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La comisión anticorrupción de la ONU, el azote a la conciencia moral de Guatemala

El trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad ha llevado ante la justicia a políticos, empresarios y militares

Protestas contra el presidente de Guatemala.
Protestas contra el presidente de Guatemala. REUTERS

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) creada en diciembre de 2006, tras un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de este país centroamericano, ha llevado ante la justicia a políticos, empresarios y militares. El objetivo del órgano independiente ha sido apoyar a la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado en la investigación de los delitos cometidos por los cuerpos ilegales de seguridad y en acciones destinadas a fortalecer las instituciones del sector Justicia, según se lee en la página oficial del ente internacional.

El organismo pronto centró sus esfuerzos en combatir la mayor lacra que enfrenta el Estado guatemalteco: la corrupción desbocada de la clase política enquistada en todo el aparato estatal y que frena, desde antes de nacer, todo esfuerzo por convertir a Guatemala en un Estado moderno y democrático.

Desde que el magistrado colombiano Iván Velázquez fue nombrado comisionado de la CICIG en agosto de 2013, su trabajo ha permitido que políticos y empresarios corruptos estén en la cárcel, otros prófugos y un buen número de ellos bajo investigación. Velázquez, el tercer jefe del ente internacional por detrás del magistrado español Carlos Castresana y del costarricense Francisco Dall’Anese, ha conseguido condenas importantes que involucran a poderes hasta ahora intocables. El caso más destacado es el conocido como La Línea, que tiene tras las rejas al ex presidente Otto Pérez Molina, a quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, y a la totalidad del gabinete de gobierno del Partido Patriota, que ejerció el poder entre el 14 de enero de 2012 y el 2 de septiembre de 2015, cuando Pérez Molina se vio obligado a dimitir por los escándalos de corrupción que marcaron su administración.

El caso La Línea era una red mafiosa que operaba en las aduanas, donde se cobraban sobornos a empresarios, a cambio de modificar sobre el papel el contenido de las importaciones para evitar el pago de impuestos. Los vistas de aduanas recibían una comisión tasada en alrededor del 25% del dinero estafado al fisco. Quienes se negaban no podían retirar sus productos. Al final se determinó que los máximos dirigentes de la mafia eran Pérez Molina y Baldetti.

Otro caso significativo es el conocido como Construcción y Corrupción, una mafia que operaba a lo interno del Ministerio de Comunicaciones y que era liderada por el extitular de la cartera, Alejando Sinibaldi Aparicio (prófugo de la justicia) y que consistía en adulterar documentación para simular actividades comerciales que permitieron saquear las arcas del Ministerio, así como chantajear a empresarios que habían ejecutado obras pero que el Gobierno no les pagaba. La comisión para agilizar la cancelación de los servicios oscilaba entre el 20% y el 30% del monto adeudado.

Un escándalo mayúsculo provocó el caso conocido como Cooptación del Estado, que destapó como el Partido Patriota diseñó toda una maquinaria de lavado de dinero destinada a financiar la campaña que llevó a Pérez y Baldetti al poder. “No se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino de una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder (…) y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez y Roxana Baldetti", expresó en su momento el comisionado Velázquez.

El equipo de Velázquez actualmente investiga escándalos como el de Odebrecht, que amenaza con diezmar al Congreso (legislativo, unicameral) y el caso que desató la crisis: la financiación ilegal de las campañas electorales de los partidos políticos, extremo que ha permitido a las mafias cooptar a todas las instituciones estatales.

El perverso mecanismo es relativamente sencillo. Los financistas de los partidos les facilitan cantidades millonarias para sus campañas, a cambio de que, una vez en el poder, el partido ganador les facilite negocios como construcción de obras o ‘disimulen’ ante la comisión de delitos graves, con el tráfico de drogas o personas.

En los últimos días, la CICIG sacó a luz la financiación ilegal de los partidos Unión Nacional de la Esperanza (UNE, el principal partido de la oposición), y del extinguido Libertad Democrática Renovada (Lider), clausurado por el Tribunal Supremo Electoral ante los múltiples delitos cometidos en las últimas elecciones, como sobrepasar, por mucho, el techo de gastos y no reportarlos ante el Tribunal Supremo Electoral, como manda la ley.

El comisionado del ente internacional, acompañado de la Fiscal General, Thelma Aldana, pidió el viernes el desafuero de Morales para que pueda ser investigado por delitos relacionados con la campaña que lo llevó al poder en 2015. Ese mismo día, en Nueva York, Jimmy Morales buscaba entrevistarse con el Secretario General de la ONU, António Guterres a quien pediría sin éxito la remoción de Velázquez al frente de la CICIG,