Un municipio argentino declara “hereditarios” los cargos públicos

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Santa Rosa, en la provincia de Mendoza, tiene 17.000 habitantes y 1.300 empleados públicos. La proporción es enorme pero no debe sorprender: refleja la realidad de muchos pueblos del interior argentino, cuyos habitantes dependen del Estado para trabajar. El ayuntamiento de Santa Rosa tuvo alguna vez hasta 3.000 funcionarios, cuando gobernaba un intendente que hoy está procesado por corrupción. Pero el Ejecutivo ha cambiado ahora de manos. La actual intendenta, Norma Trigo, es de Cambiemos, la alianza de Mauricio Macri. Cuando llegó, dio de baja a más de la mitad de la plantilla municipal, una medida drástica que puso en alerta al peronismo, recién estrenado en su rol de opositor. ¿Cómo respondieron los concejales peronistas? Aprobaron una ordenanza que obliga al ayuntamiento a reemplazar cualquier cargo vacante con un familiar directo del empleado jubilado o fallecido. En resumen, declaró “hereditarios” los cargos públicos, La norma fue rápidamente vetada por Trigo, pero desde el Concejo Deliberante advirtieron que tienen los dos tercios de los votos necesarios para insistir con ella.

El autor de la ordenanza se llama Marcial Ibarra, un hijo de funcionario municipal que se sintió interpelado por la crisis económica que sigue a aquellas familias que pierden el único ingreso. La norma, dijo, buscó entonces “mantener la calidad de vida de la familia del municipal”. Y aclaró que lo único que ha hecho fue dar un marco legal a una situación que se daba de hecho, desde tiempos inmemoriales. “Desde que tengo uso de razón, lo que han hecho los intendentes en Santa Rosa es darle la posibilidad al hijo de un municipal a que ingrese cuando el papá se jubila y muere, pero ha sido discrecional y de acuerdo a la voluntad del intendente y al color político, lo que termina por ser injusto. Lo que hicimos fue dar una normativa, un marco legal, un derecho adquirido a todos por igual”, dijo al diario mendocino Los Andes.

“Será obligación del Ejecutivo prever el ingreso del hijo/a, esposo/a, concubino/a al cargo vacante de menor categoría y acorde a la especialidad y aptitudes”, dice el texto de la ordenanza, que establece además que el trámite de admisión no podrá demorar más de 45 días. Lo cierto es que en Santa Rosa, como en la mayoría de los cargos del Estado en las pequeñas comunidades, el acceso no está regulado y depende de las buenas relaciones políticas del interesado. Por eso la idea de Ibarra fue garantizar el ingreso “más allá de quien gobierne”. La intendenta Trijo no estuvo de acuerdo con ese razonamiento, sobre todo porque la plantilla que tiene ahora es herencia de sucesivos gobiernos ahora opositores. La garantía de cargos “hereditaria”, además, impedirá en el futuro cualquier intento de achicar la plantilla.

Lo primero que hizo Trijo fue entonces vetar la norma. Ante la insistencia de los concejales, que podrán ratificar la norma si consiguen los dos tercios de los votos, amenazó con impulsar su inconstitucionalidad a nivel provincial. “Es facultad del intendente designar al personal”, dijo al canal de noticias TN, por eso la ordenanza “es inconstitucional y va en contra del artículo 16, que señala que somos todos iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. La ordenanza, por ahora, está suspendida. Y dependerá de la oposición insistir o no en ella.