El veto de la venta de casas a extranjeros y otras medidas de la primera ministra de Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, cumple esta semana su primer mes al frente del Gobierno, un corto periodo en el que ya ha anunciado algunas de las medidas que prometió durante la campaña electoral. Entre estas, Ardern ha abanderado una política de puertas abiertas a los refugiados y ha anunciado que prohibirá la venta de casas ya construidas a extranjeros en 2018, medida con la que pretende prevenir el encarecimiento de la vivienda. Con 37 años, Ardern es la primera ministra más joven en la historia de este país y la tercera mujer en haber llegado al poder en la isla.

Más información

Nueva Zelanda se prepara para acoger a refugiados por el cambio climático

Objetivo: salvar la tradición chocolatera en Nueva Zelanda

La complicada polémica de la actriz ‘blanca’ que interpreta a una heroína negra en Brasil

Ardern, del Partido Laborista, peleó con tenacidad en la carrera electoral. El pasado 19 de octubre se anunció que sería la nueva primera ministra de Nueva Zelanda, cargo que asumió el 26 de ese mes. Tras una de las elecciones más reñidas en la historia del país, los laboristas lograron un acuerdo de coalición con los Verdes y los nacionalistas de Nueva Zelanda Primero, poniendo fin a una década de Gobierno del conservador Partido Nacional. En términos numéricos Ardern perdió las elecciones: su partido obtuvo el 37% de los votos mientras que el Partido Nacional obtuvo un 44%. Sin embargo, este fracasó en su intento de formar Gobierno. 

Ardern ha impulsado una política de puertas abiertas para los refugiados. Este lunes anunció que su Gobierno y el de Australia habían dialogado sobre un posible proceso de selección para acoger a una parte de los refugiados que ocupan el clausurado centro de refugiados de la isla Manus en Papúa Nueva Guinea. El Gobierno de Ardern ha ofrecido acoger a unos 150 refugiados que se encuentran en los centros de Manus y de Nauru (que tiene Australia en el Pacífico Sur). Sin embargo, el Gobierno de Australia rechazó la propuesta por considerar que eso alentaría a los inmigrantes a entrar a su territorio.

“Como vecinos levantamos la mano para decir, estamos para ayudar”, expresó Ardern tras ofrecer a Papúa Nueva Guinea y a las agencias de ayuda humanitaria casi 1,7 millones de euros para el cuidado de los refugiados de Manus, en el que permanecen todavía unos 400 refugiados sin agua, comida, servicios básicos o atención médica. El Tribunal Supremo papú declaró ilegal el centro en abril del año pasado.

 El Gobierno neozelandés ha anunciado asimismo que impulsará la creación de una visa para refugiados climáticos. En una entrevista para la CNN anunció que su país debe estar preparado para acoger a refugiados de las islas aledañas por el cambio climático, pese a la coalición que su Gobierno mantiene con el conservador y antiimigrante Partido Nueva Zelanda Primero.

Vivienda asequible

Ardern ha abanderado, por otro lado, la lucha contra la especulación inmobiliaria extranjera en su país. El precio de la vivienda se ha disparado en la isla en la última década. En Auckland, la ciudad más poblada del país, se han duplicado los precios. “Este Gobierno tiene como prioridad la propiedad de vivienda y la vivienda asequible. Nos mantenemos firmemente a favor de que la vivienda sea un derecho”, dijo la mandataria pocos días después de haber jurado el cargo.

La medida busca hacer más asequible la compra de vivienda para los kiwis, los habitantes de Nueva Zelanda. Al prohibir que cualquiera que no sea ciudadano neozelandés o residente en el país pueda comprar casas ya edificadas, busca prevenir que se disparen los precios. Solo los australianos estarán exentos de esta prohibición, ya que los neozelandeses también pueden comprar propiedades en Australia. Tampoco se verán afectados la venta de terrenos en zona residencial para la construcción de vivienda ni la compra sobre plano o las actuales propiedades de extranjeros, apuntó el Gobierno.

La joven política, que se describe a sí misma como feminista, socialdemócrata, progresista y republicana, ha defendido la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el derecho al aborto, la defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de la marihuana y la defensa de la universidad gratuita para todos los neozelandeses.