. El exjefe de seguridad de Ford admitió que después del golpe de Estado había personal militar en el interior de la planta, pero rechazó que estuvieran instalados en el campo de deportes donde los supervivientes aseguran que fueron golpeados y sometidos a sesiones de picana eléctrica.

"Yo quisiera saber cómo van a hacer para decir que no sabían sobre las torturas que tuvimos en la fábrica", se pregunta Propato. "Le cagaron la vida a tres generaciones: a los padres, a nosotros y a nuestros hijos. Y no terminó en el '77 porque después no conseguíamos trabajar de nada. Ojalá se haga justicia", exclama. En 2012, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, un cartel instalado en la planta de la empresa indica que en el "Quincho de Ford" funcionaba un centro de detención.

Junto a los dos exdirectivos, está procesado también el exgeneral Santiago Omar Riveros, quien estuvo al frente del centro de detención Campo de Mayo durante el régimen.

Argentina ha hecho más que todos sus vecinos por castigar a los responsables de los crímenes perpetrados durante su última dictadura. Desde 2006, más de 2.700 personas han sido imputadas por delitos de lesa humanidad y casi 800 han sido condenadas. Sin embargo, los casos de civiles son mínimos y las últimas sentencias han negado su responsabilidad. Hace sólo unas semanas, un tribunal de Buenos Aires absolvió a Juan Alemann, exsecretario de Hacienda del régimen militar, en el juicio por crímenes perpetrados en el mayor centro clandestino de detención, la Escuela de Mecánica de la Armada. En octubre, la Cámara de Casación anuló la condena a 12 años de cárcel al empresario Marcos Antonio Levín, dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, por el secuestro y torturas a un delegado.

La querella tiene los testimonios de los supervivientes como prueba principal para el juicio. En la mañana del martes, la sala del tribunal oral federal de San Martín está repleta y las Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora Nora Cortiñas y Taty Almeida escuchan desde la primera fila. Al concluir la audiencia, Constanzo se levanta y camina apoyado en su bastón. A sus 67 años, se enfrenta a un cáncer y adelantó su testimonio porque no sabía cuál sería su estado de salud durante el juicio. "Nunca buscamos venganza, siempre recurrimos a la ley. Esperamos que se haga justicia", dice, esperanzado.