Bruselas lleva a la justicia a tres países europeos por incumplir las cuotas de refugiados

Bruselas no ve más margen para el diálogo con los países que incumplen su deber de acoger refugiados. La Comisión Europea ha anunciado este jueves que enviará a Polonia, Hungría y República Checa al Tribunal de Justicia de la UE por incumplir el régimen de cuotas obligatorias de asilados aprobado en 2015. El Ejecutivo comunitario les había abierto expediente el pasado junio y los países han rehusado cambiar de posición desde entonces. Ahora será el tribunal europeo el que decida si han vulnerado la ley y si les impone alguna multa.

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El controvertido programa de reparto de refugiados generó un fuerte rechazo en algunos Estados miembros, especialmente en el bloque del Este. Aunque ningún país de la UE llegó a cumplir plenamente con la acogida de demandantes de asilo arribados a las costas griegas e italianas —los territorios con mayor presión de llegadas—, la negativa absoluta de algunos a participar llevó a Bruselas a tomar medidas. “Aunque el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado la validez del programa de reubicación en su decisión del 6 de septiembre, República Checa, Hungría y Polonia continúan sin cumplir sus obligaciones jurídicas”, argumenta la Comisión para justificar el paso a la siguiente fase del proceso. El comisario europeo de Migración, Dimitris Avramopoulos, ha añadido: "He agotado todas las vías de diálogo para convencer a esos tres Estados. Lo lamento pero he tenido que ir al siguiente paso".

Para evitar críticas de preferencias políticas, el Ejecutivo comunitario abrió expediente a un país de cada sensibilidad: Polonia, del ultranacionalista partido de Jaroslaw Kaczynski; Hungría, del Partido Popular Europeo, y República Checa, entonces de primer ministro socialdemócrata, aunque hoy la dirige un multimillonario populista adscrito al partido liberal. Los tres países rechazaron formar parte del esquema que pretendía reubicar a 160.000 personas desde Grecia e Italia hacia el resto de Estados miembros en dos años. El programa expiró el pasado septiembre con menos de 30.000 refugiados recolocados.

La decisión está ahora en manos del Tribunal de Justicia de la UE, cuyas decisiones son vinculantes. La máxima instancia judicial del club comunitario podría decidir imponer una multa. La Comisión ha querido llegar hasta el final para dejar claro que las cuotas forman parte de la normativa europea (fueron aprobadas por los Estados miembros por mayoría cualificada, con el voto contrario de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania) y que ignorar la ley no es una opción. En la práctica, el sistema obligatorio de reubicación de refugiados en situaciones de crisis se ha convertido en papel mojado.

Solo por consenso

El Consejo —representa a los Estados miembros— debate desde hace meses cómo conciliar solidaridad con los demandantes de asilo y la responsabilidad en la vigilancia de las fronteras. Las distintas presidencias semestrales de la UE han buscado fórmulas que obligaran a todos a participar de los dos compromisos. El presidente del Consejo, Donald Tusk, quiere ahora desbloquear el dossier y proponer que pueda aprobarse el próximo junio, con un cambio fundamental en la redacción: no habrá cuotas obligatorias para nadie. Todo será voluntario, aunque con incentivos para participar de esos compromisos.

El documento de discusión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, parte de una premisa: solo los Estados pueden gestionar eficazmente la migración. El mensaje supone una crítica soterrada al intento de la Comisión Europea de liderar las actuaciones en este terreno. El presidente del Consejo pide, además, dotar de una financiación permanente la política migratoria (en lugar de pedir fondos adicionales a los Estados cada vez que se desata una crisis) y arremete contra el reparto vinculante de asilados. "Las cuotas obligatorias han generado grandes divisiones y esa aproximación ha resultado ineficaz", concluye.

Los jefes de Estado y de Gobierno debatirán la propuesta de Tusk en la cumbre que celebrarán la próxima semana. No se esperan decisiones —llegarán como pronto en seis meses—, pero la discusión servirá para ver cómo acogen la idea las dos partes enfrentadas: por un lado, un grupo de Estados capitaneados por Alemania e Italia, partidarios de que la relocalización implique a todos los países europeos, y por otro, Estados como los afectados por el expediente que abrió Bruselas, que alegan razones de soberanía nacional para negarse a aceptar una política europea que consideran lesiva. Si para el próximo junio no se logra un consenso, Tusk promete presentar una propuesta firme.