De azote del paramilitarismo en Colombia a látigo contra la corrupción en Guatemala

El magistrado Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), tiene 62 años. Viste con elegancia, pero sin ostentación. Una barba blanca enmarca su rostro sereno. Habla pausadamente, sin levantar la voz. Tiene, eso sí, la virtud de cuidar sus palabras. Su formación jurídica colabora a que cada una de sus frases exprese exactamente lo que quiere decir. Que no haya pie a interpretaciones erróneas de su discurso. Su cuidado es mayor si cabe estos días en los que el presidente, Jimmy Morales, ha pedido su expulsión del país.

Velásquez ha ocupado cargos que le han permitido luchar en defensa de la ley y en oposición a las prácticas que atentan contra la dignidad del hombre. En Colombia, a mediados de los noventa, inició una lucha frontal contra los paramilitares colombianos, empeño que seguiría cuando fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia el año 2000. Logró entonces que se condenara a más de 50 congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo y reveló la vinculación de 130 diputados con estructuras criminales, en el caso conocido como “narcopolíticos”. Este trabajo le generó importantes enemigos, el más connotado de todos, el expresidente Álvaro Uribe, quien no pierde oportunidad para denostarlo públicamente.

Con estas credenciales fue elegido en septiembre de 2013 por el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para liderar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Su porte de elegante funcionario internacional no inquietó a las mafias que mantienen secuestrado al Estado guatemalteco y que, en buena medida, habían neutralizado la labor de sus antecesores, los magistrados Carlos Castresana (español) y Francisco Dall’Anese (costarricense).

La CICIG, creada en diciembre de 2006, tras un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de este país centroamericano, ha llevado ante la justicia a políticos, empresarios y militares. El objetivo del órgano independiente ha sido apoyar a la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por los cuerpos ilegales de seguridad y en acciones destinadas a fortalecer las instituciones del sector Justicia, según se lee en la página oficial del ente internacional. El organismo pronto centró sus esfuerzos en combatir la mayor lacra que enfrenta el Estado guatemalteco: la corrupción desbocada de la clase política enquistada en todo el aparato estatal y que frena, desde antes de nacer, todo esfuerzo por convertir a Guatemala en un Estado moderno y democrático.

Desde que el magistrado colombiano Iván Velásquez fue nombrado comisionado de la CICIG en agosto de 2013, su trabajo ha permitido que políticos y empresarios corruptos estén en la cárcel, otros prófugos y un buen número de ellos bajo investigación. Velásquez, el tercer jefe del ente internacional por detrás del magistrado español Carlos Castresana y del costarricense Francisco Dall’Anese, ha conseguido condenas importantes que involucran a poderes hasta ahora intocables. El caso más destacado es el conocido como La Línea, que tiene tras las rejas al ex presidente Otto Pérez Molina, a quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a la totalidad del gabinete de gobierno del Partido Patriota, que ejerció el poder entre el 14 de enero de 2012 y el 2 de septiembre de 2015, cuando Pérez Molina se vio obligado a dimitir por los escándalos de corrupción que marcaron su administración.

El tener en jaque a políticos, militares y empresarios, hasta ahora intocables, fue ‘demasiado atrevimiento’ y había que buscar un mecanismo para deshacerse del “colombiano entrometido, que no respeta la soberanía del país”, según la propaganda de los sectores más ultramontanos. La ocasión dorada se presentó cuando la CICIG señaló –y los tiene en prisión provisional, sujetos a los tribunales– a un hijo y un hermano del presidente Jimmy Morales, por fraude al Fisco y, desde el último viernes, al mismo mandatario de quien se pide sea despojado de la inmunidad de su cargo para poder ser investigado, y en su caso, enjuiciado, por anomalías financieras en la campaña que lo llevó al poder.

Fue fácil para los grupos detrás del trono de Morales, un hombre sin ninguna experiencia política y un desconocimiento absoluto de cómo se manejan las relaciones internacionales, convencerlo de que declarara al Iván Velázquez como persona non grata y ordenara su expulsión inmediata del poder.