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Los grandes países de América aíslan al régimen de Maduro económicamente

Sus principales aliados comerciales han decidido no reconocer la Asamblea Constituyente

Los representantes de países latinoamericanos reunidos el martes en Lima.
Los representantes de países latinoamericanos reunidos el martes en Lima.

El aislamiento del régimen de Nicolás Maduro no es solo político. Sus principales aliados comerciales han decidido no reconocer la Asamblea Constituyente y todas las decisiones que se deriven de ella, y eso tiene graves consecuencias económicas. Se verán afectados todos los contratos de obra pública y sobre todo las operaciones de financiación que se hagan con empresas de los países que han decidido rechazar la Constituyente, según la Declaración de Lima, firmada el martes por 12 países, entre ellos los más importantes de la región.

La declaración implica que no se aceptará ninguna decisión ni contrato que no sea avalado por la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y que Nicolás Maduro quiere relegar. No son palabras sin más. Desde que decidió convocar la Asamblea Constituyente para quitar el poder al Parlamento controlado por la oposición tras la derrota electoral de 2015, Maduro está sufriendo un durísimo ataque verbal de presidentes como el argentino Mauricio Macri, que le pregunta cómo puede dormir con tantos muertos a sus espaldas. Él contesta con la misma dureza y le llama “cobarde, oligarca, ladrón”. Pero por debajo de esta guerra de palabras, hay decisiones de aislamiento comercial que son mucho más graves para el régimen.

Venezuela, una potencia petrolera que fue uno de los países más ricos de la región, se está quedando sin socios comerciales, lo que complicará aún más su delicada situación económica, con un PIB cayendo al 7,4% según las estimaciones del FMI y una inflación prevista para este año del 720%.

En la lista de los ocho principales socios de Venezuela, los que más venden y compran a este país, solo hay uno que reconozca la Constituyente: China. Los otros siete —EE UU, Brasil, Argentina, Colombia, México, Italia y Alemania— rechazan cualquier decisión que emane del nuevo órgano controlado por el chavismo y algunos, como Brasil o Argentina, hablan abiertamente de dictadura. Venezuela tendrá que concentrarse ahora en China, que ocupa la segunda posición de esta tabla, pero sobre todo porque exporta bienes al país caribeño.

Sus principales compradores, EE UU, Brasil y Argentina, han cerrado la puerta al régimen. Mercosur, de la que acaba de ser suspendida definitivamente, ya le había empezado a aislar hace tiempo, hasta el punto de que había caído un 67% el comercio con este grupo desde que entró en este, en 2012, impulsado por sus entonces aliados de Argentina y Brasil.

La Declaración de Lima es explícita en el cuarto punto. “Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado”. Como en cualquier país, por la Asamblea pasan los Presupuestos y los topes de endeudamiento. Prácticamente todos los grandes contratos y negociaciones internacionales dependen de una decisión del Parlamento.

Este punto garantiza que no solo los países firmantes, sino las empresas de estos países, no pueden llegar a ningún acuerdo que no esté avalado por “la Asamblea Nacional democráticamente electa”, dice el texto, al no reconocer a la Constituyente. “Este punto implica ir más allá de simples posturas discursivas. Es una declaración con consecuencias en favor de la democracia y los órganos electos en ese país”, dijo el canciller mexicano, Luis Videgaray.

Además de los grandes contratos públicos, la situación es especialmente delicada en la financiación. Venezuela necesita endeudarse constantemente. Los inversores que quieran hacerlo, si están radicados en los países que han decidido no reconocer la Constituyente, se arriesgan ahora a no poder cobrar sus deudas porque este organismo ha sido declarado ilegítimo y por tanto las decisiones emanadas de él pueden ser consideradas no válidas por cualquier tribunal.

Los inversores corren el riesgo de no cobrar

La mayoría de los principales inversores en Venezuela están radicados en EE UU, y este país ha declarado oficialmente que no reconoce la Constituyente, a la que califica de ilegítima, y que Maduro es un “dictador”, en palabras de Donald Trump. Precisamente en estos días el régimen chavista trataba de negociar nuevos bonos en condiciones más favorables para los prestamistas. Pero la decisión de sus principales socios de aislarlo hace que cualquiera que se anime asume un riesgo enorme de no cobrar. La batalla ya no es solo política. El régimen puede quedarse rápidamente sin financiación, un mecanismo de presión mucho más eficaz que las condenas verbales.

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