La crisis de la vivienda, en cuatro gráficos
Factores como la escasa vivienda social, junto a un enfriamiento en el ritmo de construcción de nuevos hogares, presionan más la situación habitacional del país
La crisis de la vivienda se ha abierto paso en la última década en España y buena parte de todos los países de la Unión Europea. El origen de esta contingencia varía según el socio comunitario del que hablemos en cada momento, ya que cada Estado tiene sus propias condiciones y un background determinado.
En el caso de España, los factores que han desembocado en el actual recalentamiento del mercado inmobiliario son claros. Por un lado, debido al parón constructor e inversor que llegó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en España se ha construido mucha menos vivienda en los últimos 15 años con respecto a los anteriores, lo cual ha reducido la oferta y, por tanto, encarecido mucho los precios.
A esta situación se suma que de lo poco que se ha construido, el porcentaje de vivienda protegida sigue bajando, y pasó de representar un 10% del parque de vivienda construida total a finales de la primera década de siglo, a un ínfimo 3,2% en 2020, según el Ministerio de Vivienda, una cifra que, incluso, se calcula inferior en la actualidad. Los números de España palidecen frente a los de otras economías europeas, que tienen un porcentaje de vivienda social que ronda el 30% en algunos casos.
La regulación legislativa tampoco ha ayudado, ya que el régimen de vivienda protegida en España, por lo general, permite que a los pocos años esta pueda pasar al mercado libre, donde los precios son muy superiores. De este modo no se ha mantenido un parque de vivienda protegida estable que permita a las personas con menos recursos o en situaciones de vulnerabilidad acceder a una vivienda; algo imposible actualmente por los precios de compra y por la subida de los alquileres, presionados a su vez por la escasez de oferta.
De esta manera se cierra un círculo que solo se podrá romper, como se comentaba en el Foro, con iniciativas políticas que prioricen y blinden la vivienda social, potencien el aumento de la oferta en el mercado libre y establezcan un marco regulatorio concreto para asuntos como el estatus de la vivienda protegida o los alquileres de temporada o vacacionales, que también contribuyen al problema por medio de la sustracción de la oferta.
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