El Congreso de Guatemala blinda a Jimmy Morales al impedir que sea investigado

Con únicamente 25 votos a favor de despojarlo de su inmunidad, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha logrado este lunes una victoria pírrica después de que el Congreso impidiera la investigación por su presunta vinculación con delitos relacionados con la financiación ilegal de la campaña que lo llevó al poder en las elecciones generales de 2015, según a la acusación del Ministerio Público (fiscalía) y el Tribunal Supremo Electoral.

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De acuerdo con la ley, para que un funcionario aforado pueda perder su inmunidad, hace falta que al menos 105 de los 158 diputados voten a favor de la medida. En la sesión solo participaron 129 legisladores. La norma es específica en cuanto a que el desafuero no implica la culpabilidad del encausado, extremo que solo corresponde dictar a un juez del ramo penal. Solo abre las puertas para que la investigación en su contra pueda profundizarse sin las vallas que lo protegen por su investidura.

Fue, en buena medida, una decisión cantada con antelación. Ya la Comisión Pesquisidora formada por cinco diputados, en su informe al Congreso, dejaba las puertas abiertas para que el retiro de la inmunidad se viera entorpecido. Entre las argumentaciones de los investigadores, llamó la atención de que si bien sus integrantes encontraron "hechos que ameritan ser conocidos por un juez del ramo penal", puntualizaban que no encontraron indicios suficientes sobre la participación directa de Morales en los hechos punibles, a pesar de que en su calidad de secretario general de su partido era su responsabilidad directa.

El mandatario también cuenta con el grupo mayoritario en el Congreso: 37 escaños, así como partidos satélites como el Movimiento Reformador (20 escaños) y Alianza Ciudadana (13), suficientes para impedir una decisión en un sentido u otro. A esto se suma que el mayor partido de la oposición, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, con 32 escaños), decidió dejar en libertad a sus diputados para "votar en conciencia". Esto, pocos días después de que tanto la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidieran que el jefe de ese grupo parlamentario, Orlando Blanco, fuera igualmente desaforado.

A esto se añade la investigación en marcha contra un número no revelado de diputados por haber recibido sobornos de la brasileña Odebrecht, suficientes para diezmar la legislatura. Por lo que se entiende que los diputados hicieran piña en contra de una medida destinada a desterrar la impunidad. Resulta revelador que entre los argumentos más recurrentes de quienes ampararon a Morales esté la "soberanía" de Guatemala, así como tachar de "comunistas" a quienes apoyan la labor de la Cicig y la Fiscalía.

"Puede que Jimmy Morales se sienta envalentonado con este resultado, pero tanto su figura, como la del Legislativo continuarán deteriorándose. La gente lo verá como un 'hoy por ti, mañana por mí", ha dicho a EL PAÍS el analista Luis Linares, de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente) en alusión a la investigación en marcha sobre el escándalo Odebrecht. Añadió que, lo más grave, es el desgaste de la imagen de Guatemala en el exterior.

"Quienes votaron a favor de mantener la inmunidad del presidente son parte del sistema. No cabía esperar que fueran a hacerse un haraquiri político", comenta a este periódico el director del Instituto de problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Edgar Celada. Lo indudable es que el Gobierno queda muy debilitado, porque las fuentes de la crisis política e institucional se mantienen, añade. "No hay señales de que desde el Ejecutivo haya capacidad para administrar la cosa pública como se esperaría".

Jimmy Morales ha alcanzado una victoria pírrica. Si bien logró impedir que se le investigue por corrupción, su figura ha sufrido un desgaste mayúsculo, mientras el guatemalteco de a pie empieza a sufrir el impacto de la decisión de Morales de declarar non grato al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, y pedir su expulsión inmediata del país. Medios como The New York Times, The Washington Post y la revista británica The Economist calificaron a Guatemala como un país que, lejos de combatir la corrupción, la consiente y, en consecuencia, no es un lugar digno de confianza. La reacción fue inmediata y varias inversiones que se esperaban emigraron a otros países, según reconoció públicamente Antonio Malouf, uno de los altos dirigentes la iniciativa privada guatemalteca, hace ahora aliada de Morales.