El acuerdo con la UE como arma de negociación en manos de Turquía

Turquía no firmó el pacto migratorio con la Unión Europea a cambio de los 6.000 millones de euros en ayudas que se le prometió —ha gastado mucho más en mantener a los refugiados que viven en su territorio—. Ni a cambio de acelerar un proceso de adhesión que las dos partes saben muerto hace tiempo. Lo firmó más bien porque suponía recibir las llaves de la puerta suroriental del continente. Y quien tiene las llaves, tiene un gran poder de negociación.

Apenas habían pasado dos meses de la firma del acuerdo, cuando, en medio de la Cumbre Humanitaria que se celebró en mayo de 2016 en Estambul, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazaba ya con romperlo. Y desde entonces, cada vez que el Gobierno islamista de Turquía ha querido meter presión a Europa, se han multiplicado las voces en este sentido.

Las últimas han sido las del ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, quien esta misma semana —crisis diplomática con Holanda de por medio— hablaba de la posibilidad de “suspender” al acuerdo: “La UE ha estado haciéndonos perder el tiempo (…). Por el momento no estamos aplicando el acuerdo de readmisión y estamos evaluando el pacto”. Y también las del ministro de Interior, Süleyman Soylu, quien amenazó con enviar “15.000 refugiados al mes”.

En los pasillos de Ankara saben que la posibilidad de una nueva oleada migratoria como la ocurrida en 2015 despierta temores en las cancillerías de una Europa que se enfrenta a varias elecciones clave con el apoyo a los partidos populistas de derecha en auge. Y juegan con ello.

La académica Beril Dedeoglu, que ocupaba el puesto de ministra turca de Asuntos Europeos cuando se comenzó a diseñar el acuerdo en 2015, no cree que el Gobierno turco vaya a romperlos “de iure”. “Lo que sí puede ocurrir es que, especialmente a partir de mayo, cuando mejore el tiempo y aumenten los cruces en el mar Egeo, las autoridades se tomen la vigilancia fronteriza de manera más laxa, dejando de cumplir su parte del acuerdo en la práctica”, explica en declaraciones a EL PAÍS. Con ello obligaría a sus socios europeos a sentarse de nuevo en la mesa de negociaciones para obtener más contrapartidas.

La principal demanda a cambio del acuerdo es eliminar la necesidad de visados para los ciudadanos turcos que desean visitar la UE —una ansiada demanda de la población turca—, pero para Dedeoglu eso es algo difícil de cumplir. Primero porque Ankara no está dispuesta a reformar una serie de leyes tal y como exige Bruselas por considerarlas antidemocráticas y, segundo, porque los gobiernos europeos temen que ello les haga perder votos ante las formaciones de ultraderecha. “Pero se puede hallar una vía intermedia, como bajar los precios de los visados o facilitar su tramitación”, sostiene la experta.

Y hay una cuestión más: la política interna de Turquía. Las declaraciones grandilocuentes están destinadas a dar una “imagen de fuerza” frente a la UE y, del mismo modo que el partido gobernante holandés ganó votos gracias a la crisis con Turquía, pretenden “convencer a los votantes más nacionalistas” ante el referéndum presidencial del próximo mes de abril. “Tras el referéndum, la tensión descenderá”, cree Dedeoglu: “Turquía está enfadada con Europa, pero en Ankara saben bien que no se pueden mantener relaciones diplomáticas a gritos”.