El Supremo da luz verde para investigar al presidente de Guatemala

La Corte Suprema de Justicia allanó este lunes el camino para que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pueda ser despojado de su inmunidad y, en consecuencia, ser investigado por delitos relacionados con la financiación irregular de la campaña política que lo llevó al poder en enero de 2016. El proceso, sin embargo, tiene todavía un largo camino por recorrer. El expediente debe ser enviado al Congreso, donde es necesaria una mayoría calificada —los votos de al menos 105 de los 158 legisladores— para despojar al mandatario de ese privilegio. El partido gobernante, el Frente de Convergencia Nacional, no es mayoritario en el Parlamento, pero mantiene alianzas con otras formaciones.

El procedimiento está normado en la legislación: una vez recibido el expediente, este deberá conocerse en la primera sesión ordinaria del Legislativo, que deberá celebrarse “no más de ocho días después de su recepción”. En esa misma sesión parlamentaria se integrará, por sorteo, una comisión de cinco miembros, que deberán recomendar al pleno si retira los fueros al mandatario. Se escuchará a las partes “para establecer la veracidad de la denuncia” y, de ser el caso, poner al mandatario en manos de un juez penal.

La futura decisión del Congreso, no obstante, inspira poca confianza en los ciudadanos, dado que este es el organismo del Estado más cuestionado por la población. Para el defensor del Pueblo, Jordán Rodas Andrade, los diputados deberán resolver apegados a derecho. “Es un asunto eminentemente jurídico. El primer gran reto lo tiene la comisión postuladora, pero la responsabilidad final recae en el pleno”, dijo a EL PAÍS. “Es una prueba para el Estado de derecho. Debe funcionar la independencia de poderes”, agregó Rodas y añadió que una resolución no suficientemente fundada podría incidir en una crisis de gobernabilidad sin precedentes.

Para Gustavo García Siang, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), “el Legislativo tiene un grado de confiabilidad sumamente bajo en la percepción de la ciudadanía”. “Muy lejos quedaron los tiempos en los que los legisladores respondían al bien común y a los intereses de la nación. Esto hace que el panorama se presente un tanto incierto”, puntualiza.

García recuerda, no obstante, que en el escenario más negativo, proteger al gobernante, también existen acciones legales para revertir una resolución que atente contra el ordenamiento jurídico y los intereses del país. “La falta de consensos en una decisión tan importante se puede analizar como un incumplimiento de deberes, como una forma de obstruir la justicia por parte de los legisladores”.

Este extremo sería también negativo para la ya maltrecha imagen de Guatemala en el extranjero, tras la decisión de Jimmy Morales de declarar non grato al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velázquez, y ordenar su expulsión inmediata del país. Una reacción más bien hepática del mandatario, cuyo hermano y uno de sus hijos están en los tribunales por presuntos fraudes a Hacienda, tras una denuncia de la propia CICIG. La decisión del mandatario fue anulada por el Constitucional, dado que ni siquiera se cumplieron las fórmulas legales necesarias.

La Presidencia de Guatemala reaccionó a través de un comunicado que difundió en las redes sociales. Morales, que sigue sin dar la cara a la prensa, afirma que siempre ha sido respetuoso del Estado de derecho y la independencia de poderes, y pide a los ciudadanos ser respetuosos de la institucionalidad y “su objetividad, madurez y compromiso con la unidad nacional”.