Ucrania limita la escolarización en las lenguas minoritarias

Una polémica ley de educación, aprobada por el parlamento estatal de Ucrania en septiembre, incrementa el ámbito de la lengua ucrania a costa de las lenguas de las llamadas “minorías nacionales” y “pueblos indígenas” y puede representar una nueva amenaza para la frágil estabilidad de Ucrania y las delicadas relaciones de Kiev con sus vecinos occidentales y Rusia.

Ucrania es un país de 46 millones de habitantes y variadas minorías lingüísticas, donde el ucranio es el único idioma con rango estatal. En el censo de 2001, un 67,5% consideraban el ucranio su lengua natal y un 29,6%, el ruso, que es oficialmente la minoría lingüística más numerosa del país. Además, hay rumanos y moldavos (319.000 en 2001), húngaros (157.000), polacos, búlgaros y bielorrusos, entre otras comunidades. A tenor de la ley de las bases de la política lingüística estatal, aprobada en agosto de 2012, las lenguas de las minorías pueden tener carácter oficial en regiones y zonas donde son habladas por más del 10% de la población local. Esto ha permitido, por ejemplo, que el ruso fuera ampliamente utilizado en provincias como Donetsk, Lugansk, Herson, Odessa o Harkov, el rumano en zonas de la provincia de Chernovzí (la antigua Bukovina), y el húngaro en ciudades de la Transcarpatia.

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La nueva ley de educación, aprobada por la Rada Suprema (Parlamento estatal) a principios de septiembre, fue firmada por el presidente, Petró Poroshenko, el 27 de este mes y su contenido ha provocado airadas protestas y críticas en Hungría, Rumanía y también en Rusia. En Budapest, el parlamento del país magiar adoptó por unanimidad una resolución condenando la ley y el ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, amenazó con bloquear todas las decisiones vinculadas con la integración europea de Ucrania. En Bucarest, el Parlamento rumano aprobó una resolución expresando su “profundo pesar” por la ley, y el presidente, Klaus Iohannis, criticó el documento y anuló una visita a Kiev. En Moscú, la Duma estatal calificó la ley de “etnocidio” de los rusos.

En 2014, para justificar la anexión de Crimea y su intervención en el este de Ucrania, Rusia invocó argumentos lingüísticos entre otros y denunció el intento de la Rada Suprema de aprobar una ley que restringía el uso de las lenguas minoritarias en las regiones. Alexandr Turchínov, por entonces jefe del Parlamento, no firmó aquella ley que jamás entró en vigor. Moscú, no obstante, hizo caso omiso de esta circunstancia y siguió acusando a Ucrania de discriminar a las minorías. Desde Moscú se han alentado movimientos y protestas de minorías de Ucrania como los rusinos o rutenos (comunidad eslava oriental de los Cárpatos), incluso mucho antes de las turbulencias de 2014. 

La nueva ley de educación establece el papel prioritario del idioma ucranio en el proceso educativo en todas las instituciones de enseñanza. Los derechos de las minorías a la enseñanza en su propia lengua se ven reducidos respecto a lo estipulado en la Constitución ucraniana —que recoge explícitamente la defensa del ruso y de los idiomas de las minorías por parte del Estado— y también en la ley de 2012. También supone una restricción respecto a la carta europea de lenguas regionales, que Kiev ha ratificado.

En lugar de garantizar la posibilidad de una escolarización en la lengua materna en la enseñanza primaria y secundaria e incluso en la Universidad, como ha sido el caso hasta ahora, la nueva ley solo la garantiza en la preescolar y primaria a las “minorías lingüísticas”, y hasta la secundaria en el caso de los “pueblos indígenas”, concepto que, según la vicepresidenta de la Rada, Oksana Syroyd, incluye a los tártaros de Crimea y otros grupos más reducidos.

Tanto para las “minorías” como para los “indígenas”, las clases en lengua materna serán en grupos aparte y sus lenguas no se enseñarán en los grupos formados por estudiantes de lengua materna ucraniana. De este modo, lenguas que son mayoritarias en una región (pero minoritarias en el Estado en su conjunto), no se trasmitirán a los escolares de habla ucraniana allí residentes. Además, el Estado transfiere la enseñanza de las lenguas minoritarias a niveles inferiores de la administración.

Las restricciones en la enseñanza de las lenguas minoritarias se pasman en un artículo de la ley que no había sido discutido con los representantes de estas comunidades. Húngaros y rumanos protestaron airadamente, los polacos se pusieron en guardia y la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa trató especialmente el tema. “Muchos países vecinos afirmaron que esa ley viola los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales”, señalan las conclusiones de la asamblea reunida el 12 de octubre. Las medidas para promocionar la lengua estatal “deben ir acompañadas de medidas para defender y promocionar las lenguas de las minorías nacionales. Si esto no se hace, el resultado será la asimilación y no la integración”, afirma la Asamblea, según la cual la nueva ley no corresponde al equilibrio existente entre la lengua estatal y las lenguas de las minorías nacionales, sino que conlleva “una sustancial disminución de los derechos antes legalizados para las minorías nacionales”.

En opinión de la Asamblea, la restricción en las garantías de enseñanza de las lenguas maternas minoritarias “no contribuye a la convivencia”. Ucrania ha presentado el texto al dictamen de la Comisión de Venecia que tiene que responder antes de final de año.