La cruzada popular contra la política minera del Gobierno colombiano

Desde las regiones de Colombia le están dando una lección de democracia al centro del país. Este año se realizaron siete consultas populares para saber si las comunidades estaban de acuerdo o no con la explotación de recursos en sus territorios. Este año termina con 44 municipios en donde la continuidad de proyectos mineros y petroleros dependen, al menos en el papel, de lo que digan sus habitantes.

El biólogo Renzo García es uno de los líderes que acompañó el proceso en Cajamarca, un pueblo de 20.000 personas, que venció en las urnas a la compañía sudafricana AngloGold Ashanti, que pretendía extraer 28 millones de onzas de oro en una zona agrícola y considerada tesoro hídrico de Colombia. El 98% de los votantes (6.165) rechazaron la presencia de la empresa en sus tierras. “Fue un triunfo para la participación ciudadana”, describe García la victoria que lograron en la consulta, a pesar de que hasta ahora no tienen certeza de que con la decisión se prohíba que la minera continúe con sus planes en el futuro.

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El Ejecutivo, entre su abanico de argumentos, dice que la votación no es retroactiva y que no podría aplicar a un trabajo que ha avanzado en la fase de exploración desde hace varios años. Contrario a la desilusión que podría generar que esté en vilo si la voz del pueblo se tendrá en cuenta, lo que ocurrió en Cajamarca desencadenó otros procesos similares en varias zonas del país. A través de redes sociales, los voceros de los grupos que se mostraban inconformes con lo que estaba pasando en las regiones se contactaron, empezaron a compartir sus experiencias y hoy están en proceso de formación del Movimiento Nacional Ambiental. Una plataforma diversa y sin banderas políticas que tiene como base la defensa de los recursos naturales, la riqueza por la que Colombia tanto pecho saca en el exterior.

“El Gobierno desconoce el derecho a la autonomía territorial y con una dictadura minera pasa por encima de los pueblos bajo el argumento del desarrollo. Tenemos que pensar en que hay un modelo diferente del extractivismo para que haya prosperidad si se piensa en su crecimiento económico, pero también social”, explica. La hoja de ruta con la que se guían es la Constitución, en donde se establece la consulta popular como un mecanismo de participación y una de las manifestaciones más amplias de la democracia para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio. Si quedan dudas, el Movimiento Nacional Ambiental también se escuda en la Ley 134 de 1994 que señala a esta figura democrática como la institución mediante la cual la comunidad se puede pronunciar sobre un asunto de trascendencia para su región. También tienen a su favor una sentencia de la Corte Constitucional.

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Valentina Camacho, miembro del movimiento ambientalista, habla de la necesidad de unirse para hacer resistencia a los megaproyectos que se imponen por todo el país sin tener en cuenta a los ciudadanos. “Tenemos que ser una sola voz que logre sonar ante lo que estamos viendo. No son casos aislados, son el resultado de una política nacional que, como sea, quiere poner a andar a la locomotora minero-energética con la excusa de llevar desarrollo”, dice. Camacho se refiere a la promesa de campaña del presidente Juan Manuel Santos para jalonar la economía del país con la minería y el petróleo. Una idea que desde antes de ponerse en marcha era cuestionada por organismos como la Contraloría, que en un extenso informe advirtió de sus peligros. Aseguraba que el país no estaba preparado para enfrentarse a una industria de este tipo bajo los criterios del respeto a los derechos, la conservación del medioambiente y el desarrollo integral. Lo que está pasado al final del Gobierno de Santos es la manifestación, casi en cadena, de regiones que rechazan ese modelo.

“Tenemos un país rico en producción de alimentos, un ecosistema envidiable, no podemos sacrificarlo. Cómo se entiende que en lugares como Cajamarca, toda una despensa agrícola, el 86% de su territorio esté titulado para minería, el 13% en proceso de ese mismo camino y solo un 1% para la agricultura. La política pública minera se ha concentrado en criminalizar a los pequeños mineros y servir a las multinacionales”, dice Róbinson Mejía, que también se puso la camiseta en defensa del medioambiente. Estas voces aparecen en un activismo que despierta en el país casi tres décadas después de que el Ejecutivo haya empezado a otorgar a empresas extranjeras, casi como una tradición política, títulos para explotación de recursos en Colombia.

En noviembre se reunieron 70 organizaciones para empezar a trazar el camino que seguirán. No descartan intentar moverse en la política con un candidato elegido de su colectividad para el Congreso, en donde su voz siempre ha estado ausente. “Colombia se está haciendo consciente. El hecho de que la gente salga a votar y decir lo que quiere para su territorio es un avance para la democracia. No queremos que sigan decidiendo por nosotros”, asegura Viviana Tacha, que dentro del movimiento asume los debates jurídicos, que han incluido otros temas además del minero.

Carlos Santiago es líder en su pueblo San Martín, en el Cesar, que se moviliza contra el fracking. “Este es el primer municipio del país en donde están realizando exploraciones para hacerlo. Si permitimos que avance será un pésimo antecedente porque sacrificaríamos, entre otras riquezas, las fuentes hídricas”, cuenta por teléfono desde el noreste de Colombia, en donde recogen firmas para convocar en los próximos meses a una consulta popular. El mismo mecanismo que hace dos semanas demostró que hay ciudadanos que le dan más valor a un grano de café que a un gramo de oro. En Tarso, Betulia y Concordia (Antioquia) prohibieron la explotación en sus territorios a través de la participación ciudadana, un derecho que parecía escondido en la Constitución hasta hace poco.