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La Fiscalía portuguesa acusa al ex primer ministro Sócrates de 31 delitos de corrupción

El banquero Ricardo Salgado, responsable del imperio Espírito Santo, acusado de 21 delitos

Jose Sócrates durante una entrevista en julio.
Jose Sócrates durante una entrevista en julio. AFP

La Fiscalía General del Estado, tras tres años de investigación, ha informado este miércoles de que José Sócrates, ex primer ministro de Portugal, está acusado de 31 delitos. En la llamada Operación Marqués hay un total de 28 implicados, aunque la cabeza de la investigación se basa en el ex primer ministro socialista y en el exbanquero Ricardo Salgado, responsable del imperio Espírito Santo, acusado de 21 delitos. En total, los acusados son 19 personas y nueve empresas, implicadas principalmente en el blanqueo de dinero. Entre las personas destacan, aparte de los dos ya citados, los exgestores de Portugal Telecom, Henrique Granadeiro y Zeinal Bava; el fundador del grupo constructor Lena, Joaquim Barroca y el exministro socialista Armando Vara.

Sócrates está acusado de tres delitos de corrupción pasiva, de 16 años de blanqueo de capitales, nueve de falsificación de documentos y tres de fraude fiscal cualificado. Ricardo Espírito Santo Salgado añade a estos delitos el de corrupción activa, mientras que Granadeiro es acusado de ocho delitos, Bava de cinco y Vara de tres.

De esta forma, la Fiscalía concluye tres años de investigaciones sobre la trama alrededor del ex primer ministro. En otoño de 2014, Sócrates fue arrestado en el aeropuerto de Lisboa. Permaneció nueve meses en la cárcel, pues la ley portuguesa lo permite para no entorpecer la investigación.

En el caso del exbanquero Ricardo Salgado, estas son solo las primeras acusaciones de los tres procesos en los que está envuelto. Además de la Operación Marqués, la Operación MonteBranco y la Operación Espírito Santo, entidad que tuvo que ser rescatada por el Estado.

La semana pasada, los tribunales ordenaron el embargo de varios pisos y tierras que estaban a nombre de Salgado o de presuntos testaferros, con el fin de responder a las pérdidas económicas del Estado en caso de que Sócrates sea condenado.

Habrá que demostrar que los 24 millones del amigo Santos Silva son en realidad del ex primer ministro

Sea una operación u otra, hay una red común de comportamiento entre el Banco Espírito Santo, primer accionista del antiguo Portugal Telecom, que comercializaba obligaciones de las empresas del Grupo Espírito Santo cuando el banco ya no lo podía hacer. Esa connivencia entre el Banco y la operadora —que le llevó a la venta en saldo a la brasileña OI y la caída en cascada de todo el imperio Espírito Santo— es por lo que son imputados sus máximos gestores en ese momento, Granadeiro y Bava. En esa trama siempre estaba por medio José Sócrates.

En el resumen del caso enviado por la fiscalía —el sumario son más de 4.000 folios— el ministerio público explica el lavado de 24 millones de euros pertenecientes a Sócrates. Según el fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre 2006 y 2015 cuando, gracias a Sócrates, el Grupo Lena conseguía contratos comerciales con la intermediación de su amigo Carlos Santos Silva, también imputado. Él es la pieza fundamental de la red, el testaferro de Sócrates a quien pagaba un apartamento de lujo en París, vacaciones a toda la familia, la compra de libros o de pisos. El grupo Lena le pagaba a Carlos Silva los favores a través de diversas cuentas suizas, en donde también coincidían cantidades de Espírito Santo. El trabajo de los fiscales —en una investigación que ha durado tres años y para la que se han empleado los mayores recursos de la historia judicial— será demostrar que ese dinero del amigo Santos Silva era en realidad de Sócrates.

En total, los acusados, por los ingresos recibidos, según la acusación, le deben al Estado 58 millones de euros en impuestos, de ellos 19,5 millones los tiene que pagar Sócrates.

Para la defensa de Sócrates, todo es "una novela vacía de hechos y pruebas". Ahora se inicia un larguísimo proceso judicial, que puede acabar hacia 2025. De momento comienza el plazo de dos meses para que la defensa recurra a la posibilidad de ir a juicio.

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