Revolución (cívica) permanente

“Revolución permanente” es un concepto central en Karl Marx y Friederich Engels. Es la noción según la cual el proletariado debía mantenerse activo para llevar el proceso revolucionario más allá de su fase democrático-burguesa. Fue León Trotsky quien hizo del término el punto medular en su idea de internacionalismo revolucionario, contrapuesta a la concepción de Josef Stalin de limitar la revolución a la Unión Soviética.

Pero no se trata de la historia de la Revolución Rusa. Todo esto porqué si cualquiera de ellos hubiera conocido la Guatemala de los últimos años también habría hablado de una revolución permanente, aunque de naturaleza cívica. Es decir, en favor de la ciudadanía democrática, de los derechos de las personas, de las instituciones independientes del Estado y de la probidad del gobierno.

Se trata, en definitiva, de una revolución contra la corrupción que se prolonga en el tiempo. La misma comenzó en 2006 con un acuerdo de asistencia judicial entre Guatemala y las Naciones Unidas. Así se creó la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), a cargo de la investigación de importantes casos de violación de derecho.

El caso más renombrado tal vez haya sido el de defraudación fiscal aduanera perpetrada por una organización—denominada “la línea”—que llegaba a lo más alto del poder político. La CICIG y el Ministerio Público demostraron la existencia de una amplia red de importadores-evasores dirigida desde desde la propia oficina de la Vicepresidencia. Ocurre que impunidad y corrupción van de la mano.

Ello produjo movilizaciones populares exigiendo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y del presidente Otto Pérez Molina. Las protestas fueron pacíficas y cívicas, tan cívicas que los manifestantes barrían la plaza de la Constitución al concluir la jornada…para volver a congregarse en el mismo lugar al día siguiente. Ello durante semanas hasta que Baldetti renunció en mayo de 2015 y Pérez Molina, en septiembre. Ambos están con prisión preventiva bajo cargos de corrupción.

Los eventos de 2015 ocurrieron en plena elección que llevó a Jimmy Morales a la presidencia. Comediante de televisión devenido en político, sus promesas de campaña prácticamente se redujeron a una: no ser corrupto. No fue poca cosa en una región en la cual el crimen captura el Estado con demasiada frecuencia, práctica que garantiza la impunidad.

Claro que la compulsión a la repetición también parece tener lugar en la política. Así es como en enero pasado el hermano y el hijo del presidente Morales fueron acusados de malversación de fondos públicos. Pero luego la CICIG decidió investigar el financiamiento electoral ilícito, incluyendo la campaña presidencial de Morales en 2015. En América Latina, el financiamiento irregular de campañas es un crimen ya casi tipificado con nombre propio: Odebrecht.

El presidente replicó ordenando la expulsión del país del comisionado Iván Velásquez, abogado colombiano a cargo de la CICIG. La medida lo asemeja a su predecesor, Pérez Molina, quien había intentado caducar el mandato de la CICIG. Como entonces, la lucha contra la corrupción volvió a sacar a la sociedad a la calle. Y esta vez además produjo renuncias en el gabinete y un amparo de la Corte de Constitucionalidad invalidando la expulsión de Velásquez.

En su afán de neutralizar a la CICIG, el presidente Morales avanza en la misma, equivocada, dirección que Pérez Molina. Logró aprobar en el Congreso una ley para limitar la imputabilidad en los casos de financiamiento ilegal de campañas y otra para la conmutación de penas asociadas a dicho crimen, un evidente traje a la medida.

El Constitucional también anuló esas leyes y la movilización ciudadana expresó su apoyo una vez más, reflejo ambos de la soledad del presidente y la crisis política en la que habita su gobierno. Y todo ello por no haber aprendido la lección de Pérez Molina y Baldatti, ni las lecciones que vienen de afuera: ante la creciente internacionalización de la corrupción, asimismo se internacionalizan los instrumentos para combatirla.

Guatemala emite un mensaje de esperanza, ético y democrático para toda la región. La sociedad civil señala un camino. Los guatemaltecos de a pie se resisten a ser súbditos, piezas desechables de la maquinaria de la corrupción. Son ciudadanos, reclaman sus derechos, demandan calidad institucional, tienen voz y capacidad de acción colectiva. Han iniciado una verdadera revolución cívica, una revolución que no abandonan, es permanente.

Lo que falta en América Latina es que las élites políticas comiencen a darse cuenta de la realidad. Desafortunadamente, van muy por detrás de las sociedades que supuestamente representan y deberían gobernar. Y ese quizás sea el problema más grave de la democracia.

@hectorschamis