Sanciones a Maduro

Como no podía ser de otra manera, la farsa organizada por Nicolás Maduro el pasado domingo en Venezuela ha obtenido un amplio rechazo internacional, empezando por los principales países de la región. Colombia, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, México, Costa Rica y Chile han advertido que no reconocen la elección de una Asamblea Constituyente con la que Maduro pretende redactar una nueva Constitución a su medida y enterrar definitivamente a la democracia en su país. En términos idénticos se ha expresado la Organización de Estados Americanos. Perú ha convocado en Lima para el próximo 8 de agosto a casi todos los ministros de Exteriores de la región. Fuera de Latinoamérica, España, Estados Unidos, Suiza, el Parlamento Europeo y numerosas organizaciones no gubernamentales han recalcado su rechazo al montaje ideado por Maduro.

Es decir, numerosos Gobiernos, instituciones y organismos de países contrastadamente democráticos han condenado el desmantelamiento violento —desde el sábado por la noche se han producido al menos una decena de muertos, y más de un centenar desde que fueran convocados los polémicos comicios— de la legítima Asamblea Nacional venezolana elegida en diciembre de 2015. Incluso destacados simpatizantes del fallecido Hugo Chávez —artífice de la todavía vigente Constitución— consideran que Maduro ha traicionado el mandato que recibió y que ha provocado una ruptura irreparable con los 18 años precedentes de gobierno chavista en Venezuela.

Una ruptura en la que ni siquiera con las infladas cifras oficiales de participación —el Consejo Nacional Electoral (CNE) asegura que votó el 41,43% del censo mientras que la oposición rebaja ese dato hasta el 12%— se refleja que la mayoría de los venezolanos con derecho a voto decidiera participar en el proyecto de Maduro. De modo que el mandatario no goza de apoyo y credibilidad dentro ni fuera de su país.

Sin embargo, y como viene siendo habitual desde el comienzo de la crisis institucional y económica que arrasa Venezuela, esto no supone obstáculo alguno para que el gobernante chavista siga con sus planes autoritarios. Ahora Maduro amenaza con “tomar el mando” de la Fiscalía del Estado en una —otra— maniobra claramente ilegal de invasión del poder judicial por parte del Ejecutivo. En paralelo ha revelado que planea despojar de la inmunidad de la que legalmente gozan a los diputados opositores para someterlos a la justicia. Es decir: una llana y simple persecución y purga política.

No vale quedarse en lamentaciones ante el atentado a la democracia que se ha producido en Venezuela. Es necesaria una coordinada acción internacional que, sin dañar ni crear más dificultades al pueblo venezolano, haga sentir a los responsables del régimen que sus acciones no gozan de impunidad. Al contrario: van a tener importantes consecuencias personales. En este sentido, entre otras iniciativas, resultan particularmente acertadas las medidas de carácter sancionador contra las personas responsables de esta debacle. Maduro debe ser consciente de que no se saldrá con la suya.