El pueblo de Colombia que le dijo no a la explotación minera

La decisión estaba en manos de Cajamarca, un pueblo de 20.000 habitantes, pero los efectos serían determinantes para todo Colombia. Ganaron los defensores del medio ambiente que, después de la larga batalla jurídica (y hasta política), vencieron a la compañía minera sudafricana AngloGold Ashanti, dueña del proyecto La Colosa, uno de los más grandes yacimientos auríferos del país. A través de una consulta popular, en la que 16.312 personas podían votar, el pequeño poblado determinó cuál será el rumbo ambiental de su región y abrió un debate nacional sobre otros trabajos de exploración que se adelantan. Con un abrumador 6.165 contra 76, se impuso el rechazo a la explotación minera. Las calles de Cajamarca se llenaron para celebrar que el pueblo estaba haciendo historia. 

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?” Era la pregunta que debían responder los ciudadanos. Con que 5.438 votaran por el no, el permiso que el Estado había otorgado quedaría sin efectos. Y así fue. En los primeros boletines de la Registraduría Nacional, los defensores del medio ambiente ya eran ganadores.

Aunque para la explotación todavía faltaba un par de años, según los planes de la compañía minera, desde hace varios ya venían haciendo trabajos de exploración. La meta era extraer 28 millones de onzas de oro en una zona que hace de despensa agrícola y tesoro hídrico en Colombia. Por eso, desde hace ocho años, cuando se conocieron las intenciones de la empresa sudafricana, nadie le quitó los ojos de encima al proyecto. Ni los ambientalistas, a los que se unieron organizaciones jurídicas y cívicas, ni quienes abogaban por los mineros artesanales que, con el no victorioso, según ellos, se quedarían sin trabajo. AngloGold siempre se defendió. Aseguró que desde que empezaron sus labores de exploración han implementado los estándares más exigentes de la industria. “Podemos decir que el impacto generado hasta hoy es de baja intensidad, puntual, mitigable y compensable”, declaraba la compañía hace unos días.

Voces como las del director de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -Andi- también se manifestaron contra la consulta. Bruce Mac Master, su director, aseguraba que en el tema ambiental existen normas y entidades que estudian si un proyecto es viable o no. “Es absurdo atacar los proyectos considerados como viables y sostenibles, afectando a toda la población que se puede beneficiar de los mismos”, decía en una entrevista con la agencia Colprensa. Según él, si no fuera por la minería legal, no habría industria cementera, de construcción, metalúrgica o agroquímica. Pero para los ciudadanos, los argumentos a favor del medio ambiente estuvieron por encima.

“Los explosivos usados para minería a cielo abierto contaminan el aire con metales pesados, presentes en el subsuelo. El drenaje ácido de las minas a cielo abierto libera cadmio y arsénico, tóxico para el ambiente y la gente”, razona Carlos Lozano Acosta, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Según él, la decisión de este domingo servirá para otras regiones, no solo de Colombia, que están enfrascadas en conflictos ambientales. “Lo que pasó hace realidad la promesa de participación y de centralización de la Constitución de 1991. Es una voz que debe ser acatada por el Estado. Es un ejemplo para otros países”.

Por primera vez, una consulta popular de iniciativa ciudadana y con un enfoque ambiental demostró que los caminos participativos que el Estado garantiza en el papel, pueden ser posibles en la realidad. El desenlace de esta historia, sin embargo, está todavía por verse.

Los más pesimistas temen que no se respete la voluntad del pueblo y que no se revoquen los titulos mineros existentes con AngloGold. Otros dicen que la lucha continuará hasta que el proyecto desaparezca de la zona. Un final con el que los promotores del no sueñan desde enero del año pasado, cuando se propuso hacer la consulta. Meses más adelante, en mayo, la Corte Constitucional le dio un empujón a la idea, al declarar inconstitucional un apartado del Código de Minas que no permitía a los municipios decidir (prohibir) sobre la minería. La estocada final apareció en octubre, cuando otro pronunciamiento de la Corte señaló que las consultas populares en temas mineros son constitucionales. En ese momento, empezó la carrera de ambas partes por llevarse la mayoría de votos.

Jimmy Torres, del comité ambiental del Tolima, asegura que el camino a seguir es blindar la consulta. “Esto es un paso muy importante, pero no el final. Ahora debemos velar para que se cumpla lo que se decidió en las urnas”, decía desde Cajamarca, a donde llegaron organizaciones internacionales para acompañar el proceso. “Unirnos para proteger el agua y la tierra debe ser una meta. El agua no tiene color político, es la fuerza que nos une”, señalaba en la tarde del domingo.